No debemos permitir que el pueblo Rohingya pase al fondo de la agenda internacional

El 2 de diciembre de 2022, un grupo de aproximadamente 180 refugiados Rohingyas abordaron un barco en Cox’s Bazar, Bangladesh.  Su destino previsto era Malasia, donde muchos esperaban reunirse con familiares y seres queridos, o construir una vida mejor que la que tienen en los campamentos superpoblados, insalubres y cada vez más peligrosos de Bangladesh.

Ellos nunca lo lograron

En una declaración emitida el 25 de diciembre, las Naciones Unidas expresaron su preocupación de que el barco se hubiera hundido después de que desapareció en el mar de Andamán.  Los familiares de quienes estaban a bordo dijeron a The Guardian que tenían pocas esperanzas de que sus familiares todavía estuvieran vivos, y si se confirma, el número de refugiados Rohingya que han muerto en travesías marítimas a Malasia en 2022 se acercaría a 400.

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A medida que China, Eritrea, Irán y más extienden la represión más allá de sus propias fronteras, debemos hacer algo mejor

En noviembre del año pasado, Ken McCallum, Director General del Servicio de Seguridad del Reino Unido conocido como MI5, afirmó que su agencia había identificado “al menos diez” amenazas potenciales de secuestrar o incluso matar a individuos británicos o con sede en el Reino Unido percibidos como enemigos del régimen iraní. Agregó que los servicios de inteligencia iraníes “están preparados para tomar medidas temerarias” contra los opositores en Occidente, incluso atrayendo a personas a Irán.

En un momento de intensos disturbios civiles en Irán tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, de 22 años, quien fue arrestada por usar incorrectamente su hijab, los comentarios de McCallum destacaron un tema preocupante que se aplica a varios de los países en los que trabaja CSW: los regímenes represivos tienen cada vez menos miedo de llegar más allá de sus fronteras.

China

Quizás uno de los ejemplos más obvios es China, una superpotencia global que utiliza regularmente su influencia económica y geopolítica para dar forma a las decisiones en  foros internacionales como el Consejo de Derechos Humanos, y rutinariamente impone sanciones contra parlamentarios occidentales y otros que condenan abiertamente las violaciones generalizadas que tienen lugar en el país.

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La intolerancia hacia los cristianos en muchas comunidades tribales de la India no termina aun ni con en la muerte

A la familia de Janki Sori no se le dio mucho tiempo para llorar. Después de haberla enterrado en su propia tierra el 1 de noviembre, solo pasaron dos días antes de que su cuerpo fuera exhumado contra los deseos de su familia por miembros de un grupo tribal conocido como Sarv Adivasi Samaj, la razón, fue debido a su conversión al cristianismo.

Sori, que tenía 35 años cuando murió, vivía en la aldea de Antagarh, en el estado indio de Chhattisgarh, donde la mayoría de la comunidad son animistas que adoran la naturaleza y los espíritus, al tiempo que obtienen cierta influencia del hinduismo.

Los que exhumaron su cuerpo afirmaron que su aldea pertenece solo a aquellos que siguen su religión y, después de enterrar a la Sra.  Sori en una aldea diferente el 4 de noviembre, el grupo afirmó que continuarían atacando a los conversos al cristianismo de la misma manera hasta que se “reconviertan” a la religión o a su ascendencia y cultura.

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La Justicia por fin llego a la República Centroafricana, pero el trabajo del gobierno aún no ha terminado

A finales de octubre, el Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana (RCA), con respaldo internacional, emitió un veredicto en el primer juicio completo de la sala. El caso fue presentado contra tres líderes del grupo armado Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R), que fueron declarados culpables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Issa Sallet Adoum (alias Bozizé) fue condenado a cadena perpetua, y sus coacusados, Mahamat Tahir y Yaouba Ousman, recibieron 20 años de prisión cada uno.

Los tres fueron acusados de orquestar ataques contra las aldeas noroccidentales de Koundjili y Lomouna el 21 de mayo de 2019, en los quemurieron al menos 46 civiles desarmados y decenas más resultaron heridos. Se dice que los hombres atacaron a la población civil que no apoyaba a el 3R, atando y disparando a civiles antes de proceder  a someter a las  mujeres y niñas de las aldeas a violaciones masivas y  violencia sexual.

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Decepciones en la ONU, pero no debemos dejar que los desafíos oscurezcan el bien que puede lograr

A principios del mes pasado, la Asamblea General de la ONU (AGNU) votó para elegir a 14 nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos (CDH) para servir del año 2023  a  2025. Entre los candidatos se encontraban Sudán y Vietnam.  El primero fue elegido en una elección de pizarra limpia, lo que significa que el número de candidatos igualó el número de escaños disponibles, mientras que el segundo derrotó a Afganistán y la República de Corea (Corea del Sur).

La elección de ambos estados es profundamente decepcionante.

Sudán está dirigido actualmente por un líder militar que tomó el poder ilegalmente el gobierno de transición esta liderado por civiles en un golpe de Estado en  octubre de 2021, y  donde  el año pasado se caracterizó por el asesinato y la brutalidad  en contra de manifestantes pacíficos, y los intentos de revertir los limitados avances en materia de derechos humanos logrados bajo el gobierno de transición, incluso en relación con el derecho a la libertad de religión o creencias.

El Partido Comunista Vietnamita (PCV) ha liderado la parte norte de Vietnam desde 1954, y tomó el control del resto del país en 1975, tras el colapso del gobierno de Vietnam del Sur. Durante ese tiempo, el PCV ha violado repetidas ocaciones los derechos humanos, incluida la LROC y los derechos a la tierra, mientras que continuamente ataca a quienes solicitan o defienden tales derechos con acoso, detención arbitraria, encarcelamiento, violencia física e incluso tortura.

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