Este fin de semana México elegirá a 20 mil 286 representantes, incluyendo un nuevo Presidente, 128 nuevos senadores, 500 diputados federales, gobernadores, presidentes municipales y miembros de las legislaturas estatales.
Aunque durante las campañas electorales se han abordado varios desafíos, un tema del que apenas se ha hablado es el de los Derechos Humanos, a pesar de los continuos llamamientos de las organizaciones de la sociedad civil para que esto cambie.
En 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México registró 156,743 violaciones a los derechos humanos. Los tipos de violaciones más frecuentes fueron la detención arbitraria, los actos de discriminación cometidos por funcionarios públicos y la denegación o prestación inadecuada de servicios públicos como el agua y la electricidad.
Un tipo de violación de los Derechos Humanos que recibe aún menos atención, pero que también es muy común en los estados de todo el país, es el derecho a la libertad de religión o creencias. En su Encuesta Nacional contra la Discriminación (ENADIS) 2022, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) encontró que tres de cada diez personas de la diversidad religiosa, informaron haber sufrido discriminación en los últimos 12 meses. Esta estadística se traduce en aproximadamente cuatro millones de personas. La misma proporción señaló que el principal problema que enfrentan es la falta de respeto a sus tradiciones y costumbres.
Un ejemplo emblemático es el caso de más de 150 cristianos protestantes en el estado de Hidalgo, quienes fueron forzados a desplazarse de sus comunidades de Rancho Nuevo y Coamila, hacia Huejutla de los Reyes la cabecera municipal. El grupo ha pasado más de un mes esperando que el gobierno, de cualquier nivel, responda a su situación, incluidos los actos de violencia y las amenazas que han enfrentado por parte de los líderes comunitarios, debido a sus creencias religiosas.
CSW ha documentado numerosos casos de amenazas, discriminación y agresiones hacia este grupo religioso minoritario desde 2015, que culminaron con la expulsión de su comunidad el mes pasado. Los líderes de las comunidades afirman que la negativa de las familias a volver al catolicismo romano, la religión tradicional mayoritaria en ambas comunidades justifica su desplazamiento forzado. Los agresores se amparan en los “usos y costumbres” –un sistema que permite a las comunidades indígenas mantener las formas tradicionales de gobierno y proteger su cultura– como algo que les otorga el derecho legal de hacer cumplir la uniformidad religiosa. Ese argumento en realidad es un abuso de los Usos y Costumbres, y constituye una grave violación de las leyes estatales, federales e internacionales de los Derechos Humanos. Durante la última década, a medida que las violaciones de la libertad de religión han continuado y se han vuelto cada vez más graves en ambas comunidades, los gobiernos municipales y del estado de Hidalgo han ignorado las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incluidas las de las Naciones Unidas.
Para complicar las cosas, el Presidente Municipal, que tiene la responsabilidad principal de responder a este tipo de situaciones, se separó recientemente de su cargo, y se postuló como diputado federal para las próximas elecciones. En su lugar, le corresponde al Secretario de gobierno abordar el agravio de estas familias que pertenecen a una minoritaria religiosa. El gobierno municipal parece tener poco interés en encontrar una solución a la situación que se ajuste a la ley. En cambio, continúan minimizando la gravedad del caso y están revictimizando a las familias, presionándolas para que firmen un acuerdo ilegal que les exigiría cumplir con cualquier actividad impuesta por las autoridades, para participar en actividades religiosas. Además, el acuerdo prohibiría a cinco familias regresar a su comunidad y obligaría a las víctimas a aceptar pagar una multa de más de $750,000 pesos (aproximadamente £34,600 libras esterlinas). Hasta ahora, el gobierno del estado de Hidalgo, que debería intervenir cuando el gobierno municipal no cumple con sus responsabilidades bajo la ley, no lo ha hecho.
Este es solo un ejemplo de la discriminación que existe en México. El problema no se limita a Huejutla de los Reyes, ni siquiera al estado de Hidalgo. En los últimos 15 años, CSW ha documentado más de 100 casos similares en más de ocho estados diferentes, en los que el sistema de usos y costumbres se aplica erradamente con impunidad para presionar y castigar a las personas que no desean participar en actividades asociadas con la mayoría religiosa.
Muchas de estas situaciones están actualmente activas. Las personas y familias de minorías religiosas ven interrumpido su acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad y el alcantarillado, se prohíbe a sus hijos asistir a las escuelas locales y se bloquea su capacidad para enterrar a sus muertos en el cementerio público. En los casos más graves, desgraciadamente demasiado comunes, estos actos ilegales van acompañados de violencia, detenciones arbitrarias, confiscación de tierras y propiedades, y desplazamientos forzados. El gobierno, en todos los niveles, no interviene sistemáticamente para proteger los derechos de las víctimas y defender sus propias leyes que garantizan la libertad de religión y creencias para todos.
Lamentablemente, esto significa que innumerables casos de este tipo han quedado inactivos y los afectados no han tenido más remedio que aceptar que no pueden contar con ninguna respuesta de justicia. En las últimas décadas, desde 1970, decenas de miles de personas han sido desplazadas por la fuerza debido a su religión o creencias. La cultura de impunidad que rodea a estos actos significa que nunca pueden regresar a sus hogares y sus lazos con su cultura, su tierra y, en muchos casos, su identidad familiar y etnolingüística se rompen irrevocablemente.
No se puede permitir que este ciclo continúe como en el caso de Coamila y Rancho Nuevo, pero la clara renuencia de los gobiernos municipal y estatal a defender la ley es preocupante. Es un reflejo del enfoque del gobierno, a nivel nacional, hacia la situación de pasividad en el mejor de los casos, y de consentimiento, en el peor. Los funcionarios gubernamentales de todos los niveles deben adoptar una posición inequívocamente clara, al afirmar las garantías de la libertad de religión y creencias establecidas en la ley, incluida la Constitución mexicana, y en el derecho internacional de los Derechos Humanos del que México es parte.
CSW hace un llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno – municipal, estatal y federal – que serán elegidos este fin de semana para que se comprometan a tomar medidas activas en sus nuevos cargos para garantizar que nadie sea tratado como un ciudadano de segunda clase sólo por formar parte de una minoría religiosa.
Por Pablo Vargas, Director Nacional – México de CSW/Impulso18 AC
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