A las 6 de la mañana del 10 de agosto de 2024, quince agentes de policía con pasamontañas portando rifles AK-47 arrestaron a Carmen María Sáenz Martínez, de 49 años, en su casa en Lomas de Santo Tomás en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua.
Dos horas después, la policía en dos patrullas detuvo a la colega de Carmen, Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, de 58 años, en la Finca Guadalupana en Samulalí en el Municipio de San Ramón.
Ambas mujeres trabajaban con la Diócesis Católica Romana de Matagalpa, anteriormente dirigida por el ahora exiliado obispo Rolando José Álvarez Lagos, quien pasó casi un año y medio en prisión antes de ser expulsado del país hacia al Vaticano en enero de 2024. Lesbia había trabajado con el proyecto de crédito rural y urbano de la diócesis desde 2006, y Carmen como promotora de justicia en casos de anulación de matrimonios, desde 2018.
Desde los arrestos, sus familias no han sabido nada de ellas.
Carmen y Lesbia se encontraban entre los 46 líderes religiosos que fueron detenidos arbitrariamente en Nicaragua en 2024, como se documenta en un nuevo informe de CSW. Muchas de las detenciones fueron de corta duración, de unas horas o días, sin embargo, algunas, como la de estas dos mujeres, han continuado durante semanas y meses. Parece que no hay mucha lógica en cuanto a el por qué.
En un caso el verano pasado, un sacerdote católico romano fue detenido por un jefe de policía local cuando regresaba a casa después de visitar a un familiar en otro municipio. Fue liberado cuatro horas más tarde, pero no antes de que le dijeran: “Puedes irte, pero ten cuidado con compartir lo que pasó en las redes sociales porque te arrestaremos; y ya sabes que la misa siempre está bajo vigilancia, así que ten mucho cuidado con lo que dices en los sermones“.
En otro caso, un matrimonio de cristianos protestantes, ambos pastores, fueron detenidos por un alto oficial de la policía quien los llevó a una prisión de máxima seguridad, donde los separaron y los interrogaron. Ambos fueron sometidos a un trato inhumano, incluido trato de naturaleza sexual, en el caso de la esposa, y se les dijo que su detención era consecuencia de haber orado por Nicaragua e Israel en sus servicios religiosos. La iglesia del matrimonio fue cerrada después de su liberación, y desde entonces se les ha prohibido participar en cualquier actividad de naturaleza religiosa.
Estos casos son sólo algunos ejemplos de los que se ha experimentado en los últimos años, estos eventos se registran en la vida diaria bajo un régimen que se ha vuelto cada vez más hostil a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y especialmente en contra de quienes los defienden.
En 2024, el Gobierno nicaragüense canceló la personalidad jurídica de casi 2,000 organizaciones independientes de la sociedad civil, con lo que el número total de organizaciones que han sufrido ese trato desde 2018 asciende a más de 5,500. Las afectadas (entre ellas, órdenes religiosas, iglesias, denominaciones protestantes enteras, escuelas, universidades, organizaciones benéficas religiosas y cadenas de radio y televisión) formaban parte fundamental del tejido social de Nicaragua y, en muchos casos, brindaban programas y servicios que beneficiaban a miles de hombres, mujeres y niños en todo el país.
A los ojos del Gobierno, los esfuerzos de estas organizaciones por mejorar sus comunidades son considerados una amenaza, tal vez incluso una crítica a su propia incapacidad para apoyar a sus ciudadanos. Esto, por supuesto, es inaceptable.
Por razones similares, el régimen sigue interfiriendo fuertemente en las actividades religiosas. Durante años, predicar sobre la justicia, la unidad y la democracia se ha considerado una crítica al gobierno y, por lo tanto, se ha tratado como un delito, mientras que los actos religiosos públicos y las procesiones están prohibidos para todos, salvo unos pocos grupos que están alineados con el régimen y lo apoyan.
En algunos casos, incluso actividades que no eran explícitamente religiosas han sido objeto de ataques, como fue el caso de los feligreses de la iglesia de San Miguelito, en San Miguelito, Río San Juan, a quienes en octubre se les ordenó cerrar una venta de pasteles que se había organizado para ayudar a recaudar fondos para reparar el techo de la iglesia.
El mensaje es claro: el Gobierno nicaragüense no permitirá que ningún grupo o individuo que se perciba como la más mínima amenaza a su autoridad y supervivencia actúe libremente.
Por lo tanto, es esencial que la comunidad internacional haga todo lo posible para fortalecer y apoyar las voces independientes nicaragüenses, incluidas las de los cientos de expresos políticos que han sido exiliados a la fuerza del país en los últimos años.
También deben redoblar los esfuerzos para que el Gobierno rinda cuentas por sus crímenes, y los Estados no deben dejarse disuadir por otros grandes violadores de los derechos humanos como China, Cuba y Venezuela, con quienes Nicaragua ha fortalecido sus relaciones. El Gobierno debe dar respuestas sobre el paradero de Carmen y Lesbia, liberarlas a ellas y a todos los demás presos políticos que quedan en el país y, en última instancia, poner fin a sus amplios y violentos esfuerzos por silenciar, intimidar y oprimir a su propio pueblo.
Por Ellis Heasley, Oficial de Prensa y Asuntos Públicos de CSW
Haga Click aquí para unirte al llamado de CSW al gobierno de Nicaragua para que responda sobre el paradero de Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda.
Haga Click aquí para leer el nuevo reporte de CSW sobre Nicaragua.