Michoacán es un estado ubicado en el centro de México. Esta región de montañas y bosques está habitada por las poblaciones indígenas P’urhépecha, cuya lengua P’urhe aún se habla hoy en día y que son reconocidos por su fino trabajo y artesanías con los diferentes tipos de madera que se encuentran en la zona. Los p’urhépecha se concentran en 22 municipios a lo largo del estado. 1
Michoacán también es conocido por su belleza natural y la riqueza de su tierra y clima, lo que lo convierte en un lugar propicio para el cultivo de diferentes frutas que se exportan a nivel internacional, entre ellas el aguacate. México es el mayor productor a nivel mundial de este preciado producto que tiene un impacto económico anual de miles de millones de dólares.
La meseta de P’urhépecha alberga alrededor del 70% de la producción nacional de aguacate de México. Esto ha dado lugar a enfrentamientos en Michoacán entre grupos del crimen organizado que se disputan el control del territorio y el mercado del aguacate. La situación ha provocado, a su vez, la formación de milicias comunitarias y grupos de autodefensa que, hartos de la extorsión y los abusos cometidos por los grupos del crimen organizado, han tomado las armas para proteger sus tierras. En algunos casos, sin embargo, estas milicias comunitarias y grupos de autodefensa también han estado involucrados en la violación de los derechos humanos.
Presión para la uniformidad
Durante el período colonial, la población indígena de Michoacán creció y se expandió en una mezcla de tradiciones que asimilaron la religión católica romana. Esto sigue componiendo la mayoría religiosa en el estado. Muchas de estas comunidades se rigen por la Ley de Usos y Costumbres, que protege el derecho de los pueblos indígenas a preservar su cultura y mantener las formas tradicionales de gobierno. Está debe ejercerse siempre respetando y protegiendo las de derechos humanos que la Constitución Mexicana y los Tratados Internacionales de los que es parte México establecen, sin embargo, el Gobierno hace poco para garantizar esto.
Lamentablemente, en las últimas décadas, se han denunciado casos de graves de violaciones a la libertad de religión o de creencias en el Estado, especialmente en las zonas administradas por la Ley de Usos y Costumbres. Durante este tiempo, el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por intervenir.
En 2002, en la comunidad de La Zarzamora, en el municipio de Los Reyes, los líderes comunitarios, con la ayuda de miembros de la comunidad, incendiaron una iglesia de madera construida por la minoría protestante, argumentando que no se permitía en la comunidad otra forma de culto que no fuera la de la mayoría religiosa. A partir de ese momento los líderes llegaron a “acuerdos” que prohibían la entrada de cualquier Pastor o líder religioso a la comunidad. Estos acuerdos se aplicaron años después, en 2011, 2014 y 2015, cuando la minoría religiosa intentó celebrar bodas en las que participaran sus miembros y un pastor invitado.
En cada una de estas celebraciones, los líderes de la comunidad cerraron el acceso a la comunidad. Esta situación generó conflictos al interior y en algunos casos la mayoría religiosa reaccionó con violencia. En 2021, se pintaron palabras ofensivas en las puertas del lugar de culto de la minoría religiosa, y en 2022 se arrojaron piedras contra el lugar que ahora se utiliza para reuniones. Nunca hubo ninguna investigación sobre el incendio de la iglesia protestante, ni sobre la discriminación y los actos violentos que surgieron después de eso, y quienes llevaron a cabo estos actos nunca han rendido cuentas.
En el municipio de Nurio, a unos 46 km al oeste de La Zarzamora en coche, la minoría religiosa ha sufrido graves violaciones de la libertad de religión y creencias a manos de los líderes de la comunidad de la misma manera. En el caso más reciente, en 2018, cinco personas pertenecientes a la minoría religiosa fueron encarceladas después de que se negaran a contribuir económicamente a los festivales católicos romanos locales. Fueron detenidos durante varios días hasta que cada familia pagó una multa en lugar de la contribución requerida para el festival.
Incluso ahora, nadie en la comunidad está exento de pagar esta cooperación que se realiza dos veces al año y es de alrededor de 2000 pesos mexicanos (aproximadamente £ 95) por familia. La situación se ha vuelto aún más complicada e inestable en Nurio con la transformación de la policía municipal en un grupo de autodefensa fuertemente armado. Si bien el propósito del grupo armado es aparentemente para proteger a la comunidad de los grupos delictivos organizados, también se ha convertido en un brazo militarizado de los líderes comunitarios para hacer cumplir las decisiones, incluida la contribución financiera obligatoria a las festividades católicas romanas.
Según el testimonio de miembros de la iglesia protestante en el municipio de Tangamandapio, a unos 50 km al norte de Nurio, quienes asisten a cualquier reunión en la iglesia protestante pueden esperar ser acosados, sufrir discriminación y ser objeto de burla en la comunidad. Las contribuciones financieras a las fiestas de la Iglesia Católica Romana son obligatorias para todos los habitantes de Tangamandapio. Quienes recaudan los fondos requeridos mantienen un registro de los miembros de la comunidad elaborado por el Instituto Nacional Electoral del gobierno local, así como un registro adicional de quienes tienen familiares trabajando en el extranjero con el fin de exigirles que paguen un monto mayor. Desde 2015, los miembros de la religión mayoritaria en Tangamandapio prohibieron a un pastor protestante alquilar o comprar cualquier tipo de propiedad debido a las actividades religiosas que realizaba en la comunidad. En 2019, fue amenazado y extorsionado por un grupo del crimen organizado.
No hay a quien acudir
Estas son algunas de las historias que se repiten en las zonas regidas por el sistema de Usos y Costumbres, que no respeta la libertad de religión y creencias religiosas, a pesar de que este derecho está otorgado a todos los mexicanos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes y reglamentos estatales.
Si bien este tipo de violaciones son muy comunes en muchos estados con una gran población indígena, la situación en Michoacán se ha vuelto especialmente compleja por la industria multimillonaria del aguacate, la presencia de grupos del crimen organizado que compiten por el poder y el dinero, y el desarrollo de milicias comunitarias de autodefensa. Al parecer, los miembros de las minorías religiosas de estas zonas no tienen a dónde acudir en busca de protección.
CSW e Impulso18 hacen un llamado a los representantes gubernamentales responsables de estos temas para que utilicen sus posiciones para comenzar a visibilizar estas situaciones que enfrentan cientos de familias en el estado de Michoacán.
Si bien México en su conjunto se caracteriza por altos niveles de impunidad, la libertad de religión y creencias es un área en la que los responsables de violar la ley casi siempre son fácilmente identificables y el gobierno, si así lo decidiera, podría tomar medidas para comenzar a establecer el estado de derecho. Lo único que piden los miembros de las minorías religiosas en las zonas indígenas es que el gobierno los trate de la misma manera y con el mismo respeto que a todos los pueblos originarios del estado de Michoacán y les extienda las mismas protecciones fundamentales.
Pablo Vargas, Director para México de CSW (Impulso 18 AC)
Imagen por Roger Ce en Unsplash.