Una iglesia de tamaño mediano, ubicada en una población que enfrenta importantes dificultades económicas y sociales, organiza un servicio de oración vespertino entre semana. Los miembros de la iglesia asisten y participan en una serie de momentos estructurados de oración. A veces oran en silencio, otras veces el pastor los guía en la oración, en una sesión se reúnen alrededor de la bandera nacional para orar por las necesidades que enfrentan las personas en su comunidad y en su país. Sus oraciones hablan de necesidades fundamentales: alimentos, medicinas, la reducción de la delincuencia y la provisión de servicios básicos para todos. 

En otra parte del país, un pastor de una iglesia toma medidas para cubrir una necesidad específica en su comunidad, que también atraviesa dificultades. Junto con los líderes de la iglesia, coordina una colecta general para cubrir las necesidades. Los miembros de la iglesia, y muchos en la comunidad en general, se unen al esfuerzo y juntos logran reunir paquetes de artículos esenciales para entregar a los más necesitados.  
 
Ninguno de estos escenarios llamaría tanto la atención en la mayor parte del mundo. Quienes no comparten la fe de los involucrados podrían considerar algunas prácticas un tanto extrañas, pero no perjudiciales. Sin embargo, no es así en Cuba, donde el simple acto de orar por el país, especialmente junto con el uso de la bandera nacional, y cualquier esfuerzo de un grupo religioso por satisfacer las necesidades urgentes de la población, enfrentan la hostilidad del gobierno, que amenaza cada vez más con cargos penales a los líderes religiosos que organizan tales actividades.