En Colombia la oscuridad llega rápidamente debido a su proximidad al ecuador, y no fue diferente el jueves 5 de julio de 2007. Esa noche, Joel Cruz García, un pastor de 27 años, escuchó golpes en la puerta principal de la pequeña casa que compartía con su esposa Yuvy y su hija de nueve meses, en el pueblo de El Dorado en el departamento de Huila. Cuando el pastor abrió la puerta, se encontró con un grupo de individuos fuertemente armados y vestidos con el uniforme de la Brigada 17 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, quienes le exigieron que los acompañara.
Al pastor no se le dio otra opción, y su esposa contó más tarde cómo, incluso cuando los guerrilleros lo maltrataban y le ridiculizaban por su fe, Joel les citó un versículo de la Biblia que decía: “Vivir es Cristo y morir es ganancia”.
“Bien”, respondieron los guerrilleros. “Entonces morirás”.
La Brigada 17 había planeado asesinar a cuatro pastores en El Dorado, con la intención de eliminar en una noche a todos los líderes cristianos protestantes de la zona. Más tarde, los testigos compartieron que los líderes del grupo guerrillero habían hecho advertencias públicas de que no querían ningún protestante en la región. Uno de los cuatro pastores en la lista de la brigada no estaba en casa, había viajado a otra parte del país. Otro más, de alguna manera se enteró del complot y logró huir antes de que los guerrilleros pudieran encontrarlo, pero Joel y otro pastor de 63 años, Humberto Méndez, fueron secuestrados, torturados y ejecutados.
Yuvy y su hija también se vieron obligadas a huir junto con otros miembros de su familia extendida y buscaron refugio en la ciudad capital de un departamento vecino, donde vivían en una situación precaria sin ingresos ni apoyo económico.
Lamentablemente, este caso no fue el único, sino que fue parte de una política implementada por las FARC y otro grupo guerrillero de izquierda -el Ejército de Liberación Nacional, mejor conocido como ELN- durante el conflicto interno de Colombia que duró décadas.
Ambos grupos prohibieron sistemáticamente los servicios religiosos y otros tipos de actividades religiosas, o impusieron severas restricciones a la expresión religiosa, en las zonas bajo su control. Las consecuencias para las personas, sobre todo para quienes ocupaban puestos de liderazgo, que no obedecían estas prohibiciones fueron graves. En el otro lado del complejo conflicto, los grupos paramilitares de derecha también atacaron a los líderes religiosos porque reconocían su papel de liderazgo e influencia en comunidades más grandes, lo que a menudo entraba directamente en conflicto con los objetivos de los grupos armados.
Hace veinte años, en octubre de 2003, visité Colombia por primera vez, representando a Solidaridad Cristiana Mundial (CSW) en una conferencia celebrada en Cartagena de Indias, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Aproveché mi presencia allí para responder a múltiples solicitudes que CSW había recibido en los años anteriores, para investigar informes sobre ataques específicos contra líderes religiosos por parte de diversos actores, en el conflicto que comenzó en la década de 1960 pero evolucionó con el surgimiento de diferentes grupos armados ilegales, durante las siguientes décadas.
Durante esta primera visita, además de la Costa Atlántica, viajé a las ciudades de Bogotá y Medellín. Mi última parada fue San José de Guaviare, un pueblo ubicado en medio de una región con una presencia muy significativa de las FARC. Allí conocí y entrevisté a familias que días o semanas antes, habían sido desplazadas a la fuerza por las FARC. Compartieron conmigo historias de violencia, opresión y miedo. Un pastor protestante me contó las amenazas que habían recibido por negarse a obedecer las órdenes de las FARC de cerrar las puertas de sus iglesias.
Una joven de aproximadamente 18 años, me relató cómo antes de su desplazamiento, había crecido en una zona con total prohibición de expresión religiosa impuesta por las FARC. Ella y otros cristianos sólo lograron realizar pequeñas reuniones de oración en casas de personas de confianza. Esto era similar a las historias que había escuchado en países como China y Vietnam, pero nunca imaginé que podrían ser una realidad en un país como Colombia.
Mientras estaba en Medellín, un defensor local de derechos humanos que trabajaba con líderes eclesiásticos de la región, me entregó una lista de 300 nombres. Cuando comencé a leerlo, me di cuenta, para mi horror, de que las 300 personas habían sido asesinadas por grupos armados ilegales, entre ellos las FARC, el ELN, las derechistas Autodefensas de Colombia -conocidas como AUC-, y otros grupos paramilitares. Cada nombre en la lista representaba a un líder de la iglesia que había sido asesinado en sólo tres años, entre 2000 y mi llegada en 2003.
Mi visita a Colombia en 2003 y lo que aprendí allí, nos llevó a establecer un acuerdo entre CSW y el Consejo Evangélico de Colombia (CEDECOL), para implementar un proyecto de documentación de los casos de violaciones graves de derechos humanos, a manos de grupos armados ilegales y experimentados contra personas que habían sido blanco de ataques por sus intentos de ejercer libremente su libertad de religión o de creencias. Durante los siguientes trece años, voluntarios de toda Colombia, con el apoyo de organizaciones locales, documentaron miles de casos, algunos de los cuales fueron públicos; pero muchos otros no, por temor a represalias por parte de los grupos armados ilegales, contra los sobrevivientes que arriesgaron su vida al compartir sus testimonios.
Estos casos incluyeron el asesinato en junio de 2007 de un pastor en el departamento de Arauca, quien recibió nueve disparos de guerrilleros del ELN frente a su iglesia. Al menos 50 personas presenciaron el asesinato, entre ellas la esposa del pastor y sus tres hijos. Dirigentes del ELN confirmaron que había sido asesinado por “haber realizado servicios religiosos en territorio guerrillero”.
Unos años más tarde, otro pastor en la misma ciudad fue asesinado. Su hijo de 15 años, que presenció el asesinato de su padre en 2010, dijo que los guerrilleros le preguntaron a su padre “si no sabía que el culto estaba prohibido”, antes de abrir fuego.
En otra parte del país con una fuerte presencia paramilitar, tres hombres armados y enmascarados irrumpieron en la casa de Rafael Velázquez, pastor de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular después de un servicio religioso en la tarde del 6 de septiembre de 2009, en el pueblo de Maranonal, Departamento de Córdoba. Frente a la esposa del pastor y seis jóvenes de la iglesias, los paramilitares abrieron fuego contra el pastor matándolo instantáneamente.
Dada la cantidad de casos documentados por los voluntarios de CSW en Colombia en un período de diez años, siempre me he preguntado ¿cuál será la sifra real de líderes eclesiásticos asesinados en las décadas anteriores, las cuales fueron igualmente violentas?
Nuestra investigación indicó claramente motivaciones similares detrás de los ataques a las comunidades religiosas y sus líderes. En algunos casos, especialmente con las FARC y el ELN, hubo un claro conflicto ideológico. La ideología política de ambos grupos consideraba la presencia e influencia de las iglesias como un problema al que la única respuesta era la erradicación. Las razones fueron menos ideológicas y más prácticas cuando se trataba de los grupos paramilitares. Estos grupos no toleraron voces independientes, y mucho menos críticas, en las zonas que controlaban. Cuando, por ejemplo, intentaban reclutar a jóvenes y niños para sus filas y un pastor local predicaba un mensaje de paz y no violencia, ese pastor se convertía en un problema que debía ser eliminado.
El gobierno colombiano reconoce que no sólo fueron víctimas las personas en el contexto del conflicto interno, sino que en algunos casos se señalaron categorías específicas de personas, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas y sindicalistas, y atacados de una manera única, experimentando una especie de sufrimiento colectivo. Lamentablemente, cuando se aprobó la Ley 1448, también conocida como Ley de Víctimas, en 2011, el sector religioso quedó excluido.
Ahora existe una iniciativa encabezada por la senadora Lorena Ríos, ex coordinadora de asuntos religiosos del Ministerio del Interior de Colombia, para modificar la ley y lograr incluir -tardíamente- al sector religioso. Es hora de que el gobierno colombiano reconozca que, dentro de un conflicto extremadamente complejo y de larga duración con millones de víctimas, el sector religioso y, en particular, líderes religiosos como Joel García Cruz, fueron atacados sistemáticamente por grupos armados ilegales, en áreas donde uno o más de estos grupos mantuvieron una fuerte presencia.
Por Anna Lee Stangl, jefa de abogacía de CSW