El 25 de septiembre los cubanos acudirán a las urnas para votar en referéndum popular un nuevo Código de las Familias que, de ser aprobado, se convertirá en ley. La cobertura de los medios, dentro y fuera de Cuba, incluso en la prensa británica y estadounidense, ha presentado el referéndum como una votación sobre el matrimonio homosexual. La verdad es que la propuesta del Código de las Familias tiene más de 100 páginas; pero solo un puñado de los 474 artículos son relevantes para los derechos LGBTQ+.
Presentarlo como un referéndum sobre los derechos de los homosexuales no solo es incorrecto sino también peligroso; permite al gobierno cubano oscurecer algunos de los aspectos altamente problemáticos del Código, que tienen el potencial de violar los derechos fundamentales de todos los cubanos y daría a las autoridades otra forma, muy efectiva, de silenciar las voces independientes o críticas.
Lo más preocupante es el artículo 191 que permitiría la separación de los hijos si sus padres no cumplen con las responsabilidades detalladas en el artículo 138 del nuevo código, que incluyen los deberes de inculcar en sus hijos el amor a la patria, el respeto a sus símbolos y el respeto a las autoridades (artículo 138 (ñ)).
Dicho lenguaje sería problemático en cualquier país, pero en Cuba, donde cientos de presos políticos cumplen largas condenas por cargos que incluyen “desacato”, constituye una verdadera amenaza. Este es un país donde durante décadas, el gobierno ha etiquetado de contrarrevolucionarios a cualquiera que no considera que apoya suficientemente al régimen, incluidos líderes religiosos, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, bibliotecarios y activistas independientes de la comunidad LGBTQ+.
Durante el año pasado, y desde las protestas espontáneas que recorrieron la isla el 11 de julio de 2021, en las que cubanos de todas las edades, razas y géneros salieron a la calle para exigir un cambio, el gobierno – bajo el liderazgo del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Partido Comunista de Cuba – ha dejado claro que no hay apertura por parte del Estado, para permitir ningún cambio que debilite el poder del gobierno sobre casi todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos.
Cientos de presos políticos, entre ellos el pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo y los líderes religiosos Afro-Cubanos Yoruba Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, continúan languideciendo en prisión. Sacerdotes católicos romanos han sido amenazados y expulsados del país. Decenas de miles de cubanos, incluidos defensores de los derechos humanos y líderes religiosos, a quienes los agentes de inteligencia interna de Cuba les dieron un ultimátum para que abandonaran el país o fueran a prisión, han huido de la isla para buscar asilo en el extranjero en la mayor ola de emigración ocurrida en décadas.
Este 25 de septiembre, el Partido Comunista de Cuba estará pidiendo a los padres y tutores de niños cubanos que respalden su capacidad para juzgar si son o no padres aptos, con base en criterios que incluyen sus creencias políticas reales o percibidas, y retirar a sus hijos a aquellos padres o tutores si el gobierno considera que no son suficientemente leales al sistema.
Para algunos esto representa la verdadera amenaza
La supresión de la patria potestad no es un concepto jurídico abstracto para la pastora Mily Marín Marrero, líder religiosa y defensora de la libertad de religión o creencias (LdRC), quien en marzo de 2021 recibió una llamada de un agente de la Seguridad del Estado, para advertirle de las consecuencias si su esposo regresara a Cuba (en ese momento él estaba de viaje en el extranjero). En las amenazas el agente describía un ataque con machete que podría resultar en la muerte de ella y su esposo; además agregó que “lo bueno de sus muertes sería que luego, el Estado se llevaría a sus hijos y los convertiría en verdaderos Revolucionarios”. Su marido, de acuerdo con Mily, ya no regresó a Cuba.
Un año después, en la mañana del 26 de marzo de 2022, dos agentes de la Seguridad del Estado, un hombre y una mujer, llegaron al domicilio de Mily. Le informaron a Mily que, debido a que continuaba reuniéndose con un grupo de mujeres para enseñarles la Biblia, sería llevada a juicio para enfrentar cargos criminales. Los dos agentes le mostraron documentos que indicaban que había una causa penal activa en su contra y la amenazaron con quitarle a sus tres hijos y colocarlos en casas de acogida donde “el gobierno se encargaría de educarlos y a ella nunca se le permitiría” volver a verlos”. Poco tiempo después, Mily huyó de Cuba junto con sus hijos.
Las amenazas contenidas en el nuevo Código de las Familias también son muy reales para los pastores Juan y Yulia (cuyos nombres han sido cambiados por su seguridad) quienes lideran una iglesia independiente que el gobierno se ha negado a registrar y considera ilegal. La pareja recibió una visita a su casa en abril de este año de una mujer que se identificó como la consejera de la escuela primaria a la que asiste su hijo pequeño. Cuestionó la decisión de su hijo de optar por no participar, como es su derecho constitucional, en organizaciones juveniles procubanas del Partido Comunista y advirtió que su liderazgo de una ‘iglesia ilegal’ y el hecho de que estaban “educando a sus hijos para que se rebelarán contra la Revolución Cubana” constituyó causal para la remoción de sus hijos para “salvarlos de terminar como individuos antisociales”.
Unas semanas después, el pastor Juan recibió una citación para presentarse en la escuela secundaria a la que asistía su hijo mayor. Obedeció la convocatoria y nuevamente recibió amenazas y preguntas similares sobre la falta de participación de su hijo en organizaciones políticas juveniles supuestamente voluntarias. Esta vez le advirtieron que no solo el Estado les quitaría la custodia a sus hijos, sino que los enviaría a una escuela correccional para delincuentes juveniles.
El pastor respondió que “…si la Seguridad del Estado quisiera cerrar su iglesia, que lo llevaran a él directo a la cárcel en lugar de amenazar a sus hijos”. En respuesta, las autoridades lo obligaron a firmar un documento legal aceptando la responsabilidad por las acciones de su hijo en la escuela, que podría usarse para justificar acciones futuras del gobierno contra la familia, incluida la eliminación de la patria potestad.
Un mes después, en mayo, agentes de la Seguridad del Estado visitaron sin previo aviso la casa de este matrimonio de pastores para informarle a la pareja que los casos de sus dos hijos ya habían sido enviados al Departamento de Menores del Ministerio del Interior y advirtieron que los niños serían llevados a dos escuelas correccionales separadas, donde permanecerán presos hasta la mayoría de edad, por la decisión de sus padres de continuar dirigiendo una iglesia “ilegal”. El Estado le dio a la pareja hasta finales de septiembre para cerrar su iglesia, bajo la advertencia de que, si no lo hacen, el gobierno les quitará a sus hijos.
Llegando al corazón de cada familia cubana
Con la fecha del referéndum a la vuelta de la esquina, las autoridades exhortan a cubanos como los pastores Juan y Yulia a votar a favor de un nuevo Código de las Familias que debilitaría sus derechos como padres y reforzaría la capacidad del gobierno para llevar a cabo sus amenazas para llevarse a sus hijos. En las últimas semanas, varios líderes religiosos han informado de que la Seguridad del Estado los ha presionado intensamente para que se pronuncien públicamente a favor del voto por el “sí” y han amenazado con consecuencias negativas, incluida, irónicamente, la pérdida de la patria potestad si no lo hacen.
El referéndum del 25 de septiembre no es un referéndum sobre el matrimonio homosexual, ni es un referéndum sobre los derechos de los niños. Va mucho más allá, permitiendo que el Partido Comunista de Cuba meta sus garras en el corazón de cada familia cubana.
Dado que Cuba ha estado bajo el gobierno de un solo partido durante más de medio siglo y que las autoridades están llevando a cabo actualmente una de las medidas más severas en décadas, contra artistas, escritores, activistas, defensores de los derechos humanos y líderes religiosos cumpliendo largas condenas de prisión debido a su participación en protestas pacíficas que piden cambios, es comprensible que muchos cubanos, religiosos y no, tengan razones para votar ‘no’ en el referéndum del 25 de septiembre sobre el nuevo Código de las Familias. Y no deben ser criticados por hacerlo.
Escrito por Anna Lee Stangl, jefe de Advocacy y líder del equipo de CSW para las Américas.
FoRB in Full 