El 8 de octubre, miembros de la Agencia Nacional de Investigación de la India arrestaron al Padre Stan Swamy, un sacerdote Jesuita y antiguo activista de los derechos tribales en el país. Si bien el objetivo de quienes defienden los derechos humanos en la India no es nada nuevo, el caso del Padre Swamy ha llamado especialmente la atención internacional porque, a sus 83 años de edad, es uno de los defensores de derechos humanos más antiguos del país.
“La persona más vieja acusada de terrorismo en la India”
El Padre Swamy ha estado trabajando con “Adivasis”(grupos étnicos registrados) de la India durante más de tres décadas. Incluso en su vejez, y a pesar de sufrir de numerosos problemas de salud, ha seguido abogando por este grupo hasta la actualidad. En un video publicado pocos días antes de su arresto, el Padre Swamy dijo que había presentado un caso en el Tribunal Superior de Jharkhand en nombre de 3.000 jóvenes “Adivasis” que habían sido encarcelados.
Fue arrestado en el centro social Bagaicha, propiedad de los Jesuitas, en Ranchi, la capital del Estado de Jharkhand, y posteriormente fue informado de que sería encarcelado en Taloja, cerca de Mumbai, hasta el 23 de octubre.
La Agencia Nacional de Investigación de la India ha alegado que el Padre Swamy tiene vínculos con grupos maoístas de extrema izquierda en la región, acusándolo bajo la Ley (de Prevención) de Actividades Ilegales. Según la BBC, “ahora es la persona más longeva en ser acusado de terrorismo en la India”.
El arresto del sacerdote ha provocado protestas internacionales, así como de organizaciones de derechos humanos y defensores de derechos humanos alrededor de toda la India. Existe una petición de Change.org que pide la retirada de los cargos contra el Padre Swamy que también ha ganado más de 57.000 firmas hasta el momento.
No hay espacio para la sociedad civil
El caso del Padre Swamy muestra que cualquiera que hable sobre cualquier problema de derechos humanos, debe ahora lidiar con las autoridades indias, y que cada vez se requiere mayores esfuerzos para cerrar el espacio que existe para la sociedad civil y las libertades fundamentales.
Esto incluye a los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan por la Libertad de Religión o de Creencia (LdRC). Los defensores de derechos humanos hindúes, musulmanes, cristianos y ateos están siendo constantemente detenidos y encarcelados; la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Maria Arena, ha afirmado recientemente: “Los periodistas y otros críticos pacíficos siguen siendo detenidos de forma draconiana bajo cargos contra el terrorismo y de sedición, mientras que los defensores de los derechos humanos son atacados incesante y severamente por las autoridades”.
Este es un indicador particularmente alto de que la Sociedad Civil tiene un espacio de opinión cada vez más reducido, el mes pasado la organización de derechos humanos Amnistía Internacional se vio obligada a detener sus operaciones en el país debido a “represalias” del gobierno, acusando al gobierno de realizar una “cacería de brujas” contra organizaciones de derechos humanos.
El hecho de que el Gobierno indio haya podido tener este efecto en una organización tan reconocida internacionalmente como Amnistía es devastadora. Señala un panorama aún más preocupante para las organizaciones internacionales de derechos humanos menos conocidas, y de quienes las representan como la del Padre Swamy y muchos otros.
Parte integral es la búsqueda de un Estado hindú “Rashtra”
No es casualidad que este ataque a quienes defienden los derechos humanos llegue en un momento en que su trabajo es cada vez más necesario en el país.
Bajo la dirección del Primer Ministro Narendra Modi, el Bharatiya Janata Party, el partido gobernante en la India se ha visto un grave deterioro en la situación de los derechos humanos en general, y de la Libertad de Religión o de Creencia en particular.
En el periodo de Modi, el Bharatiya Janata ha extendido su búsqueda de un Estado hindú “Rashtra”, en el que la única manera de ser indio es practicar la religión hindú, y donde las minorías religiosas se enfrentan a una amplia discriminación y violaciones a sus derechos humanos. La derogación de los artículos que otorgan cierto grado de autonomía a la región de Jammu y Cachemira en agosto de 2019 y la introducción de la Ley de Ciudadanía de 2019 en enero de 2020, que excluye controversialmente a los musulmanes, son sólo dos ejemplos de políticas del Bharatiya Janata que han servido para alienar a las minorías religiosas y avivar a los nacionalistas hindúes de extrema derecha.
A medida que el Bharatiya Janata continúa persiguiendo esa visión de la India, no es sorprendente que aquellos que históricamente han desafiado al gobierno y defendido a los vulnerables estén siendo blanco de ataques. La comunidad internacional debe hacer mucho más para que el Gobierno indio tenga en cuenta sus políticas represivas y sus graves violaciones de los derechos humanos, incluso pidiendo la liberación inmediata e incondicional del Padre Swamy y de todos aquellos que han sido encarcelados por defender los derechos de los oprimidos.
Por Ellis Heasley, Oficial de Asuntos Públicos de CSW
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