Una iglesia de tamaño mediano, ubicada en una población que enfrenta importantes dificultades económicas y sociales, organiza un servicio de oración vespertino entre semana. Los miembros de la iglesia asisten y participan en una serie de momentos estructurados de oración. A veces oran en silencio, otras veces el pastor los guía en la oración, en una sesión se reúnen alrededor de la bandera nacional para orar por las necesidades que enfrentan las personas en su comunidad y en su país. Sus oraciones hablan de necesidades fundamentales: alimentos, medicinas, la reducción de la delincuencia y la provisión de servicios básicos para todos.
En otra parte del país, un pastor de una iglesia toma medidas para cubrir una necesidad específica en su comunidad, que también atraviesa dificultades. Junto con los líderes de la iglesia, coordina una colecta general para cubrir las necesidades. Los miembros de la iglesia, y muchos en la comunidad en general, se unen al esfuerzo y juntos logran reunir paquetes de artículos esenciales para entregar a los más necesitados.
Ninguno de estos escenarios llamaría tanto la atención en la mayor parte del mundo. Quienes no comparten la fe de los involucrados podrían considerar algunas prácticas un tanto extrañas, pero no perjudiciales. Sin embargo, no es así en Cuba, donde el simple acto de orar por el país, especialmente junto con el uso de la bandera nacional, y cualquier esfuerzo de un grupo religioso por satisfacer las necesidades urgentes de la población, enfrentan la hostilidad del gobierno, que amenaza cada vez más con cargos penales a los líderes religiosos que organizan tales actividades.
Un símbolo nacional, pero no para todos
En diciembre de 2022 entró en vigor un nuevo código penal. A este le siguió en 2023 un código de familia revisado. Ambos códigos nuevos son problemáticos, ya que aumentan las penas mínimas de prisión para muchas infracciones, como liderar o participar en asociaciones o reuniones no autorizadas, lo que amplía la capacidad del gobierno para reprimir a los líderes religiosos, especialmente a aquellos asociados con grupos no registrados. Los dos códigos también contienen referencias explícitas a los “símbolos patrios”: el código penal castiga la falta de “reverencia a los símbolos [de Cuba]” y el código de familia amenaza con separar legalmente a los niños de aquellos padres que no inculquen en sus hijos “el respeto a los símbolos [de Cuba] y el respeto a las autoridades”.
Si bien estas disposiciones, redactadas con vaguedad, no se han implementado de manera uniforme, en 2024 CSW observó un aumento en los casos en los que se advirtió a líderes religiosos que suspendieran actividades que incorporaran el uso de símbolos patrios, especialmente cuando dichas actividades también reconocían los problemas que enfrenta el país, que padece una escasez crónica y grave de alimentos y medicamentos, y donde los apagones prolongados son frecuentes, incluso diarios.
En uno de estos casos, en marzo del año pasado, la pastora de una iglesia no registrada fue interrogada por un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), quien llegó a su oficina sin previo aviso y cuestionó su uso de la bandera nacional durante los servicios religiosos. Ante su explicación de que no tenía intención de hacer ninguna declaración política y que el uso de la bandera era simplemente para inspirar a los miembros de la iglesia a orar por la bendición de Dios sobre Cuba, el agente acusó a la pastora de intentar desacreditar y dañar la imagen de la Revolución, y la amenazó con una multa y la confiscación de las banderas.
Unos días después, el pastor de jóvenes de la misma iglesia fue citado a una oficina del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), donde un capitán del DSE volvió a mencionar el uso de banderas cubanas por parte de la iglesia en sus servicios. Afirmó que, al enseñar a los jóvenes a participar en el uso “ilegal” de los símbolos nacionales por parte de la iglesia, el pastor estaba cometiendo un acto de contrarrevolución y terrorismo.
Ese mismo mes, los pastores de una iglesia no registrada en otra parte de Cuba fueron citados repetidamente e interrogados por separado por agentes del DSE y de la PNR, sobre el uso de la bandera cubana durante los servicios religiosos. El pastor principal fue amenazado con arresto por varios supuestos delitos, entre ellos no retirar los símbolos patrios cubanos y las banderas de otros países que se exhibían en la iglesia, usar una foto de perfil en redes sociales que la mostraba con una bandera cubana, compartir fotos de servicios de oración con la bandera en redes sociales, solicitar oraciones por Cuba en redes sociales y mencionar necesidades específicas del país. El pastor respondió:
Mi iglesia no es comunista, ni revolucionaria, ni contrarrevolucionaria. Es la iglesia de Jesucristo, y los símbolos nacionales no se usan en nombre de comunistas ni de no comunistas. Los símbolos que se usan son los de mi patria, donde Dios me llamó a pastorear, construir, orar e interceder por mi país.
Al igual que en el otro caso, unos días después, el líder juvenil de la iglesia fue citado a interrogatorio. El oficial expresó su indignación porque el líder juvenil y otros habían mencionado los problemas en Cuba en redes sociales, «desacreditando y dañando la imagen de la Revolución ante el pueblo». El líder juvenil negó las acusaciones, declarando:
No soy contrarrevolucionario ni comunista. No he hecho nada que viole las leyes cubanas ni la Constitución, ya que lo único que he hecho es pastorear a los jóvenes de mi iglesia, animándolos a orar y clamar por la nación cubana, y eso incluye al Capitán [censurado] y su familia.
Una realidad negada
El 23 de marzo, el simple reconocimiento público de las graves dificultades que atraviesan muchos en el país y la solicitud de oración fueron suficientes para que las autoridades citaran a una entrevista inmediata en la estación de policía a Orlando de la Fuente Lovaina, pastor de la Primera Iglesia Bautista Nuevo Pacto, una iglesia registrada que forma parte de la Convención Bautista del Oriente de Cuba y legalmente reconocida en la ciudad de Ciego de Ávila, Ciego de Ávila. Allí, el agente de la PNR Osvaldo Morejón, interrogó al pastor De la Fuente Lovaina, haciendo referencia a varias publicaciones en sus redes sociales que pedían oración por Cuba, compartidas por el pastor el día anterior. El oficial Morejón acusó al pastor de usar el púlpito para afirmar que había problemas en Cuba que la Iglesia podía resolver, cuando solo la Revolución y su sistema político podían resolver los problemas del pueblo.
Cuando el pastor explicó su convicción religiosa de que Dios puede proveer para las muchas necesidades del país, el oficial le advirtió que las personas religiosas tienen estrictamente prohibido usar símbolos patrios, que solo pueden ser usados por revolucionarios, y añadió que la postura del pastor envía al pueblo el mensaje de que la Revolución no puede resolver los problemas del pueblo. El oficial Morejón amenazó al pastor de la Fuente Lovaina con cargos criminales si su predicación fomentaba el divisionismo ideológico entre los miembros de su congregación, y añadió que su familia y los miembros de la iglesia sufrirían las consecuencias.
Además de la oración, muchos grupos religiosos también se organizaron y llevaron a cabo proyectos de ayuda humanitaria en sus comunidades. Esto incluyó trabajar con los más vulnerables, como los ancianos, quienes necesitaban medicamentos y alimentos, y las personas que viven en zonas rurales remotas, donde algunas de las necesidades son más graves. Sin embargo, el acto de reconocer la existencia de estas necesidades, por obvias que sean, e intentar abordarlas es interpretado por el gobierno como una crítica a su propia incapacidad o negativa a abordarlas adecuadamente.
A finales de marzo, el pastor de una iglesia registrada que forma parte de una denominación que participa en el Consejo Cubano de Iglesias, un organismo que generalmente mantiene una relación de apoyo mutuo con el gobierno, recibió la visita de dos agentes del DSE, estos le emitieron una citación verbal para que compareciera a la 1 p.m. de ese mismo día, en la Oficina de Asuntos Religiosos (ORA) local, una entidad dentro del Partido Comunista de Cuba que supervisa la actividad religiosa en el país. Cuando el pastor atendió la citación, fue recibido por un representante de la ORA, un político que no se identificó y un agente del Departamento de Investigación Técnica (DTI). Inicialmente, los tres funcionarios gubernamentales se mostraron comprensivos con el pastor, pero expresaron su preocupación por la labor humanitaria que realizaba su iglesia, a favor de la población sin hogar y la imagen que esa labor proyectaba en el extranjero, y que pudiera ser malinterpretada por los enemigos de la Revolución.
Los agentes del gobierno pidieron al pastor, inicialmente con cortesía, que suspendiera esta labor, aclarando que, según ellos, dicha labor es responsabilidad exclusiva del gobierno y de «la Revolución». Cuando el pastor afirmó que su iglesia seguiría respondiendo a las necesidades de su entorno, los agentes se mostraron hostiles. Lo interrogaron exigiéndole que justificara por qué había compartido fotos de personas sin hogar en redes sociales y lo cuestionaron sobre quién financiaba la labor humanitaria de la iglesia. El representante de la ORA amenazó al pastor con la cancelación de sus credenciales religiosas. El pastor aclaró que la iglesia no recibe fondos externos para su labor humanitaria y dijo: «Ustedes que dirigen los asuntos religiosos en la ciudad, ustedes en el departamento de investigaciones y ustedes como políticos, hagan lo que tengan que hacer, porque yo seguiré sirviendo a Dios y la iglesia seguirá ayudando a los más desvalidos». El agente de la ORA le extendió al pastor un Acta de Advertencia —un documento que sirve como justificación para el arresto por futuros delitos descritos en él— y le ordenó al pastor que lo firmara. El pastor se negó y pidió permiso para irse, el cual le fue concedido tras ser advertido, nuevamente, de que habría consecuencias si se negaba a la orden de detener la obra.
En octubre, un inspector del gobierno llegó a una propiedad utilizada por una iglesia afiliada a una denominación protestante no registrada y le impuso al pastor una multa de 20.000 CUP (más de cuatro veces el salario mensual promedio en Cuba) y una orden para demoler un cobertizo de madera y un invernadero construidos por la iglesia para cultivar alimentos y compartirlos con los más necesitados de su comunidad. Aunque las autoridades le habían otorgado al pastor un permiso para usar el terreno con este fin, el inspector le dijo que nada de esto podía considerarse legal, mientras la iglesia fuera “ilegal”. El pastor declaró a CSW:
‘Construimos este proyecto legalmente, con fondos propios de nuestra iglesia, y ahora que hemos logrado construir un invernadero con hortalizas para abastecer a varios miembros de la comunidad que carecen de recursos, el estado nos ordena demolerlo y cancelar un proyecto que permita a la iglesia ser un testimonio tangible de amor, evangelización y servicio. Pero lamentablemente incluso eso está prohibido en el sistema cubano, y quieren que la Iglesia pague las consecuencias.’
Un régimen en decadencia al descubierto
En los últimos años, Cuba ha experimentado una histórica ola de emigración, con cerca del diez por ciento de la población abandonando el país, muchos jóvenes, casi siempre por vías irregulares. Esto y otros factores han provocado una crisis humanitaria que afecta a las personas mayores, algunas de las cuales se quedan sin nadie que las cuide. Debido a la escasez sistémica de alimentos y medicamentos en toda la isla, muchos no pueden acceder a gran parte del apoyo del gobierno, y durante muchos años, grupos religiosos han organizado pequeñas iniciativas para brindar atención a esta población especialmente vulnerable. Lamentablemente, aunque parezca difícil oponerse a dicha labor, también provocó la ira de las autoridades.
En el primer semestre del año, un pastor afiliado a una denominación no registrada, que ha desarrollado un ministerio que proporciona comida, ropa, atención médica y, en algunos casos, alojamiento a personas mayores, fue acusado de “ayudar ilegalmente a personas mayores” y fue multado con 20.000 CUP. Una semana después, un Inspector de Vivienda llegó a la casa de otro pastor en el oriente de Cuba y exigió que se le permitiera registrar el lugar, para determinar si allí se reunía una iglesia ilegal y si el pastor brindaba apoyo a personas mayores. Al confirmar sus sospechas, el inspector multó al pastor con 50.000 CUP por permitir reuniones en su domicilio con una asistencia que excedía el número máximo permitido en una vivienda particular. El pastor no negó los cargos, pero señaló que los fondos para pagar la multa podrían haberse utilizado para proporcionar alimentos a los ancianos necesitados. En respuesta, el inspector amenazó al pastor con hacer que perdiera su empleo, y por ende sus propios hijos se quedarían sin comida.
Incluso el hecho de recibir ayuda aparentemente fue suficiente para provocar una reacción negativa y violenta por parte de las autoridades. En la segunda mitad del año, en una remota comunidad rural del oriente de Cuba, los miembros de una pequeña iglesia se reunieron para celebrar un momento de acción de gracias por la ayuda humanitaria de alimentos, que habían recibido el día anterior de un ministerio cristiano. Al comenzar el servicio, su iglesia —un rústico edificio de madera— estaba rodeada de individuos que nadie reconocía como locales de la zona y que vestían camisetas distintivas de algunos miembros de grupos militantes del PCCh. La turba comenzó a lanzar piedras al techo de lámina y amenazaron a gritos con incendiar la iglesia si no se cesaba la actividad. Los miembros de la turba se dispersaron después de que la gente dentro de la iglesia entrara en pánico y cancelara el servicio. Quienes denunciaron el caso a la CSW dijeron: «Esto fue una advertencia para que dejáramos de realizar labores misioneras y de ofrecer ayuda humanitaria».
No es difícil comprender la motivación del gobierno por atacar a quienes reconocen sus fracasos. Cuba es un estado unipartidista, bajo el liderazgo político de tan solo tres hombres desde 1959, dos de ellos hermanos que gobernaron consecutivamente durante 45 de esos años. La única justificación para un sistema político así y la negativa de sus líderes a realizar cualquier reforma debería ser porque es capaz de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Pero no es así. Los líderes cubanos se asientan sobre una estructura construida sobre cimientos de arena, erosionada con el tiempo, por las oleadas de mala gestión, la injusticia, intolerancia y la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales, y hostigan a quienes reconocen los problemas sociales, y toman medidas para socorrer a los más vulnerables, exponiendo de esa manera la precaria posición de sus líderes y la de un gobierno que claramente es incapaz de satisfacer las necesidades básicas de su pueblo.
Escrito por Anna Lee Stangl, directora de Incidencia Política de la CSW