El 24 de febrero, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) publicó su último reporte ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH).
El GHREN, encargado de realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, centró su informe en las instituciones y personas responsables de las violaciones en Nicaragua, con un anexo de diez diagramas funcionales “que ilustran las conexiones de iure y de facto entre diferentes entidades estatales y no estatales.” El informe también llamó la atención sobre la estrategia de cuatro fases del régimen de Ortega y Murillo, diseñada para obtener el control absoluto del país, y sobre cómo las recientes reformas constitucionales del régimen otorgan una autoridad ejecutiva sin control.
Las conclusiones del informe del GHREN se sustentan en más de 1500 entrevistas y 7500 documentos, así como en informes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que han documentado de forma consistente e independiente las violaciones de derechos humanos. CSW, por ejemplo, documentó 222 casos separados que implicaban violaciones de la libertad de religión o creencias (LdRC) en 2024, la mayoría de los cuales implicaban múltiples violaciones y algunos afectaban a miles de personas.
Típicamente, cuando a un Estado no le gusta lo que se dice sobre su historial de derechos humanos, invierte en esfuerzos que justifiquen sus acciones o en ofrecer una contranarrativa. Las respuestas van desde la negación rotunda hasta señalar a otros; las excusas en nombre de la “seguridad nacional” o la “soberanía del Estado” también son comunes.
Nicaragua se retiró del CDHNU y de todas las actividades y mecanismos relacionados, e hizo una señal de desdén hacia las conclusiones del GHREN y al Consejo que encomendó su trabajo.
Nicaragua empleó una combinación de tácticas en una carta al presidente de CDH, en la que denunció al CDH y afirmó que el GHREN era un “pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”. Condenó el informe por ser “una evidencia del doble rasero”, “politización” y “un obstáculo para el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense”, entre otras cosas —mentiras y acusaciones infundadas—, oponiéndose así al marco internacional de derechos humanos.
Un efecto inmediato de la retirada del país del CDH, fue la cancelación de la adopción de los resultados del Examen Periódico Universal (EPU) En su revisión de noviembre de 2024, Nicaragua recibió 279 recomendaciones para mejorar su historial de derechos humanos. Antes del resultado de su EPU en marzo de 2025, Nicaragua debería haber confirmado las recomendaciones que había decidido aceptar, y durante la adopción de esta postura, los Estados y las ONGs habrían tenido la oportunidad de ofrecer su opinión.
Lamentablemente, Nicaragua aún no ha dado a conocer su postura, lo que significa que su EPU no ha concluido. La Oficina del CDH ha dejado la puerta abierta para que Nicaragua reanude su participación; tras reunirse en tres ocasiones a lo largo de marzo, se decidió posponer el resultado del EPU de Nicaragua hasta el 60.º período de sesiones del CDH en septiembre de 2025, y el Presidente se ha comprometido a dedicar el período provisional a alentar a Nicaragua a concluir el proceso del EPU y a restablecer la cooperación con el Consejo.
Al no participar, Nicaragua ha rechazado en esencia las 279 recomendaciones. Esto también supone el rechazo de una importante herramienta de colaboración entre los Estados miembros, uno de los pocos mecanismos que todos los Estados aceptan, respetan y en los que participan, aunque con distintos grados de autenticidad.
Sin duda, Nicaragua se ha envalentonado en su indiferencia hacia las normas e instituciones internacionales de derechos humanos, tras la decisión anterior de la administración Trump de retirar a Estados Unidos del CDH. El creciente rechazo del régimen por las normas internacionales de derechos humanos es profundamente preocupante y existe el temor de que otros Estados adopten la misma orientación, retirándose de los espacios multilaterales para intentar evitar las críticas y el rendimiento de cuentas. Dicha acción sería perjudicial a nivel mundial.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, lo dejó claro en su discurso inaugural del actual periodo de sesiones del CDH: “No podemos permitir que el consenso mundial fundamental en torno a las normas e instituciones internacionales, construido con tanto esfuerzo durante décadas, se derrumbe ante nuestros ojos. Estoy aquí para dar la voz de alarma”.
Sus palabras fueron citadas posteriormente en un declaración oral conjunta más de 70 Estados se manifestaron el 27 de marzo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), quienes, afortunadamente, parecen conscientes de la necesidad de abordar este problema de frente. Su declaración instó a los Estados a unirse a ellos para renovar su compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional, incluyendo la promoción, protección y cumplimiento de los derechos humanos y el estado de derecho, y específicamente a cooperar de buena fe con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el CDH y sus mecanismos, así como a adoptar medidas preventivas tempranas y promover la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos.
La comunidad internacional debe extender este compromiso a la promoción, protección y cumplimiento de los derechos humanos en Nicaragua. Solemnemente, el GHREN en el informe advierte que “la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado hasta el punto de que restaurar la democracia y el Estado de derecho llevará años y recursos considerables. Cuanto más se demore la comunidad internacional en actuar con firmeza, mayor será la carga”.
Las acciones inmediatas deben incluir fortalecer el apoyo a los defensores de derechos humanos, líderes religiosos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes nicaragüenses. Esto incluye brindar asistencia técnica y apoyo financiero a quienes se encuentran en Nicaragua, así como apoyar a los nicaragüenses que han sido exiliados forzosamente y privados de su nacionalidad o que buscan asilo.
Para exigir la rendición de cuentas por las violaciones cometidas por el régimen Ortega-Murillo y entidades no estatales las medidas mensurables, incluyen la remisión de casos a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la ampliación de las acciones legales y las sanciones contra personas, instituciones y entidades conocidas por cometer violaciones en Nicaragua, y la condición del acceso preferencial de Nicaragua al mercado a criterios de derechos humanos, como lo sugiere el GHREN en las recomendaciones del informe.
El 3 de abril, el CDH votó a favor de renovar el mandato del GHREN por dos años más, lo que demuestra su continuo compromiso con la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua.
Ese mismo día, el GHREN publicó un informe innovador de 234 páginas, basado en documentación verificada y extensas entrevistas, que identifica a 54 funcionarios responsables de violaciones sistemáticas en Nicaragua. Sobre el informe, el presidente del GHREN, Jan-Michael Simon, declaró: “Este informe expone la anatomía de un sistema de gobierno que ha instrumentalizado todos los poderes del Estado contra su propio pueblo”.
Es importante señalar que el mandato del GHREN le otorga la autoridad para continuar recopilando, consolidando, preservando y analizando información y pruebas y, cuando sea posible, para identificar a los responsables para la futura rendición de cuentas, así como para formular recomendaciones que fomenten, protejan y promuevan los derechos humanos en Nicaragua. Su último informe, que identifica a los responsables de la represión en Nicaragua, supone un avance crucial en la rendición de cuentas. Reed Brody, miembro de GHREN, ha descrito el informe como “una hoja de ruta hacia la justicia”, enfatizando que “los Estados, los fiscales y las instituciones internacionales ahora cuentan con los nombres, las estructuras y las pruebas necesarias para exigir la rendición de cuentas”.
Desafortunadamente para el régimen de Ortega y Murillo, la creciente evidencia de violaciones atroces no desaparecerá por arte de magia, ya que ha rechazado las conclusiones de un informe y se ha abstenido de interactuar con el marco internacional de derechos humanos. Junto con los Procedimientos Especiales de la ONU, el personal del ACNUDH, las OSC y los valientes defensores de los derechos humanos, la labor de la GHREN continuará recopilando testimonios de testigos y documentando las violaciones hasta que estas pruebas rindan cuentas.
Por Claire Denman, Oficial de la ONU de CSW
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