Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón era la directora del coro de la Parroquia Santa Ana en Niquinohomo en el Departamento de Masaya en Nicaragua. Tiene 52 años y está encarcelada por cargos falsos desde el 6 de abril de 2023, habiendo cumplido previamente una condena desde agosto de 2018 hasta junio de 2019, también por cargos falsos.
Desde mediados de enero de este año, como a muchos otros en el Sistema Penitenciario Integral para Mujeres comúnmente conocido como La Esperanza, a la Sra. Muñoz Pavón se le ha negado cualquier tiempo al aire libre, donde antes se le permitía salir una vez por semana.
¿Su crimen? Orar en voz alta.
Las condiciones en La Esperanza son malas. Las celdas con literas tienen capacidad para 75 presos y hay escasez de agua potable, camas y medicamentos o atención médica. Algunas presas están recluidos en celdas de confinamiento individuales que han sido modificadas para prácticamente encerrar a los reclusos en su interior. Hay informes preocupantes y creíbles sobre prisioneros que han sido golpeados durante los interrogatorios.
A los presos políticos como la señora Muñoz Pavón no se les permite tener una Biblia ni ningún material de lectura o escritura, lo que viola las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, comúnmente conocidas como Reglas Nelson Mandela. A los grupos humanitarios y de derechos humanos nacionales e internacionales se les niega el acceso a los centros penitenciarios del país.
Una represión radical
Este no es sólo el panorama en La Esperanza, sino también en las prisiones de toda Nicaragua, que están cada vez más repletas de presos políticos –incluidos muchos líderes o creyentes religiosos– que han sido detenidos o encarcelados en medio de una represión gubernamental cada vez más severa y un deterioro continuo de la situación de los derechos humanos bajo el presidente Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosa Murillo y el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Los grupos religiosos se han convertido en un objetivo particular, porque el gobierno teme su influencia y prohíbe cualquier crítica percibida al régimen, incluso cuando se predica, por ejemplo, sobre justicia, o se ora por la situación general del país. Muchos líderes religiosos han sido acosados, amenazados y detenidos arbitrariamente. Las instituciones religiosas han sido despojadas arbitrariamente de su estatus legal, en medio de amplias restricciones a la sociedad civil independiente.
También, desde el año pasado, ha habido un aumento significativo en el número de presos políticos que han sido desterrados de Nicaragua por la fuerza. En esencia, a estas personas se les ha dado un ultimátum: abandonar su país y perder su ciudadanía o enfrentar una larga sentencia en prisión, durante la cual probablemente sufrirán un trato inhumano similar al que actualmente se les impone a la Sra. Muñoz Pavón y sus compañeras de prisión.
Un paralelo sorprendente
La situación en Nicaragua presenta paralelos interesantes con la de su cercano aliado latinoamericano, Cuba, donde el gobernante Partido Comunista ha recurrido cada vez más a las tácticas de línea dura del pasado, mientras continúa haciendo todo lo que está a su alcance para someter a la población bajo el mayor control posible, desde las protestas nacionales sin precedentes ocurridas en julio del 2021.
Parte de la estrategia del gobierno es aislar socialmente a los presos políticos y a sus familias, en un esfuerzo no sólo por castigar a quienes defienden los derechos humanos y la democracia, sino también para disuadir a otros de hacer lo mismo.
Los líderes religiosos informan que no tienen más remedio que sucumbir a las presiones para expulsar a los familiares de los presos políticos de sus congregaciones, y en algunos casos sienten que no tienen otra opción.
En un caso, a Marta Perdomo Benítez, madre de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, se le prohibió por primera vez asistir a la iglesia bautista a la que había asistido toda su vida, después de que el gobierno amenazara al pastor. Cuando intentó ingresar a una iglesia católica romana en su pueblo de San José de las Lajas, para asistir a un servicio religioso y orar, fue detenida y le dijeron que ni ella ni la madre de ninguna otra persona encarcelada en relación con los hechos del 11 de julio de 2021, se le permite la entrada a la iglesia. El sacerdote le dijo que no podía hacer nada por temor a represalias del gobierno contra él o su congregación.
A los hijos de la Sra. Perdomo Benítez, como a muchos otros presos políticos en la isla, se les ha negado sistemáticamente el derecho a recibir visitas religiosas mientras están en prisión, y no se les permite tener ningún material religioso, una vez más en violación de las Reglas Nelson Mandela. Las autoridades carcelarias le advirtieron a la señora Perdomo Benítez y a otros padres de presos políticos, que sus hijos encarcelados serán castigados si continúan pidiendo que se respeten sus derechos religiosos en prisión.
Prisioneros como el líder religioso yoruba independiente, Loreto Hernández García, han denunciado haber sido ridículizados y de ser objeto de humillación pública por parte de funcionarios penitenciarios, debido a sus creencias religiosas, y se les ha negado tratamiento médico crítico. En otro caso, los funcionarios de prisión le preguntaron a la madre católica de Luis Emilio Cabrera Díaz por qué él “no se vierte simplemente agua bendita” después de que ella solicitó que su hijo recibiera atención médica por una afección de la piel.
Fortalecer las voces independientes
El maltrato a los presos políticos en Cuba y Nicaragua es parte de la implementación de estrategias represivas cada vez más duras, en sus respectivas sociedades en su conjunto. Ambos gobiernos son muy conscientes de que la mayor amenaza a su control del poder, proviene de aquellos que continúan alzándose valientemente y hablando en favor de la democracia, la justicia y los derechos humanos -incluidos los numerosos líderes religiosos- sin importar cuánto aumenten las autoridades el costo de hacerlo.
En ambos casos, entonces, corresponde a aquellos en la comunidad internacional que comparten tales principios, apoyar a estas personas valientes para condenar las injusticias actuales de las que son responsables los gobiernos de Cuba y Nicaragua. Hay que desafiar a quienes apoyan a estos gobiernos –como los regímenes igualmente represivos de China y Rusia–, mientras que las voces independientes de ambos países deben fortalecerse, amplificarse y hacerse eco en el escenario internacional.
Por Ellis Heasley, Director de Prensa y Asuntos Públicos de CSW
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