En un operativo coordinado la noche del jueves 17 de julio, policías armados —algunos uniformados, otros vestidos de negro o azul y con el rostro cubierto— llegaron simultáneamente a la casa del Pastor Rudy Palacios Vargas y las casas de sus amigos y familiares en el municipio de Jinotepe, departamento de Carazo, Nicaragua.
La policía, que no mostró ninguna orden de arresto, derribó las puertas de cada casa con las culatas de sus rifles y con una herramienta llamada “pata de cerdo”. De inmediato arrestaron al Pastor Palacios Vargas, a su hermana Jéssica Palacios Vargas y sus cuñados Pedro José López y Armando José Bermúdez Mojica. También fueron arrestados Mauricio Alonso Petri, activista político y amigo del pastor, y su hijo adulto del mismo nombre, quien forma parte del grupo de alabanza de la iglesia del Pastor Palacios Vargas. Olga María Lara Rojas, cristiana protestante, no miembro de la iglesia del pastor Palacios Vargas, pero amiga de la familia y exconsejera política, también fue detenida en su domicilio.
Los agentes confiscaron los teléfonos celulares y otros dispositivos eléctricos de los detenidos y, según se informó, los llevaron al Tercer Distrito Policial, aunque inicialmente las autoridades se negaron a proporcionar a sus familiares información sobre su paradero.
El 28 de julio, el medio nicaragüense 100% Noticias informó que el grupo había sido trasladado a «La Granja», una prisión notoriamente sobrepoblada en el departamento de Granada, donde fueron sometidos a una audiencia virtual acelerada en la que se les acusó de traición a la patria y conspiración.
No hay información sobre cuándo o a cuáles son los cargos por los que serán sentenciados los acusados.
La injusticia, sin embargo, es evidente: el Pastor Palacios Vargas, sus amigos y familiares han sido atacados por su historial de críticas abiertas al gobierno nicaragüense, bajo el liderazgo de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Esto, a los ojos de un régimen que ha hecho todo lo posible por reprimir y silenciar las voces independientes durante los últimos siete años, constituye la mayor ofensa.
Un hombre de los mas buscados por el gobierno
En 2008 el Pastor Palacios Vargas fundó la Asociación de la Iglesia La Roca de Nicaragua en Jinotepe. La iglesia se registró legalmente en agosto de ese año y desde entonces se edificaron ocho sucursales con un total de 1500 miembros, en varios departamentos de la costa del Pacífico.
En abril de 2018, al igual que muchos otros líderes religiosos, el pastor Palacios Vargas acompañó a sus hijos y otros estudiantes a las protestas que se extendieron por todo el país, inicialmente en respuesta a las reformas propuestas a la seguridad social. En Jinotepe, como en todo el país, los manifestantes construyeron barricadas para detener el tráfico de camiones de transporte. El pastor Palacios Vargas llevó comida y agua a los jóvenes que protestaban, y oró por ellos; en su opinión, su lucha era justa.
“Los apoyé y no me arrepiento”, declaró el pastor Palacios Vargas en una entrevista de 2019 con el periodista Gerall Chávez para Nicaragua Actual. “Porque la injusticia que mirábamos, la violencia que mirábamos, era algo que debía denunciarse. Yo, como pastor, como líder, debo estar al lado del pueblo y denunciar los abusos que no son correctos y que afectan al pueblo”.
El 12 de mayo de 2018, el religioso se pronunció públicamente contra las acciones del gobierno de Ortega: “Decía que no era correcto atacar a los jóvenes”, explicó más tarde. “Que no era correcto atacar las protestas juveniles; dije que lo que el gobierno estaba haciendo no era correcto, ni para los jóvenes de nuestra población. Declaré que la situación política no podía seguir como estaba. Que el Presidente no podía gobernar y debía renunciar. Eso fue todo.”
Durante los días siguientes, el Pastor Palacios Vargas y su familia recibieron amenazas telefónicas y en redes sociales. Finalmente, el 6 de julio de 2018, la situación lo obligó a huir del país con sus dos hijos mayores y otros dos familiares que se encontraban en la misma situación.
Dos días después, el gobierno lanzó la llamada “Operación Limpieza”, en la que la policía y los paramilitares utilizaron armas militares contra estudiantes y civiles para desmantelar los bloqueos de carreteras en todo el país. Veintidós personas murieron solo en Jinotepe.
Durante el operativo, la fachada de la casa de la familia Palacios Vargas fue pintada con el mensaje: “Asesino, Se Busca, FSLN”. Los paramilitares rodearon su iglesia y la saquearon, llevándose sillas, computadoras y otros artículos. “Pensaban que teníamos armas”, dijo el pastor en la misma entrevista con Gerall Chávez. “Pero lo que teníamos eran Biblias, instrumentos para adorar a Dios. Nunca tuvimos armas en la iglesia. Nuestras armas son espirituales… las armas que usamos son poderosas en Dios, y por eso estamos ganando esta batalla, y vamos a ganar esta batalla porque Dios está con nosotros.”
La situación empeoró, cuando el Pastor Palacios Vargas, desde el exilio, fue informado que el 8 de julio de 2018, Luis Acevedo, de 27 años, líder de la iglesia que colaboraba con las misiones y se desempeñaba como traductor principal del inglés al español, fue asesinado a la entrada de su casa durante el ataque a Jinotepe. El Sr. Acevedo no participó en los bloqueos, sino que salió a ayudar a los estudiantes que estaban siendo perseguidos y heridos por paramilitares y policías. Recibió tres disparos frente a su esposa y sus tres hijos pequeños. Ese mismo día, Gerald Barrera Villavicencio, otro joven de la Iglesia La Roca, también fue asesinado tras ser baleado por paramilitares, y Ricardo Largaespada Ramos, abogado y fundador de la Juventud Sandinista de su zona, a quien el pastor Palacios describió como alguien que siempre estaba presente en todos los servicios dominicales matutinos, fue asesinado a golpes por paramilitares.
Además de todo esto, tres guardias de seguridad de la iglesia fueron arrestados. Dos fueron liberados posteriormente, pero el otro fue procesado como delincuente y acusado de terrorismo. Otros miembros de la iglesia del pastor Palacio Vargas se vieron obligados a huir con sus hijos por haber participado en los bloqueos. Todos comprendían que corrían grave peligro.
El 29 de agosto de 2018, el periódico oficial El 19 Digital publicó una lista con los nombres de varios hombres entregados por el Ministerio Público a la justicia ordinaria, por lo que denominó “tranques terroristas” en los municipios de Jinotepe, Dolores y Diriamba. Los incluidos en la lista fueron acusados de causar graves daños a la economía y conspirar para cometer tortura, robo, secuestro y asesinato. El nombre del pastor Palacios Vargas figuraba en la lista, específicamente por proporcionar alimentos a “delincuentes” y estar presente en varios tranques, al igual que los de otro pastor evangélico, Tomás Maldonado Bermúdez, su hijo Joao Ismael Maldonado Bermúdez, y varios otros acusados de liderar la supuesta banda criminal.
Una gota en el océano
Tras ser señalado como terrorista por el régimen de Ortega, la asistencia a la iglesia del pastor Palacios Vargas —que en su día fue una de las más grandes de Jinotepe— se desplomó rápidamente, pasando de más de 600 personas a menos de 150, lo que la obligó a mudarse a un lugar más pequeño. En 2019, la asociación a la que pertenecía, y de la que el pastor Palacios Vargas era presidente, fue despojada arbitrariamente de su personería jurídica. Más de 5,000 organizaciones independientes de la sociedad civil, incluidas más de 1,300 organizaciones de carácter religioso, han corrido la misma suerte desde las protestas de abril de 2018. A pesar de todo esto, la Iglesia La Roca y sus filiales en la costa del Pacífico continuaron operando.
En diciembre de 2020, el Pastor Palacios Vargas regresó a Nicaragua tras ser diagnosticado con cáncer. Un mes después, en enero de 2021, la Policía Nacional le impuso lo que las autoridades denominan medidas cautelares y le obligó a solicitar permiso a las autoridades si deseaba ir a algún lugar. A medida que pasaban los meses, recibía visitas cada vez más frecuentes de oficiales que siempre tomaban una fotografía de su rostro y sus huellas dactilares.
Nuevamente, la experiencia del pastor Palacios Vargas no es en absoluto aislada. En los últimos años, CSW ha documentado en Nicaragua una preocupante tendencia de líderes religiosos sometidos a restricciones similares —denominadas por el Gobierno “medidas cautelares”— en las que se les asigna un agente de policía local específico y se les ordena presentarse semanalmente ante él para que les tomen una foto y presentar planes para sus actividades semanales. Los líderes religiosos sometidos a estas medidas también enfrentan restricciones a su libertad de movimiento, y algunos informan que se les ha advertido que serán detenidos o enviados al exilio si no cumplen con los términos de las medidas.
En las cárceles de Nicaragua hay innumerables personas como el Pastor Palacios Vargas, encerradas por atreverse a denunciar la represión del gobierno nicaragüense, o en algunos casos simplemente por ser percibidas como si lo hubieran hecho, por predicar sobre la paz, la justicia o la unidad, o por animar a la gente a orar por su país.
La comunidad internacional debe hacer más. Si bien el Gobierno se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales prominentes como la Organización de los Estados Americanos, la fuerza y la desesperación con la que intenta silenciar cualquier crítica o disidencia pone de manifiesto cuán consciente es de su propia vulnerabilidad a las presiones internas.
Por lo tanto, es deber de los Estados comprometidos con los derechos humanos y la democracia intensificar dichas presiones: brindando apoyo financiero y de otro tipo a las organizaciones independientes de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos humanos y la restauración de la democracia en Nicaragua, amplificando las voces de los defensores de derechos humanos nicaragüenses, tanto dentro como fuera del país, e insistiendo en que el trato injusto del régimen de Ortega-Murrillo al Pastor Palacios Vargas y a cientos de personas como él, no pase desapercibido.
“Mi mensaje es que tengamos fe, tengamos esperanza – mantengamos la unidad… Oremos al Señor, porque así es como saldremos de esto, para que nuestro país sea libre. Pero sí, tengan esperanza, esto no será eterno. Creo que pronto veremos señales de cambio porque la presión internacional y la presión interna de los nicaragüenses aumentarán.
Los nicaragüenses no vamos a dejarlo así, no lo vamos a dejar así. Incluso los presos seguirán luchando, los exiliados seguirán luchando, el pueblo nicaragüense seguirá luchando. Daniel [Ortega] no debe creer que las cosas seguirán así. Resistiremos. Los nicaragüenses somos un pueblo inquebrantable.
Quiero ver una Nicaragua libre, una libertad donde se respeten nuestros derechos, donde haya un Estado de derecho, división de poderes, elecciones libres y verdaderamente transparentes, donde nuestros jóvenes puedan salir pacíficamente a las calles, donde nuestros niños puedan disfrutar pacíficamente de nuestros barrios; que el mal desaparezca por completo de Nicaragua.”
- Pastor Rudy Palacios Vargas
Escrito por la Oficial de Investigación e Incidencia Política de CSW para Nicaragua