En la noche del 28 de febrero, la policía cubana y agentes de la Seguridad del Estado realizaron un allanamiento, apresando a un hombre al que buscaban desde hacía 44 días. Lo llevaron a un centro de interrogatorios y le dieron un ultimátum: Abandonar el país en una semana o pasar los próximos 30 años en una prisión de máxima seguridad. A principios de marzo, el hombre se despidió de su esposa y de su pequeña hija y abordó un avión rumbo a Europa. Dieciocho horas después, presentó una solicitud formal de asilo en Suiza.
El hombre no había cometido ningún acto de violencia, ni había robado nada. Él es un pastor. Su único delito fue haber extendido su labor pastoral para alcanzar y orar con las familias de los presos políticos.
El gobierno cubano ha temido durante mucho tiempo cualquier vínculo entre grupos religiosos y disidentes políticos y, durante décadas, ha hecho un gran esfuerzo para mantener a ambos lo más separados posible. Esta es en parte, una estrategia general para aislar socialmente a todos aquellos que considera disidentes, incluidos activistas políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, con el fin de debilitarlos y, en última instancia, neutralizarlos. Sin embargo, es también, lo admita o no alguna dirigencia del Partido Comunista de Cuba, un reconocimiento del poder que se produce por la combinación de la espiritualidad con la lucha por la justicia y la libertad.
El gobierno vigila de cerca tanto a los disidentes como a los grupos religiosos. Los informantes se sientan en las congregaciones e informan regularmente a las autoridades locales, incluso sobre quién asiste a los servicios religiosos. Si se identifica a un disidente en una congregación, aunque sea simplemente como invitado o visitante, normalmente los agentes del gobierno visitarán al pastor o al sacerdote y les aconsejarán que expulsen al individuo de inmediato o habrá consecuencias para toda la iglesia. En muchos casos, el líder de la iglesia hablará en voz baja con la persona en cuestión y le explicará la situación, lo que llevará a la persona a retirarse voluntariamente de la iglesia, ya que no quiere causar problemas con su presencia.
Durante los veinte años que CSW ha trabajado en Cuba, innumerables líderes de la iglesia han compartido el dolor de tener que tomar la decisión de pedirle a una persona que se vaya porque la alternativa es que toda la iglesia se cierre, lo cual afectará a muchos más. Si un líder en particular de la iglesia se resiste a esta presión y si es parte de una denominación o grupo religioso más grande, a menudo se presiona a su liderazgo para que expulse, aísle o reasigne al líder de la iglesia, que luego es visto como un “contrarrevolucionario”y un disidente por voluntad propia.
El martes 4 de diciembre de 2007, agentes de la Seguridad del Estado irrumpieron en la Iglesia Católica Santa Teresita del Niño Jesús en Santiago de Cuba. Después de patear la puerta, lanzaron gases lacrimógenos en el santuario. En el interior, el Padre José Conrado Rodríguez oficiaba misa ante una congregación que incluía a 18 activistas de derechos humanos. Una de ellas, Jaqueline Echevarria, esposa del entonces preso político Gerardo Sánchez Ortega, había realizado un ayuno y una vigilia de oración en su casa, antes de marchar pacíficamente con los demás activistas, desde la catedral del centro para asistir a los servicios de la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús. Los 18 activistas, incluido el hijo de Jaqueline que tiene parálisis cerebral, fueron brutalmente golpeados en la iglesia antes de ser arrestados.
Cuando el Padre Conrado preguntó a las autoridades qué estaban haciendo, respondieron con insultos. Después de este incidente, el sacerdote y su iglesia fueron puestos bajo fuerte vigilancia. Los disidentes ya no podían acercarse a la iglesia y los demás fieles desconfiaban sobre las consecuencias de estar vinculados con un sacerdote como el Padre Conrado. Cuando CSW intentó visitar al sacerdote a principios de 2008, se nos impidió hasta incluso cruzar la calle para acercarnos al frente de la iglesia. No mucho después, el Padre Conrado fue trasladado a otra iglesia del país.
En 2010, el difunto Reverendo Homero Carbonell publicó una carta abierta de doce páginas a CSW, renunciando públicamente a su papel como pastor principal en la 1ª Iglesia Bautista La Trinidad, una iglesia histórica y legalmente reconocida en la ciudad de Santa Clara. El Reverendo Carbonell había servido durante más de 50 años como líder en la Convención Bautista de Cuba Occidental, una denominación registrada. En años anteriores, él se había encontrado a sí mismo y a su iglesia en la mira del gobierno después de que decidió rechazar los intentos de la policía y la Seguridad del Estado de presionarlo para que sacara a los disidentes y a las familias de los disidentes de su congregación. Les dijo a las autoridades que las puertas de Cristo estaban abiertas para todos, incluso para ellos, y que él no sería quien se las cerraría.
En represalia, el gobierno puso bajo vigilancia al Reverendo Carbonell y su familia y congeló la cuenta bancaria de la iglesia, impidiéndole acceder a la ayuda que había sido donada desde el extranjero para realizar reparaciones fundamentales en el techo de la iglesia. A pesar de su renuncia, el pastor y su familia permanecieron bajo presión, ahora vistos como contrarrevolucionarios. En 2014, el Reverendo Carbonell y su esposa se salieron de Cuba y el 4 de enero de 2021 falleció él en el exilio.
La obsesión de este gobierno por mantener a los disidentes y a las comunidades religiosas lo más alejadas posible quizás se ejemplifique mejor por la forma en que el gobierno cubano despliega decenas de policías y agentes de Seguridad del Estado en los hogares y barrios de mujeres en todo el país cada domingo para detenerlas, en muchos casos con violencia y arrestándolas arbitrariamente, de asistir a misa.
El operativo en todo el país se realiza semanalmente desde hace más de 15 años y el gobierno justifica sus acciones alegando que el esfuerzo de las mujeres, todas integrantes de las Damas de Blanco, un grupo de mujeres cuyos familiares son presos políticos, para asistir a misa, se realiza antes de una marcha de protesta silenciosa por sus respectivos centros de la ciudad. Si el gobierno simplemente estaba preocupado por las mujeres que protestaban, a alguien se le debe haber ocurrido que se necesitarían muchos menos recursos para desplegar policías y agentes de seguridad fuera de las puertas de la iglesia para evitar que las mujeres marcharan después de misa. La inversión enorme y continua en términos de mano de obra y otros recursos para evitar que las mujeres entren incluso a las puertas de la iglesia (vale la pena señalar que muchas de las mujeres informan que se les impide asistir a cualquier servicio religioso, no solo a la misa dominical), expone su verdadero objetivo: Separar a las mujeres de sus comunidades de fe.
El pastor que huyó del país a principios de marzo había llevado su trabajo un paso más allá, además de simplemente permitir que los disidentes o sus familias adoraran en su iglesia, y se reunieran regularmente con ellos en sus propios hogares, ofreciéndoles oración y apoyo espiritual. Esta fue la respuesta de un pastor que vio una necesidad en su comunidad tras las protestas del 11 de julio, cuando cientos de hombres y mujeres y algunos niños, la mayoría de los cuales no eran disidentes, fueron barridos por una dura represión que continúa hasta el presente.
Los miembros de su comunidad al principio estaban molestos por la injusticia del encarcelamiento de sus hijos o hijas o de su cónyuge y luego se angustiaron cuando el gobierno comenzó a dictar largas sentencias después de juicios sumarios. Cuando la gente escuchó que un pastor visitaba a una de esas familias para orar con ellos, comenzaron a venir en busca de apoyo espiritual y el hogar se convirtió en una “Casa de Oración”. Cuando las familias de los injustamente encarcelados en otros pueblos y ciudades se enteraron de la “Casa de Oración”, le pidieron al pastor que también los visitara, y pronto hubo múltiples casas de oración creciendo en toda la región.
El 15 de enero la policía y la Seguridad del Estado allanaron una de las Casas de Oración. Los presentes, con la ayuda de miembros de la comunidad en general, sacaron al pastor por una puerta trasera y pudo escapar. Se escondió, pero en Cuba, una isla con un aparato de inteligencia intrusivo, era solo cuestión de tiempo hasta que lo encontraran. El 28 de febrero lo hallaron.
El 10 de marzo, CSW se reunió con el padre José Castor Álvarez Devesa, sacerdote católico radicado en la ciudad de Camagüey, quien fue golpeado y detenido durante la noche, después de que intentara ayudar a un joven golpeado por la policía durante las protestas del 11 de julio. Posteriormente fue acusado de delitos penales no especificados y se le prohibió viajar. Los cargos se retiraron silenciosamente a finales de 2021.
A pesar de su trato, el Padre Castor no se doblega y expresa lo motivado que estaba por la forma en que más y más líderes religiosos, tanto católicos como protestantes, continuaron expresando abiertamente sus críticas a la legislación injusta y las acciones del gobierno. Lloró al recordar lo solo que se había sentido en el pasado y señaló que el sentimiento de soledad y aislamiento es precisamente lo que el gobierno quiere que sientan las personas como él. “Habrá un nuevo frente”, dijo, “y será en el trabajo de la Iglesia con los disidentes y las familias de los presos políticos. El gobierno usará todo lo que tenga en su arsenal, pero no los abandonaremos”.
Por Anna Lee Stangl, jefa de incidencia política de CSW
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