Damián y su familia viven en las afueras del centro de Ayutla de los Libres en el Sureste de México. En mayo de 2022, ellos y otras dos familias tuvieron que adquirir un terreno en esta zona después de haber sido expulsados de su comunidad por pertenecer a una minoría religiosa.
El 25 de marzo de 2021, Damián, entonces de 38 años, fue citado ante la asamblea comunitaria de Ahucachahue en el municipio de Ayutla de los Libres, ubicado en la región de la Costa Chica de Guerrero. La gente de Ahucachahue pertenece a la comunidad mixteca y la mayoría practica el catolicismo romano. En la reunión, los líderes comunitarios le informaron que había sido designado para encabezar las fiestas en honor a San Isidro Labrador, su santo patrón. Damián sería responsable de la contratación de grupos musicales y proveedores de alcohol y alimentos, además de las tareas administrativas que acompañan los rituales propios del santo católico romano.
Sin embargo, Damián se había convertido al cristianismo protestante-evangélico cuatro años antes, en 2017, como muchos otros, por lo que Rechazó el puesto.
Por ello, las autoridades locales condenaron a Damián a dos años de “reeducación”. Le ordenaron que durante este tiempo realizaría trabajos a favor de la comunidad sin remuneración. Se esperaba que todas las noches regresara a una habitación pequeña, sin muebles ni aire acondicionado, a pesar de temperaturas promedio de 40°C. Si intentara escapar, un pariente cercano, como su padre o su hermano, se verían obligados a ocupar su lugar.
La historia de Damián es demasiado común en muchas comunidades indígenas de todo México. Estas comunidades se rigen bajo un sistema conocido como usos y costumbres, lo que les permite mantener formas tradicionales de gobernar e implementar procedimientos propios para controlar la vida diaria de los miembros de la comunidad. Sin embargo, los usos y costumbres están claramente limitados por el artículo 2 de la Constitución mexicana, que exige que tales procedimientos deben respetar ” Derechos Humanos y, sobre todo, la dignidad y seguridad de las mujeres”. Lamentablemente, estos límites no se respetan ni se aplican en la práctica.
En el caso de Damián, los líderes comunitarios le asignaron el cargo sabiendo que él lo rechazaría. Parece que la situación fue fabricada enteramente para hacerle la vida difícil a él, a su familia y a otras más que se habían apartado de la religión mayoritaria.
Cuando los familiares de Damián conocieron su situación, presentaron un amparo ante la Fiscalía del Estado de Guerrero el 5 de abril de 2021. Esto calmó la situación por el momento, frenando temporalmente los esfuerzos de los líderes comunitarios. para detenerlo a él y a otros miembros de la comunidad en su prisión improvisada.
Después de esto lamentablemente, seis familias de minorías religiosas fueron amenazadas con la expulsión de la comunidad. Tres fueron obligados a firmar un acuerdo ilegal, afirmando su regreso a la fe mayoritaria. Quienes se negaron a firmar se enfrentaron a continuas amenazas y acoso. En septiembre de 2021, el padre de Damián fue despertado por el sonido de disparos afuera de su casa. En ese momento, temiendo por su seguridad, las tres familias restantes decidieron huir.
El desplazamiento forzado de las familias no marcó el fin de los problemas en Ahucachahue. Hoy en día, las reuniones protestantes-evangélicas están prohibidas y todos los miembros de la comunidad se ven obligados a participar en las actividades de la religión mayoritaria.
Para complicar aún más la situación, el 27 de junio de 2022 se publicó un decreto que establece oficialmente a “Ñu Sabi”, como un nuevo municipio compuesto por 37 comunidades, incluida Ahucachahue. Los líderes indígenas mixtecos y tlapanecos han pedido la implementación de un sistema de usos y costumbres aún más restrictivo que seguramente consentirá mayores restricciones a la libertad de religión o creencias en “Ñu Sabi”. El objetivo parece ser que todas las minorías religiosas existentes en estas comunidades se vean obligadas a convertirse a la religión mayoritaria, unificando la nueva región, o sean expulsadas de sus comunidades.
Un factor adicional en la región a considerar donde el cultivo de opiáceos y marihuana se ha extendido, es la aparición de guardias comunitarios. Estos grupos fueron creados para defender los intereses de las comunidades frente a la violencia de los grupos criminales organizados involucrados en el narcotráfico. Sin embargo, en muchos casos, estos grupos se han convertido en el brazo armado de los líderes comunitarios, haciendo cumplir órdenes a menudo arbitrarias e ilegales. Para personas como Damián, estos grupos hacen que sea mucho más peligroso desafiar las decisiones injustas que se les imponen.
En Guerrero se ha arraigado una cultura de impunidad en torno a las violaciones de la libertad de creencias, dejando a quienes pertenecen tanto a una comunidad indígena como a una minoría religiosa en un estado de extrema vulnerabilidad. A causa de su fe, a Damián y a muchos otros como él se les niega el derecho a vivir en el lugar donde nacieron y en el hogar de sus antepasados. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y los funcionarios de la administración pública estatal deben hacer de la FoRB una prioridad y tomar medidas rápidas y concretas, de acuerdo con las protecciones de la Constitución Mexicana, para garantizar que se respeten los derechos humanos fundamentales de todos.
Por Pablo Vargas, Director – México, para CSW/Impulso18 AC