Durante los últimos 11 años de liderazgo del presidente Nicolás Maduro, los líderes religiosos venezolanos han practicado cada vez más una forma de autocensura en sus predicaciones o discursos sobre temas como la justicia social, la paz, la pobreza, o cualquier tema que pueda ser percibido negativamente por la dictadura. Aunque puede parecer que se han impuesto esta censura a sí mismos, proviene de un temor muy real al haber presenciado la crueldad que el presidente Maduro ha desatado contra aquellos que él y su régimen identifican como enemigos políticos.
Las elecciones se celebrarán el domingo 28 de julio. En el período previo, el régimen de Maduro se ha dedicado a atacar a la oposición y a crear un ambiente de terror con advertencias de un “baño de sangre” y “guerra civil” si Maduro no gana un tercer mandato de seis años. Se ha insinuado fuertemente que podría negarse a reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia, el candidato más popular según varias encuestas.
En respuesta a las amenazas de Maduro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que “este tipo de discurso por parte de la máxima autoridad del Estado y las fuerzas de seguridad tiene el efecto de intimidar y coartar la libertad política del electorado… Estas acciones afectan las instituciones democráticas y las libertades de asociación, reunión y expresión, ya que desalientan la participación política de las personas opositoras, de su electorado y de la ciudadanía en general.”
Incluso mientras Maduro trabaja para infundir miedo en sus enemigos, simultáneamente intenta manipular a los pastores, alentándolos a participar en proselitismo político de apoyo a cambio de beneficios económicos. La población cristiana protestante representa el 30,9% de la población total de Venezuela, y Maduro no ha dudado en crear y promover programas para asegurar su voto. Según la encuestadora ORC Consultores, el 34% del voto protestante es actualmente probable que vaya para Maduro y otro 20% a González. Si bien, según los analistas, el voto protestante no suma números significativos al total general, sería suficiente para mantener a Maduro en el poder y este nivel de apoyo también serviría para reforzar la afirmación del régimen de que garantiza la libertad de religión o creencias (FoRB) y otros derechos.
Sin embargo, si Maduro pierde, se pondrá fin a 25 años de la Revolución Bolivariana iniciada por Hugo Chávez. Este cambio beneficiaría enormemente al sector religioso, que ha bajado la voz, ya sea por no denunciar los abusos del régimen debido al temor a represalias o por no haber tenido más remedio que aceptar el apoyo financiero del gobierno para mantener vivas sus congregaciones. “A pesar de los beneficios, los pastores evangélicos temen por sus vidas o las de sus feligreses y se abstienen de predicar lo que dice la Biblia por temor a que el régimen los ataque a través de sus organizaciones criminales. Sus corazones no están con Maduro, pero apoyan su movimiento revolucionario por el miedo que experimentan”, dijo un pastor a CSW, solicitando anonimato.
Estos pastores son asistidos por el “Bono El Buen Pastor”, un programa lanzado en junio de 2023, y el plan “Mi Iglesia Bien Equipada”, por el cual el gobierno proporciona equipos y fondos únicamente a los pastores protestantes y sus iglesias, discriminando a otros grupos religiosos. En mayo de este año, Maduro anunció la inclusión de 20,000 nuevos pastores que recibirían mensualmente 495 bolívares, equivalentes a 14 dólares estadounidenses, una cantidad no insignificante en áreas extremadamente empobrecidas.
El 15 de junio, Maduro declaró un “Día de Arrepentimiento en Cristo y Día de la Esperanza” que incluyó una ceremonia pública pidiendo a Dios que perdonara el pecado de la nación. Solo unos días después, Gricelia Josefina Solórzano Malpica, pastora de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera “El Aposento Alto” en San Fernando de Apure, fue acusada de malversación genérica, apropiación indebida de fondos públicos, peculado doloso, apropiación o distracción de bienes, y conspiración para delinquir. El caso de la pastora Solórzano fue enviado al Tribunal de Terrorismo en Caracas, y luego fue detenida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), conocida por numerosos casos de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Su arresto fue político. El coronel Ramón Alonso Carrizalez Rengifo acusó a la líder religiosa de ser una de las responsables de perder las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) cuando ella era la administradora del Consejo Legislativo del estado de Apure (CLEA), cargo que ocupó desde 2008 hasta 2013. Las órdenes de arresto provinieron de Diosdado Cabello, la segunda persona más poderosa de la Revolución Bolivariana y amigo cercano del coronel Carrizalez.
“Este tipo de casos quedarían en la impunidad si Maduro perpetúa su Revolución Bolivariana en el poder”, dijo a CSW un pastor radicado en Apure.
El estado de derecho y el derecho a un juicio justo ya no existen en Venezuela. En una muestra de 183 casos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, el Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encontró que solo se llevaron a cabo 12 juicios. En el 52,5% de estos casos, el Estado no inició ningún proceso judicial. Esto ha establecido una cultura de impunidad que conduce a un mayor temor y reticencia a denunciar delitos a los mecanismos locales de justicia. Los líderes religiosos que son amenazados e intimidados prefieren guardar silencio o, en casos extremos, emigrar.
Pastores protestantes consultados por CSW coincidieron en que incluso el número significativo de líderes religiosos que se han beneficiado de las prebendas y programas de Maduro viven con miedo, ya que están bajo vigilancia constante y podrían ser atacados, arrestados o perder ciertos derechos en cualquier momento. Un pastor de Zulia señaló como un ejemplo, el caso de cuatro emisoras de radio locales cerradas en octubre de 2022 por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sin ninguna explicación ni previo aviso. Los líderes religiosos que dicen algo equivocado, según la interpretación del gobierno y sus secuaces, podrían ser tratados como traidores y atacados por algunos de los grupos armados ilegales apoyados por el régimen. Esto desalienta fuertemente a los pastores a predicar o hablar, incluso en reuniones informales, sobre temas que podrían ser sensibles para el gobierno.
En otro ejemplo, un pastor de San Cristóbal, Táchira, dijo a CSW: “Después de la reunión en abril de este año [2024], un hombre, vestido de civil, que estaba compartiendo con nosotros, me dijo que tuviera cuidado con lo que decía sobre el gobierno porque la Biblia siempre respaldó a Chávez y ahora estaba con Maduro, y que podría ser denunciado por usar mal mi libertad de predicar para causar desorden y desestabilidad.”
Sin embargo, es importante señalar que no todo el sector protestante ha cedido a esta presión. El Consejo Evangélico de Venezuela (CEV), que representa alrededor del 40% de las denominaciones evangélicas, ha aclarado que no está vinculado a ningún programa gubernamental. José Piñeros, vicepresidente del CEV, enfatizó en una transmisión en YouTube que “no es el rol de los ministros cristianos hacer halagos desmedidos o adulaciones indebidas a quienes ostentan el poder… Más bien deberían preocuparse por defender otros derechos como la libertad religiosa.”
Esta postura ha resultado en tratos discriminatorios y ataques directos a miembros de su cuerpo directivo. Tal es el caso del pastor Nelson Sevilla, quien ha solicitado la restitución del lugar de culto del cual fue despojado en 2012. Sus peticiones han sido recibidas con silencio por parte de los organismos estatales.
Como parte de este enfoque de zanahoria y palo hacia el sector religioso, Maduro también ha estado trabajando para suavizar su relación con la Iglesia Católica, al menos a nivel local, tratando de ganarse el favor de los párrocos. Después de promover campañas de difamación, la no renovación de permisos de residencia para el personal religioso extranjero, y promover la oración de “Nuestro Chávez”, reemplazando el “Padre Nuestro” de la Biblia, en los primeros años de su liderazgo, lanzó más recientemente programas como la “Misión Venezuela Bella”, a través de la cual, hasta febrero de 2024, se han remodelado unas 29,650 iglesias católicas y protestantes.
Un líder laico católico en el estado de Barinas dijo que “también hay sacerdotes que han cedido a los regalos del régimen. En medio de un contexto de miseria y necesidad, ven una salida económica para ayudar a la congregación, a cambio de dar crédito a Maduro [por los beneficios].”
Un sacerdote de la misma región dijo que “desde Chávez, el estado ha querido presentarse como el dios proveedor y padre de todos, a cambio de lealtad al régimen. Contrario al Dios de la Biblia, este dios de barro [Maduro] tortura y asesina a aquellos que no lo siguen.”
Pastores consultados por CSW expresaron su grave preocupación ante un escenario en el que Maduro se niegue a reconocer la victoria de González. Muchos temen que esto podría desencadenar una posible ola de emigración de pastores y líderes eclesiásticos, dejando a las congregaciones huérfanas. Un pastor manifestó su temor a un aumento de la autocensura. Esto, dijo, resultaría en una iglesia muda que no ejerce su derecho a predicar libremente lo que dice la Biblia. “Los pastores tienen miedo de predicar el Evangelio que habla contra el pecado de la tiranía, contra aquellos que reciben beneficios de los malvados, de los que derraman sangre inocente. Hay temor de decir lo que la Biblia dice sobre aquellos que hacen pactos con las tinieblas, que crean dioses extraños como el culto a Chávez, que manipulan a los pobres y toman el nombre de Dios en vano en actos públicos utilizados para engañar a los más débiles”.
Por su parte, el 11 de julio, la Conferencia Episcopal Venezolana hizo un llamado a la población a votar, incluso en medio de una “parcialidad política” por parte de las organizaciones que deberían estar al servicio del pueblo, y ante la “grave crisis que golpea al país”.
“El voto”, dijeron, “asume una importancia vital en la realidad actual que vivimos; solo superando el abstencionismo y la apatía política podremos avanzar en la reconstrucción del país”.
Por el equipo de Venezuela de CSW