La Junta de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, establecida formalmente en el marco del Foro Económico Mundial en enero de 2026, se presenta como una organización intergubernamental con el mandato de llevar a cabo funciones de consolidación de la paz en virtud del derecho internacional. Sin embargo, a las pocas semanas de su creación, han surgido múltiples preocupaciones sobre su probable impacto en el sistema internacional y el marco de derechos humanos, con claras implicaciones para situaciones de crisis graves en todo el mundo, incluyendo Gaza y Sudán.
En primer lugar, a pesar de que la organización se presentó inicialmente como un medio para implementar el plan de alto al fuego de Gaza, consagrado en el Consejo de Seguridad de la ONU, resolución 2803, la carta de la junta no menciona a Gaza y, en cambio, detalla un mandato que posiblemente podría socavar el derecho internacional, incluso suplantando responsabilidades cruciales de las Naciones Unidas (ONU), y al mismo tiempo potencialmente impactar su crisis de liquidez.
Ciudadanos almenos de la mitad de los países que se han unido a la junta hasta la fecha, se ven afectados por las prohibiciones de viaje a Estados Unidos impuestas por la administración Trump. La junta también parece haber sido creada con un sistema de pago por participación, sin una supervisión clara de las cuotas de membresía, nominalmente voluntarias, de la organización, en particular la cuota de 1000 millones de dólares para obtener la membresía permanente. Esto plantea la posibilidad de un posible orden mundial en el que el acceso a la justicia y la promoción, protección y cumplimiento de los derechos humanos dependan de la riqueza de una nación, su capacidad militar y, en última instancia, su prestigio ante el presidente de Estados Unidos.
Como su “presidente inaugural”, el presidente ejerce poderes más amplios que los del Secretario General de la ONU. Además de presidir la junta directiva de los Estados miembros, también tiene la facultad de seleccionar a los miembros de la junta, vetar cualquier decisión adoptada por la mayoría de los miembros, nombrar a su propio sucesor como presidente y destituir a los miembros de la junta “sujeto al veto de una mayoría de dos tercios de los Estados miembros”, todos ellos obligados a él por dicha membresía. La membresía de la junta solo se puede obtener mediante invitación del presidente y está limitada a un período de tres años, renovable únicamente por invitación del presidente. La única exención es que los Estados paguen la cuota de membresía permanente de 1000 millones de dólares estadounidenses, durante el primer año de la entrada en vigor del estatuto de la organización. Todas las enmiendas y decisiones de disolución de la organización también deben ser aprobadas por el presidente.
La Junta de Paz, prevista en la resolución 2803 del Consejo de Seguridad como una administración transitoria de Gaza «para establecer el marco y coordinar la financiación de la reurbanización de Gaza de conformidad con el Plan Integral», fue concebida como un órgano temporal, con un mandato que finaliza el 31 de diciembre de 2027 y es renovable tras la consideración del Consejo. Sin embargo, la carta de la Junta de Paz del presidente de los Estados Unidos establece que la organización puede disolverse al final de cada año impar, según lo decida el presidente. Esta réplica de los límites de mandato en la resolución 2803, plantea nuevas preguntas sobre la cuota de membresía permanente de 1000 millones de dólares, para una organización que podría ser disuelta en su segundo año.
Además, el historial de derechos humanos de varios Estados miembros actuales es deficiente. CSW (Solidaridad Cristiana Mundial) está especialmente preocupada por la inclusión en la junta directiva, del presidente de los clubes de fútbol Manchester City, Melbourne City y Mumbai City, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, en representación de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), a pesar de la amplia y creíble evidencia del continuo apoyo militar y financiero de los EAU a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en Sudán, actualmente acusadas de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La inclusión de los EAU es un ejemplo de cómo la junta podría verse comprometida por la inclusión de Estados que socavan activamente la paz internacional y el avance de los derechos humanos.
Ya hay pruebas evidentes de cómo es probable que funcione la junta.
El 3 de febrero, Estados Unidos organizó una reunión de donantes anunciada apresuradamente en Washington D. C. para recaudar fondos para Sudán. Durante la reunión, el gobierno estadounidense prometió 2000 millones de dólares a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), lo cual fue muy bien recibido. Posteriormente, el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, elogió tanto al presidente Trump como a la Junta de Paz.
Esta reunión no incluyó a representantes de las Fuerzas de Respuesta Rápida (RSF) ni de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), con las que mantiene un conflicto desde abril de 2023, lo cual no es inusual. Sin embargo, lo más preocupante es la total omisión de miembros de la sociedad civil sudanesa y de grupos prodemocráticos como Soumoud, que es liderado por el ex primer ministro del país, Abdalla Hamdok.
La falta de participación de estos grupos significa que sus opiniones no estarán representadas, lo que tendrá implicaciones para la implementación de cualquier acuerdo de paz que Estados Unidos y otros países logren negociar. Cabe destacar también que el gobierno alemán ha anunciado planes para organizar una conferencia de financiación para Sudán, basándose en las conferencias de Londres de abril de 2025 y París de abril de 2024. Quizás sería más beneficioso y eficaz coordinar estas intervenciones internacionales. Sin embargo, el presidente estadounidense parece más inclinado a centrar sus intereses y los de la Junta de Paz en cualquier negociación.
El orden internacional actual tiene sus deficiencias
Una de las principales razones para la creación de la ONU fue garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional en una era de posguerra en la que dos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, poseían imperios y un tercero era una federación transcontinental unipartidista de 15 repúblicas. Durante las décadas siguientes, el mundo fue testigo del a menudo doloroso proceso de descolonización y la disolución de la Unión Soviética, acontecimientos que redujeron el número de tres miembros permanentes en distintos grados, al tiempo que ampliaban la membresía de la ONU a medida que los Estados individuales obtenían la independencia. Sin embargo, si bien la membresía de la organización aumentó, sus estructuras no lograron adaptarse adecuadamente a la dinámica internacional alterada.
En consecuencia, como destacó el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, persistió un sistema multilateral en el que la aplicación del derecho internacional dependía de la identidad de la víctima y el perpetrador; las naciones más fuertes, y en particular las que tenían poder de veto, podían eximirse a sí mismas y a sus aliados de las normas cuando les conviniera, y las relaciones comerciales seguían siendo asimétricas.
La ONU ha necesitado desde hace tiempo una reforma significativa para garantizar una rendición de cuentas coherente, una aplicación equitativa del derecho internacional y sanciones por prácticas económicas explotadoras. Sin embargo, aceptar una organización que ha sido descrita como un “proyecto de arriba hacia abajo para afirmar el control de Trump sobre los asuntos globales”, cuyos miembros incluyen ejecutivos de empresas, y que no parece estar fundado, ni siquiera nominalmente, en los principios de justicia, no discriminación, dignidad humana inherente y equidad en los asuntos internacionales, puede no ser la mejor manera de lograrlo.
Por la Directora de Defensa de CSW Dra. Khataza Gondwe