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‘Destruyeron mi vida; Me vendían y me compraban como a una oveja‘.
Kofan tenía 14 años cuando los terroristas del Estado Islámico (EI) la secuestraron en su aldea en Sinjar, en el norte de Irak, en 2014.
Durante la década siguiente, fue vendida como esclava sexual varias veces y, en un momento, fue “propiedad”, junto con otras seis mujeres, de un anciano llamado Abou Jaafar. Todas las mujeres del grupo fueron brutalmente golpeadas y violadas repetidamente mientras estaban en cautiverio.
El mes pasado, Kofan fue rescatado del campo Al-Hawl en el noreste de Siria, donde se encuentran retenidos miles de excombatientes del “EI” y sus familias. Tiene un hijo y una hija y se vio obligada a adoptar un seudónimo para ocultar sus antecedentes como yazidí por temor a represalias por parte de otras mujeres en el campo.
Hay miles como ella.
“EI” mató a unos 5.000 civiles yazidíes por negarse a convertirse al Islam después de capturar Mosul y las llanuras de Nínive en 2014. Entre 400.000 y 500.000 yazidíes fueron desplazados, y entre 6.000 y 7.000, predominantemente mujeres y niños1 como Kofan, fueron esclavizados, y la mayoría vendidos o trasladado a Siria.
Aquellos que pertenecían a otros grupos religiosos no suníes experimentaron horrores similares. Incluso después de la liberación de su región en 2017, se estima que más de 2.800 yazidíes secuestrados siguen desaparecidos.
Lamentablemente, el uso del secuestro y la violencia sexual y de género (VSG) como medio para infligir trauma a comunidades religiosas, de creencias y étnicas durante los conflictos armados no es exclusivo de Irak y Siria.
En Myanmar, hay informes creíbles de que el ejército es responsable de violencia sexual y de género generalizada contra la población civil. La comunidad predominantemente musulmana rohingya, que fue objeto de las llamadas “operaciones de limpieza” en 2016 y 2017, se ha visto especialmente afectada, con niños menores de diez años entre las víctimas.
En un contexto de miles de muertos y cientos de miles de desplazados forzosos por la violencia, es imposible estimar el número de mujeres y niñas que sufrieron violencia sexual relacionada con el conflicto (CRSV), sin embargo, un informe de agosto de 2023 del Mecanismo de Investigación Independiente de la ONU para Myanmar (IIMM) concluyó que “tales crímenes fueron tan generalizados en el contexto de las operaciones de limpieza que la mayoría de los testigos entrevistados hasta la fecha tienen pruebas relevantes a este respecto”.
Se trata de los mismos militares que tomaron el poder en el país en febrero de 2021. Ningún funcionario militar o civil ha sido investigado, y mucho menos procesado, por estas violaciones; sin embargo, el IIMM afirma que hay pruebas contundentes de que los militares y sus milicias asociadas han cometido cada vez más crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en los tres años transcurridos desde que se produjo el golpe.
Las mujeres y las niñas son igualmente vulnerables en Sudán, donde las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) han estado en conflicto desde abril de 2023. Ambas fuerzas son responsables de violaciones atroces contra ciudadanos sudaneses, aunque son las RSF las que han sido acusadas con mayor frecuencia, de cometer violencia sexual y de género. En febrero de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó un informe que señalaba que las RSF fueron identificadas como perpetradoras en el 83% de los casos de violencia sexual, denunciados a la agencia entre el 15 de abril y el 15 de diciembre de 2023.
En noviembre del año pasado, un grupo de expertos de la ONU expresó su preocupación por el hecho de que tales crímenes se estuvieran utilizando “como herramienta de guerra para subyugar, aterrorizar, quebrantar y castigar a mujeres y niñas, y como medio para castigar a comunidades específicas atacadas por las RSF y las milicias aliadas”. Además, la escalada y la gravedad de la violencia cometida contra mujeres y niñas tampoco se denuncian en gran medida, ya que muchos supervivientes no pueden denunciar la situación por miedo a represalias y al estigma.
Llegar a una estimación del número de personas afectadas se complica aún más, por el hecho de que el número de mujeres y niñas que han sido sometidas a desaparición forzada también está aumentando, mientras que algunas de las que han logrado regresar tienen heridas graves e historias horribles de violaciones, en los centros de detención de RSF. También hay informes preocupantes de que soldados de RSF casan por la fuerza a mujeres en zonas bajo su control y las someten a esclavitud sexual.
El resurgimiento de la violencia sexual extrema y a gran escala en Sudán se produce inmediatamente después de los acontecimientos en la región de Tigray en Etiopía, donde los soldados eritreos, las fuerzas gubernamentales y la milicia amhara, junto con agresores, la utilizaron amplia y brutalmente contra mujeres y niñas de Tigray. alardeando regularmente de “limpiar” el linaje de sus víctimas.
Horrores similares continúan en otras partes del continente, incluida Nigeria central, donde una facción armada ilegal compuesta principalmente por hombres de etnia fulani es responsable de ataques violentos y secuestros para pedir rescate casi a diario. Un número incalculable de mujeres y niñas han sufrido violencia sexual. Pocos hablan abiertamente debido al estigma residual y a sentimientos de vergüenza profundos, pero injustificados.
La violencia sexual y de género continúa devastando las vidas de mujeres y niñas en zonas de conflicto en todo el mundo. Aunque el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) lo define como un crimen contra la humanidad, los perpetradores rara vez comparecen ante la justicia y, por lo tanto, se sienten envalentonados por la aparente impunidad.
Esta impunidad debe terminar.
Las partes en conflicto en Sudán deben acordar un alto el fuego integral de inmediato y proporcionar asistencia urgente para todas las víctimas, en particular para sobrevivientes de violencia sexual y de género.
El ejército de Myanmar debe poner fin a su brutalidad contra los civiles y permitir una asistencia humanitaria sin obstáculos, dando prioridad a los sobrevivientes de la violencia sexual.
Las autoridades de Irak y Siria deben hacer todo lo que esté a su alcance para localizar y rescatar a las miles de mujeres y niñas cuyo paradero sigue desaparecido.
Fundamentalmente debe haber rendición de cuentas.
Consciente de la necesidad de mejorar la capacidad de la CPI para investigar y procesar la violencia sexual y de género, la Fiscalía lanzó una Política sobre Persecución de Género en 2022, seguida de una nueva Política sobre Delitos de Género en diciembre de 2023.
La comunidad internacional debe garantizar que se haga justicia en nombre de todas las mujeres y niñas que hayan sido víctimas de violencia sexual o de género, relacionadas con el conflicto. Este crimen de lesa humanidad ya no debe quedar impune ni ser insuficientemente denunciado. Es esencial que a las sobrevivientes no sólo se les brinde protección y el apoyo psicosocial necesario para presentarse de manera segura y buscar reparación, sino que también se acabe de una vez por todas cualquier estigma que les impida hablar.
Por Anna Lee Stangl y Dra. Khataza Gondwe, directoras de promoción de CSW
Imagen de portada: Una mujer etíope que dice haber sido violada en grupo por hombres armados es vista durante una entrevista con Reuters en un hospital de la ciudad de Adigrat, región de Tigray, Etiopía. REUTERS-Baz Ratner
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