En Cuba aún el COVID-19 no podía parar las violaciones graves de la libertad de religión o creencia

En 2020 la pandemia de COVID-19 hacía que la mayoría de los países del mundo se suspendiera al menos algunas actividades religiosas comunales. Cuba no fue una excepción. Para varios meses, grupos religiosos no podía reunir en espacios públicos o en los casa-cultos, y el movimiento de protesta Damas de Blanco suspendió sus marchas semanales después de la Misa Dominical.

Estas restricciones sobre algunos aspectos del derecho a la libertad de religión o creencia (LdRC) son permitidas bajo el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), siempre que sean “prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.” Sin embargo, lo que es particularmente preocupante en el caso de Cuba es que, todavía con las limitaciones severas en las actividades permitidas de grupos religiosos, las autoridades continuaban con violaciones rutinarias y sistémicas de LdRC dirigidas a tales grupos.

La situación continua crítica, y detectamos nuevas formas de hostigamiento sin precedentes

Elúltimo informe de CSW sobre la situación de LdRC en la isla halla que “a pesar del malestar social y la crisis económica durante una pandemia global sin precedente, el gobierno continúa atacando a los miembros del sector religioso y abusando los derechos humanos.”

En general, ejemplos de violaciones documentadas en 2020 son de acuerdo con los años previos: los líderes y adeptos religiosos, al igual que los que trabajan para defender LdRC, hacen frente a las amenazas regulares, el acoso, la intimidación, e incluso la detención arbitraria. Las propiedades de la iglesia están sujetas al vandalismo, las amenazas de cierre forzado y la demolición.

En un caso particularmente atroz el 30 octubre, las autoridades incumplieron en meses de negociaciones y demolieron una iglesia de las Asambleas de Dios en el distrito Abel Santamaría en Santiago de Cuba. La iglesia ha estado bajo amenaza desde 2015, y posteriormente las autoridades intentaban resionar al pastor de la iglesia, Faustino (Fausto) Palomo Cabrera, a firmar un acuerdo que decía que la demolición era legal.

La demolición de la iglesia de Abel Santamaría. Crédito: Adis Galán Leyva/Facebook

Una herramienta de represión nueva

Otra cuestión preocupante es que la pandemia no fue un impedimento parar la represión severa de LdRC del Partido Comunista de Cuba (PCC), sino que en algunos casos produjo otra herramienta que el gobierno podía explotar para legitimar sus acciones.

En una instancia, las autoridades detuvieron a un líder de una iglesia después de que su congregación celebró un servicio religioso en cumplimiento con las reglas para los servicios religiosos establecidas por el gobierno. El gobierno falsamente alegó que la reunión había excedido el número de personas permitidas en un servicio religioso, y posteriormente el pastor fue llevado a una prisión de máxima seguridad donde estuvo retenido porcinco días.

Los oficiales de seguridad del estado acusaban el líder de la iglesia de la ‘propagación de la epidemia’ y le amenazaron con una pena de cárcel de ocho años por pastorear una iglesia ‘ilegal.’ El pastor se negó a declararse culpable y fue juzgado el quinto día de su detención, y en ese momento un juez ordenó su liberación, pero emitió una multa arbitraria de 2,000 pesos cubanos (aproximadamente 75 USD.)

El gobierno también tomó medidas contra las iglesias que intentaran ayudar a la población. . Varias iglesias habían dedicado ministerios para la distribución de la comida y otras necesidades escasas entre sus comunidades, especialmente a adultos mayores en el grupo de alto riesgo por el COVID-19. La iniciativa se fue enfrentado con oposición intensa del gobierno; tenemos informes de suministros de alimentos confiscados y de los oficiales de aduanas bloqueando la ayuda humanitaria enviada de grupos religiosos extranjeros para distribución a través de grupos cristianos  en la isla.

No se puede prever el fin

Es claro que la pandemia de COVID-19 no ha proporcionado un respiro para los grupos religiosos por todo Cuba quienes han sufrido por mucho tiempo a manos del gobierno el cual trata de imponer la fidelidad total al estado y sus ideales. En lugar de eso el coronavirus ha exasperado una situación ya inestable en la isla. Por un lado, hay ciudadanos ordinarios sufriendo de la escasez crónica de la comida, la medicina y los suministros de higiene, y por la otra sufren de violaciones graves de derechos humanos.

El informe nuevo muestra el compromiso serio del CCP en mantener sus políticas represivas de derechos humanos, y no hay razón de creer que el fin potencial de la crisis del coronavirus traerá ningunas mejoras significantes en las vidas de los ciudadanos cubanos. Por lo tanto, la comunidad internacional debe tomar acción rápida para abordar la situación en Cuba, manteniendo un escrutinio intenso sobre la situación de derechos humanos en Cuba, y planteando casos y asuntos de preocupación sobre el gobierno de Cuba en cada oportunidad.

Por el oficial de asuntos públicos de CSW, Ellis Heasley

Haz clic aquí para leer el informe de CSW sobre la libertad de religión o creencia en Cuba (sólo disponible en inglés).

“Libertad, sueño con libertad”

Yusleysi Gil Mauricio es graduada de Estudios Socio Culturales. Convirtió a Cristo en 2010. Desde entonces ha sido apasionada por el ministerio con los niños, y trabajaba como pastora de niños duranta una época.

Es la esposa de Ricardo Fernández Izaguirre, periodista y defensor del derecho a la libertad de religión en Cuba. Juntos tienen dos hijos de, la mayor tiene 2 años y él bebe tiene 4 meses. CSW platicó con Yusleysi para escuchar su testimonio y destacar su experiencia.

“He tenido una fe comprometida y ferviente desde que me convertí a Cristo en 2010. El 12 de diciembre del 2012 fui por primera vez a la Iglesia Ministerio Apostólico Internacional Fuego y Dinámica (MAIFD) de Camagüey donde trabajaba como pastora de niños. La Iglesia no está registrada por el gobierno y comenzaron las persecuciones. Desde el principio tuve una preciosa experiencia con Dios y nunca más me alejé de él, pero al ser miembro de una iglesia no registrada me costó mucho trabajo vencer el miedo porque [todos las que conocía] hablaban muy mal de lo que sucedía dentro de la iglesia.  Sólo después que pude comprobar por mí propia experiencia, que no hacíamos nada ilegal, fue que dejé el sigilo.

Otro problema fue explicárselo a mi familia que no entendía y no tenía la intención de comprobar de primera mano que todos los rumores son falsos. Muchos de nuestros familiares se alejaron de nosotros. Después de la última demolición que el gobierno hizo, la casa de oración que teníamos tuvo que cerrar porque agentes de la policía política intimidaron a todos los miembros.

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“Ser diferente es un delito”: La historia de una mujer musulmana en Cuba

En el Día Internacional de la Mujer, CSW comparte el primero de una serie de testimonios de mujeres en Cuba que han sido victimizadas debido a su religión o creencia. Hoy, hablamos con una mujer musulmana en ese país, cuyo nombre ha sido cambiado por razones de seguridad.

Soy graduada de universidad de nivel medio de artes plásticas desde 1990.

Todo estaba bien hasta que abracé el islam a la edad de 24 años, en Septiembre del 2004. En ese momento yo estaba trabajando haciendo dibujos en el aeropuerto.  Cuando me hice musulmana enseguida me expulsaron alegando motivos de seguridad.

Atacada en casa

Más tarde, en 2007, comenzaron a visitarnos los estudiantes pakistaníes que venían desde Santa Clara y otras provincias.[1] A veces pasaban días en casa, y durante todo ese tiempo nuestra casa era vigilada. A veces ponían personas vestidas de civil casi en la puerta, o llegaban grupos de la campaña anti vectores[2] o inspectores de la compañía eléctrica en días y horarios que sabemos no se usan para revisar ningún depósito de agua.

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Cultura de impunidad en México Parte 1: Mediación en lugar de justicia

Si bien el tráfico de drogas en México está lejos de desaparecer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó recientemente que “ya no hay guerra”. Tiene una nueva estrategia. El presidente dice que ya no están tratando de arrestar a los narcotraficantes, sino que quieren analizar las causas de la violencia.

“No hemos detenido a los jefes [de las bandas criminales] porque esa no es nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública … Lo importante para mí es bajar el número de homicidios, robos, que no haya secuestros. ¡Esto es lo esencial! No es algo extraordinario, porque perdimos mucho tiempo en esto y no resolvió nada ”.

Para lograr esto, AMLO parece estar buscando grupos religiosos.

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Seguir los mandatos bíblicos acarrea un alto precio para los líderes religiosos en México

Un líder religioso y su colega son secuestrados de un refugio para inmigrantes; no se los ha vuelto a ver ni se ha sabido de ellos desde entonces. Otro es agredido, extorsionado y amenazado a punta de pistola. Ambos brindaron protección a inmigrantes y solicitantes de asilo que se encontraban atrapados en la frontera. En el mismo país, los líderes religiosos advierten que las amenazas y los ataques contra ellos constituyen uno de los problemas más graves que enfrentan las iglesias en la actualidad. Irónicamente, todo esto está ocurriendo en lo que se considera uno de los países más religiosos del mundo, México.

El deterioro de la situación para los inmigrantes y solicitantes de asilo que pasan por México se ha visto exacerbado por la implementación del Protocolo de Protección al Migrante (MPP) de los Estados Unidos, también conocido como “Permanecer en México” a principios de 2019. [1] La política ha dificultado cada vez más que los inmigrantes ganen casos de asilo en los EE.UU., sólo el 0.1% de los casos han tenido éxito y muchos han buscado asilo en refugios para inmigrantes administrados por la iglesia en todo México mientras esperan, especialmente en la frontera norte. El 28 de febrero de 2020, un tribunal de apelaciones federal de EE.UU. dictaminó que la política de “Permanecer en México” era ilegal.

Si bien muchos líderes protestantes y católicos han respondido a los crecientes niveles de necesidad en una manifestación de su fe siguiendo los mandatos de ayudar a los pobres, [2] albergar a los desamparados [3] y amar al extranjero [4], su trabajo los deja cada vez más expuestos a amenazas y ataques de grupos delictivos organizados que se aprovechan de la población migrante vulnerable.

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