Cultura de impunidad en México Parte 1: Mediación en lugar de justicia

Si bien el tráfico de drogas en México está lejos de desaparecer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó recientemente que “ya no hay guerra”. Tiene una nueva estrategia. El presidente dice que ya no están tratando de arrestar a los narcotraficantes, sino que quieren analizar las causas de la violencia.

“No hemos detenido a los jefes [de las bandas criminales] porque esa no es nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública … Lo importante para mí es bajar el número de homicidios, robos, que no haya secuestros. ¡Esto es lo esencial! No es algo extraordinario, porque perdimos mucho tiempo en esto y no resolvió nada ”.

Para lograr esto, AMLO parece estar buscando grupos religiosos.

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Seguir los mandatos bíblicos acarrea un alto precio para los líderes religiosos en México

Un líder religioso y su colega son secuestrados de un refugio para inmigrantes; no se los ha vuelto a ver ni se ha sabido de ellos desde entonces. Otro es agredido, extorsionado y amenazado a punta de pistola. Ambos brindaron protección a inmigrantes y solicitantes de asilo que se encontraban atrapados en la frontera. En el mismo país, los líderes religiosos advierten que las amenazas y los ataques contra ellos constituyen uno de los problemas más graves que enfrentan las iglesias en la actualidad. Irónicamente, todo esto está ocurriendo en lo que se considera uno de los países más religiosos del mundo, México.

El deterioro de la situación para los inmigrantes y solicitantes de asilo que pasan por México se ha visto exacerbado por la implementación del Protocolo de Protección al Migrante (MPP) de los Estados Unidos, también conocido como “Permanecer en México” a principios de 2019. [1] La política ha dificultado cada vez más que los inmigrantes ganen casos de asilo en los EE.UU., sólo el 0.1% de los casos han tenido éxito y muchos han buscado asilo en refugios para inmigrantes administrados por la iglesia en todo México mientras esperan, especialmente en la frontera norte. El 28 de febrero de 2020, un tribunal de apelaciones federal de EE.UU. dictaminó que la política de “Permanecer en México” era ilegal.

Si bien muchos líderes protestantes y católicos han respondido a los crecientes niveles de necesidad en una manifestación de su fe siguiendo los mandatos de ayudar a los pobres, [2] albergar a los desamparados [3] y amar al extranjero [4], su trabajo los deja cada vez más expuestos a amenazas y ataques de grupos delictivos organizados que se aprovechan de la población migrante vulnerable.

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Esperando acción: Una entrevista con una víctima del desplazamiento forzado en México

En el 28 de julio de 2019 cuatro cristianos protestantes fueron desplazados por la fuerza de la comunidad de Cuamontax Huazalingo en el estado de Hidalgo, México. Los líderes de la comunidad dijeron a las víctimas que la expulsión fue la consecuencia de no querer participar en las fiestas religiosas católicas y su falta de firma de un acuerdo que prohíbe a los protestantes ingresar a la aldea.

Más de un año después de que los cristianos fueron obligados a abandonar sus hogares, CSW habló con Uriel Badillo, uno de los desplazados:

“Mi nombre es Uriel Badillo Lara. Soy originario de la comunidad de Cuamontax, en el Municipio de Huazalingo, Estado de Hidalgo, México, pero actualmente vivo en la casa de mi hermana en Atlaltipa Tecolotitla en el Municipio de Atlapexco. Allí también viven mis padres, mi esposa, y nuestra beba. Me gano la vida haciendo trabajos ocasionales como ayudar con la electricidad y el mantenimiento.”

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En la línea de fuego frente a la LdRC: “Si puedo matar a un cura entonces puedo matar a cualquiera”

En algunos países latinoamericanos, líderes religiosos frecuentemente desempeñan papeles como líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos. Como resultado, estos líderes se enfrentan al acoso, la intimidación e incluso la violencia en las manos de actores estatales y no estatales. Durante las próximas semanas CSW presentará entrevistas con líderes religiosos quienes trabajan en la región para destacar sus experiencias en la línea de fuego frente a la libertad de religión o creencia (LdRC).

El Padre Omar Sotelo Aguilar trabaja con el Centro Católico Multimedial (CCM) en México documentando ataques contra sacerdotes.

“En los últimos años México ha sido peligroso para periodistas, sacerdotes y otros líderes religiosos. Yo soy sacerdote católico y periodista desde hace ya 25 años, así que me enfrento a un doble riesgo. Pero independientemente de ello estamos expuestos como cualquier persona.

Decidí enfocarme en mi trabajo por el ángulo periodístico, además de ser un tema que era poco visible pero muy real y crudo. El buen periodismo, como la buena incidencia política, está basado en hechos, números y documentación.

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Cultura de impunidad en México, parte 2: Años perdidos y oportunidades perdidas

La semana pasada, el Oficial de Defensa de América Latina de CSW detalló la cultura de impunidad que obstaculiza la protección y la promoción de la libertad de religión o de creencias (LdRC) en México. En este post le ponemos una cara humana a los efectos de la respuesta inadecuada del gobierno a las violaciones de LdRC, para mostrar lo que le sucede a las personas cuando las autoridades retrasan o descuidan sus responsabilidades de proteger a las minorías religiosas.

Un caso que ilustra la cultura profundamente arraigada de la impunidad que rodea los ataques a las minorías religiosas en México es el de la comunidad de Yashtinin en el municipio de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas.

Todo comenzó en 2012, cuando varias personas se convirtieron a otra religión diferente a la mayoritaria. Algunos miembros de la comunidad temían que esta nueva religión dañara sus costumbres y tradiciones y afectara negativamente a sus hijos. El 10 de junio de 2012, un grupo numeroso de la comunidad fue a la casa de Santiago Hernández Vázquez, uno de los hombres que se habían convertido.  Se llevaron a todos los que se encontraban allí y los metieron en prisión, en medio de insultos, amenazas con violencia; incluso consignas de muerte en el proceso.

Después de encarcelar a 16 hombres y niños en un espacio normalmente destinado a albergar a una sola persona, los maestros locales empleados por el gobierno falsificaron un documento que afirmaba que las familias habían decidido voluntariamente abandonar la comunidad. Las víctimas fueron obligadas a firmarlo y se les dio tres días para irse. Tras la expiración del ultimátum, 12 familias fueron expulsadas después de que los aldeanos destruyeron todas sus casas y propiedades. Para el año 2015, un total de 28 familias habían sido expulsadas de la misma comunidad.

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