A finales de 2015, Rogelio Hernández Baltazar regresó a su comunidad en Rancho Nuevo, municipio de Huejutla de Reyes, estado de Hidalgo. Había pasado varios meses trabajando en los campos de Coahuila, en el norte de México, porque no había oportunidades de trabajo ni de generar ingresos para mantener a su familia en su propio pueblo.
Esta vez las cosas fueron diferentes; regresó a su comunidad transformado tras años de lucha contra la adicción al alcohol y controlar la ira. Mientras trabajaba en Coahuila, un colega lo invitó a la Iglesia Bautista Fundamental local, donde decidió entrar al cristianismo. Lo que no sabía era que esto le traería graves consecuencias en su comunidad.
Cuando Rogelio regresó a casa, las cosas parecían no haber cambiado mucho, pero algo dentro de él sí. Solo llevaba dos meses asistiendo a la iglesia en Coahuila, pero al regresar a su comunidad indígena náhuatl, la gente notó un cambio tan significativo en él, que empezaron a preguntarse qué le había pasado en su lugar de trabajo. Con la poca comprensión que tenía, Rogelio comenzó a explicar que su cambio radical se debía a lo que había leído en la Biblia, así que invitó a la gente a participar en estudios bíblicos en su casa.
Para 2016, tres familias ya asistían regularmente a los estudios bíblicos que dirigía Rogelio. Cada semana se reunían en una casa diferente. Compartían café y lo que tenían en casa, sin mucha preparación. Con solo un par de meses en su iglesia anterior, y aunque nunca había podido terminar la primaria, Rogelio se convirtió en pastor de una nueva iglesia local en Rancho Nuevo, a la que llamaron “La Gran Comisión”.
Fue en ese momento que su situación comenzó a complicarse y también la de todos los interesados en el tema. Pronto, los miembros de la comunidad que asistían a esta nueva iglesia comenzaron a sufrir acoso de las mayorías religiosas católicas que los amenazaron con suspender su acceso a los programas sociales y ya no ser reconocidos como miembros de la comunidad. Las autoridades del pueblo consideraron que las enseñanzas de Rogelio contradecían las tradiciones locales, que exigían la participación de todos sus miembros en las festividades religiosas de la Iglesia Católica Romana y en las tareas para el funcionamiento de la propia iglesia.
Para 2018, como medida de presión, a los hijos de las familias que asistían a la Iglesia de la Gran Comisión se les prohibió asistir a la escuela primaria local. Cuando una maestra en turno intentó intervenir, fue despedida por los líderes del pueblo. A partir de ese momento, los miembros de la Iglesia de la Gran Comisión comenzaron a presentar una serie de denuncias ante la Fiscalía de Hidalgo y la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, pero ninguno de los dos hizo recomendaciones ni solicitó a las autoridades que tomaran medidas para proteger los derechos de la minoría religiosa.
Para entonces, la comunidad cristiana protestante de Rancho Nuevo y el pueblo vecino de Coamila, había crecido ya eran 19 familias; a pesar de la discriminación que sufrían, seguían reuniéndose y enfrentando las dificultades que sus creencias religiosas les habían generado. En 2019, la iglesia inició una escuela en casa, apoyada con materiales y recursos de iglesias protestantes que conocían el caso, para que los hijos de las familias de la minoría religiosa pudieran tener acceso a la educación.
En los años siguientes, la violencia y la discriminación continuaron. Era habitual que Rogelio y otros líderes de la iglesia fueran hostigados en la calle, o que hombres ebrios golpearan con palos y machetes las frágiles puertas de madera de la iglesia y las casas de sus feligreses, buscando intimidar a quienes consideraban causantes de la división en la comunidad.
Para 2021, ningún miembro de la Iglesia de la Gran Comisión podía participar en las reuniones de la Asamblea Comunitaria y ya no eran reconocidos como miembros de pleno derecho de la comunidad. Como resultado, no podían registrar los nacimientos ni las defunciones, ni acceder a ningún programa social. Además, se les acusaba de eludir el trabajo comunitario obligatorio para todos los miembros adultos de la comunidad, a pesar de que las autoridades locales les había prohibido hacerlo.
En diciembre de 2022, la violencia se intensificó cuando una mujer de la iglesia, llamada María Concepción, fue golpeada por varios hombres de la comunidad al intentar resolver un problema de buena gana planteado por un vecino en un terreno de su propiedad. Ella estuvo en cuidados intensivos durante cuatro semanas, pero logró recuperarse tras varios meses de tratamiento. Ahora sufre complicaciones de diabetes crónica, y su espalda agravadas por la golpiza. El ataque marcó un antes y un después en la relación entre los líderes de la comunidad y las familias protestantes, ya que las antiguas amenazas de violencia finalmente se cumplieron, y quedó claro que los líderes de la aldea también estaban dispuestos a atacar a las mujeres.
Para 2024, 35 familias ya formaban parte de la iglesia. En marzo de ese año, una mujer, madre de un miembro de la iglesia, falleció y los líderes de la comunidad se negaron a enterrarla en el cementerio público, alegando que solo la mayoría religiosa católica podían ser enterrados allí.
Ese mismo mes, los líderes de la iglesia, incluido Rogelio, fueron detenidos arbitrariamente y multados con $15,000 pesos (en promedio unas 50 veces el salario de un día) por seguir visitando a familias no cristianas para orar por ellas, y porque dos familias más se habían unido a la iglesia.
La situación empeoró semanas después, el 26 de abril, cuando la frustración de los líderes de la comunidad contra la minoría religiosa, siguió creciendo y los miembros de la comunidad recurrieron al robo de los cables eléctricos de la iglesia y a bloquear el acceso a la misma y a las casas de algunos miembros. Los líderes comunitarios amenazaron con usar la violencia contra todos los miembros de la iglesia, incluidas las mujeres, si continuaban hablando de su fe en la comunidad.
Ante esto, los líderes de la iglesia solicitaron el apoyo de las autoridades municipales de Huejutla, quienes les ofrecieron las instalaciones de un deportivo como albergue provisional para que las familias —compuestas por 176 personas, más de la mitad, niños — se refugiaran mientras esperaban la resolución del conflicto. El diálogo con los líderes de Coamila y Rancho Nuevo, que aún niegan que se trate de un asunto religioso, sino de una rebelión contra las decisiones de la Asamblea Comunitaria, no prosperó.
Tras más de seis meses de hacinamiento en el polideportivo, tras enfrentar la escasez de alimentos y la presión de funcionarios del gobierno municipal y estatal que minimizaron constantemente el caso, se firmó un acuerdo con las autoridades de la comunidad el 19 de septiembre de 2024. Este acuerdo debería haber permitido el regreso de los cristianos protestantes desplazados a sus hogares, pero nunca se cumplió, a pesar de las reclamaciones de los líderes del pueblo y las visitas de las autoridades municipales, ya que las amenazas y los ataques contra los miembros de la minoría religiosa continuaron dentro de la comunidad.
Cuando las familias regresaron, se dieron cuenta que miembros de la comunidad destruyeron las puertas de la iglesia y de las casas de varios feligreses; saquearon muebles y robaron nuevamente el cableado eléctrico en sus casas. Los tanques de agua de las familias fueron perforados con machetes, sus tierras ocupadas y se habían apropiado de un pozo de agua. Los líderes de la comunidad dejaron claro que no tenían intención de cumplir el acuerdo, ya que eran ellos quienes estaban a cargo del lugar. Dijeron a las familias de la minoría religiosa que si querían regresar a sus hogares debían someterse a todas las decisiones de los líderes comunitarios y participar en todas las actividades de la comunidad, incluyendo aquellas vinculadas a la Iglesia Católica Romana.
Por esta razón, Rogelio y el grupo de la minoría religiosa, ante la presión del municipio para abandonar el albergue que nunca fue habilitado, e imposibilitados de regresar a sus hogares debido a los peligros que allí corrían, decidieron mudarse al municipio de Chalma, en el vecino Estado de Veracruz, donde se propusieron comenzar de nuevo. Durante los primeros meses, la comunidad vivió bajo lonas hasta que un donante proporcionó materiales para unas viviendas más adecuadas. Bautizaron su nueva comunidad ‘la Paz’, una frase que describe el sueño de estos creyentes, desde el 2015.
Ya ha transcurrido un año desde el desplazamiento forzado de las familias, pero las violaciones a la libertad de religión o creencias no han cesado en el municipio de Huejutla. Un problema similar ha surgido en Contepec, donde tres familias protestantes han sido presionadas para participar en actividades católicas o tendrán que abandonar su comunidad por la presión, la discriminación, las amenazas y la violencia en su contra.
Por esta razón, a un año del desplazamiento forzoso de Rogelio y más de 170 cristianos protestantes de sus hogares, CSW hace un llamado al gobernador Julio Menchaca y al presidente municipal de Huejutla, José Alfredo San Román Duval, quienes han minimizado estas situaciones, a que tomen medidas para poner fin al sufrimiento de toda una comunidad de familias que no han cometido otro delito que el de pertenecer a una minoría religiosa en su comunidad.
Escrito por Pablo Vargas, Director Nacional – México para CSW/Impulso18 AC
Quisiera saber si estos hermanos han acudido al Arzobispo de México y exigirle que ponga en orden a sus feligreses, puesto que es de conocimiento público que la Iglesia Católica respeta y promueve la tolerancia religiosa en todas sus formas y en todo el mundo.