El 11 de junio, las familias y seres queridos de Neelkant y Pushpa Verma se reunieron para lo que debería haber sido un día de celebración. La joven pareja cristiana debía casarse en Raipur, en el estado indio de Chhattisgarh, sin duda todos estaban llenos de emoción por lo que debería haber sido uno de los días más felices de sus vidas y por toda la alegría que les esperaba en los años venideros.
Pero esta emoción se vio truncada cuando tres mienbros de su comunidad de alrededor de veintite años de edad irrumpieron en el lugar de la boda, cortando el suministro eléctrico y declarando que los cristianos no podían celebrar bodas en el pueblo. Cuando la familia de Neelkant intentó contactar con la compañía eléctrica, más de 30 residentes se congregaron frente al lugar, destrozando los vehículos de los invitados e incendiando el edificio.
La turba comenzó a insultar a las mujeres y a rasgar algunos de sus saris [prenda tradicional india]. Cuando los hijos de las mujeres intentaron defender a sus madres, fueron apedreados y obligados a refugiarse en una casa cercana. Una vez dentro, llamaron a la policía, que llegó rápidamente y los escoltó a un lugar seguro, logrando dispersar a los atacantes.
Hasta el día de hoy, no se ha hecho justicia por el ataque.
Un agresor, arrestado por la policía, fue liberado tan solo un día después. Las víctimas presentaron una Denuncia (FIR), documento necesario para que la policía abra una investigación, pero el jefe del consejo de la comunidad presionó a la familia de Neelkant para que retirara su FIR y se abstuviera de celebrar más eventos como bodas y cumpleaños, amenazando con cortarles el suministro de agua si se negaban.
Tan pronto como terminó la reunión, un grupo de lugareños atacó al hermano, al padre y a los feligreses de Neelkant, obligando a cinco familias, incluida la de Neelkant, a huir a una aldea vecina en busca de seguridad.
Al momento de escribir este artículo, todo el ganado y las tierras de cultivo de las familias agredidas, permanecen en su comunidad natal, pero las víctimas aún no han regresado por temor a sufrir más violencia y discriminación.
Lamentablemente, el caso de Neelkant y Pushpa no es un caso aislado. Los ataques contra minorías religiosas, en particular cristianos y musulmanes, se han vuelto demasiado comunes en innumerables comunidades rurales de toda la India.
Por ejemplo, del 12 al 14 de abril, seis familias cristianas fueron desalojadas de sus hogares en el Distrito de Sukma, también en el estado de Chhattisgarh, por negarse a convertirse de nuevo a la religión indígena de la comunidad. Un grupo de lugareños irrumpió en las casas de las familias, cargó sus pertenencias en un tractor y las obligó a marcharse, alegando que el cristianismo representaba una amenaza para las antiguas prácticas y creencias de la comunidad.
El auge del nacionalismo hindú durante la última década, bajo el liderazgo del Partido Bharatiya Janata (BJP), ha provocado un aumento de los ataques contra minorías religiosas y étnicas por parte de actores no estatales. El primer ministro Narendra Modi ha omitido reiteradamente denunciar los ataques contra grupos minoritarios, lo que contribuye a una persistente cultura de impunidad.
A menos que se aborden las violaciones, es probable que aumenten las preocupantes tendencias de desplazamiento forzado en las comunidades rurales.
Esta misma práctica es evidente en México, donde el gobierno suele mostrarse reacio a proteger los derechos de las minorías desplazadas. Las violaciones suelen producirse en zonas rurales empobrecidas, donde las autoridades temen una reacción violenta por parte de los habitantes de las aldeas locales.
En abril del año pasado, por ejemplo, más de 170 cristianos protestantes fueron desplazados de sus hogares en las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo, en el estado de Hidalgo, debido a su negativa a participar en las actividades de la Iglesia Católica Romana durante casi una década.
Las violaciones a la libertad de religión o creencias (LdC) se han documentado ampliamente en las comunidades desde el 2015, donde as autoridades locales repetidamente obligan a la minoría religiosa a participar y contribuir económicamente a los festivales y actos de culto católicos, pero el Gobierno no hace ningún esfuerzo por reducir la tensión.
En septiembre del 2024, las autoridades estatales y locales llegaron a un acuerdo para que las familias regresaran a sus comunidades. Sin embargo, no tardó en aprobarse enmiendas que exigían a la minoría religiosa contribuir económicamente a la Iglesia Católica Romana. Al grupo también se le negaría el acceso a la salud y la educación durante un año más. Al regresar, las víctimas encontraron que algunos miembros de la comunidad habían destruido varias casas y instalaciones para los recursos hídricos vitales. Fue entonces cuando todas las familias afectadas decidieron mudarse al estado de Veracruz, donde se vieron obligados a reconstruir sus vidas desde cero
Hay innumerables familias como ellas en el país, que viven con la esperanza de que algún día podrán regresar a sus hogares y vivir libres del miedo a la violencia, el acoso y la destrucción de sus propiedades y medios de vida.
La tendencia del desplazamiento forzado en México debería ser una clara advertencia para otros gobiernos, en particular en el contexto de la India, donde casos similares han comenzado a aumentar. Nadie debería ser expulsado de su comunidad debido a su religión o creencias. Es necesario un mayor énfasis en la rendición de cuentas y la justicia a nivel gubernamental, para abordar adecuadamente la práctica del desplazamiento forzado.
Por lo tanto, es esencial que los gobiernos de la India y México redoblen sus esfuerzos para garantizar que se respete plenamente la protección de la libertad de religión o creencias, incluso en las zonas más remotas de los países. Ignorar los ataques a pequeña escala permitirá que se arraiguen patrones más amplios y peligrosos, y el silencio sobre estos temas solo generará más violencia, lo que conducirá a la fractura de las comunidades y, en última instancia, a la división y el odio a largo plazo.
Es crucial que ambos gobiernos garanticen la supervisión de las autoridades locales que actúan con impunidad; que los incitadores de actos de violencia y otros intentos de castigar o presionar a las comunidades religiosas minoritarias, rindan cuentas, y que las víctimas que ya han perdido sus medios de vida debido al desplazamiento forzado, reciban recursos adecuados y una compensación por las duras experiencias a las que han sido sometidas.
Por Anna Shannon, pasante de defensa de derechos de la CSW