En mayo de 2026, el pastor evangélico Armando Montero* recibió una citación de un organismo de seguridad del Estado.
El pastor, que además trabaja como desarrollador de software, fue convocado para rendir declaración en un caso relacionado con un antiguo cliente para quien había diseñado un programa destinado a gestionar las ventas de un negocio de rifas digitales que ofrecía vehículos y apartamentos como premios.
Este modelo de negocio se había vuelto cada vez más popular. Numerosos influencers lo replicaron, pero después terminaron siendo investigados por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero. Cuando las autoridades realizaron allanamientos contra personas involucradas en estos esquemas de rifas, el antiguo cliente de Armando abandonó el país, a pesar de que —aparentemente— su empresa operaba de manera legal, contaba con los permisos necesarios y cumplía con sus obligaciones tributarias.
Sin embargo, lo que parecía ser una entrevista rutinaria como testigo, terminó convirtiéndose en una detención de ocho días para Armando.
«Según entiendo, me llevaron como testigo para declarar sobre esta persona. Sin embargo, una declaración de un testigo no debería durar más de unas pocas horas, y yo permanecí detenido durante ocho días completos».
Durante los interrogatorios, aunque Armando respondía con sinceridad que no tenía conocimiento de actividades ilícitas, los funcionarios supuestamente redactaban declaraciones que contenían respuestas completamente diferentes. Según relata, el objetivo era obligarlo a firmar un documento que sirviera como una «denuncia formal» y convertirlo en el «testigo principal» del caso, legitimando así una acusación fabricada.
Debido a que las autoridades carecían de personal técnico calificado, presuntamente le proporcionaron una computadora y le exigieron reconstruir él mismo la base de datos para obtener más información sobre sus clientes. Posteriormente, los datos y estadísticas que entregó habrían sido alterados.
Armando describe haber sido recluido en condiciones precarias y sometido a una presión psicológica constante, que considera similar a los patrones de tortura psicológica y privación sensorial documentados por las Naciones Unidas. Uno de los ejemplos fue la desorientación espacial:
«Desde el momento en que entras a ese lugar, pierdes toda noción de dónde estás. Parece un laberinto, con numerosos pasillos y una iluminación que dificulta orientarse».
También describe condiciones degradantes y privación sensorial: una celda con un solo colchón y tres recipientes plásticos de cinco litros: uno para orinar, otro para las necesidades fisiológicas y un tercero con una pequeña cantidad de agua. No tenía acceso a baños, jabón ni utensilios para comer.
Asimismo, denunció haber sido expuesto a temperaturas extremas y privación del sueño: «Las condiciones físicas parecían diseñadas para impedir el descanso. Había un aire acondicionado extremadamente frío y no teníamos sábanas ni mantas. Luego apagaban el aire acondicionado y el calor se volvía insoportable. Era un ciclo constante de frío intenso y calor extremo».
La exposición a condiciones insalubres, la privación de agua y las celdas de castigo sin ventilación han sido documentadas en el reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (A/HRC/60/61), que advierte sobre un alarmante aumento de las detenciones prolongadas en régimen de incomunicación y los tratos deshumanizantes bajo custodia estatal.
Diversos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han documentado denuncias de aislamiento prolongado, coerción psicológica y presiones destinadas a obtener declaraciones incriminatorias en casos de alto perfil. Estos informes sugieren la existencia de coordinación entre el sistema judicial y los organismos de seguridad, incluido el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), para presionar a profesionales técnicos, confiscar herramientas digitales y obligar a las personas a firmar declaraciones falsas mediante amenazas dirigidas contra sus familias.
«Cuando descubrieron que era cristiano, todo cambió»
Según Armando, la situación empeoró cuando los funcionarios descubrieron que era cristiano y que había estudiado teología. Esto desató un patrón de hostigamiento verbal dirigido específicamente contra sus creencias religiosas.
«Desde ese momento comenzaron los ataques directos contra mi fe».
Uno de los funcionarios habría pasado largos períodos intentando desacreditar sus convicciones religiosas.
«Me decía que Dios me había abandonado, que la iglesia no servía para nada y que la fe era inútil. Intentaban convencerme de que Dios no me iba a sacar de allí».
«Constantemente afirmaban que los cristianos son ingenuos por creer en Dios en pleno siglo XXI. Había una persona que, aproximadamente cada treinta minutos, repetía exactamente el mismo discurso: que la fe no me salvaría, que los cristianos son tontos y que Dios no iba a intervenir».
Armando también denuncia que los funcionarios apagaban los sistemas de grabación y utilizaban un polígrafo no como instrumento técnico, sino como herramienta de presión. Durante los interrogatorios fue sometido a preguntas profundamente personales sobre su familia, infancia y matrimonio, además de insultos dirigidos a sus padres y a su esposa.
Afirma que agentes del SEBIN intentaron deliberadamente quebrantar su estabilidad emocional y sus relaciones familiares, incluso mediante el uso de inteligencia artificial para fabricar conversaciones falsas y hacerle creer que su esposa lo odiaba y que su matrimonio había terminado.
Las autoridades también le negaron el acceso a una Biblia, en contravención de las Reglas Nelson Mandela. Esta prohibición tuvo un impacto especialmente profundo en él:
«Para mí, eso fue como negarle la comida a una persona».
Frente a lo que describe como un intento de destruirlo emocionalmente por completo, Armando tomó una decisión al cuarto día de detención. Sin importar quién pudiera escucharlo, la música y la oración se convirtieron en su refugio y en su fuente de cordura.
Según relata, oficiales de alto rango lo llamaban «loco» y amenazaban con enviarlo a una institución psiquiátrica. Sin embargo, su fe permaneció firme.
«Lo único que realmente me ayuda es orar y adorar al Señor. Es lo único que me permite recuperar la calma».
Armando fue liberado después de ocho días de detención, pero continúa viviendo con miedo. Afirma que fue obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad, se le prohibió salir del país y recibió advertencias de que su familia se encuentra bajo vigilancia.
Las consecuencias siguen siendo evidentes:
«Temo que puedan hacerle algo a mi esposa o a mi familia para presionarme. He sufrido ataques de ansiedad, dificultad para respirar, entumecimiento de las manos y reacciones involuntarias mientras duermo».
Las liberaciones por sí solas no son suficientes
El caso de Armando debe entenderse en el contexto más amplio de las recientes liberaciones derivadas de la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela y promulgada el 19 de febrero de 2026. Hasta el 1 de junio de 2026, la ley había dado lugar a la liberación o al retiro de cargos contra 766 personas.
No obstante, las organizaciones de derechos humanos insisten en que estas medidas no eliminan la necesidad de investigar las denuncias de tortura, hostigamiento psicológico y restricciones a la libertad de religión o de creencias.
Según Foro Penal, organización venezolana de derechos humanos que brinda apoyo a víctimas de detenciones arbitrarias y a sus familias, más de 400 presos políticos continúan detenidos. Además, la organización ha documentado 19,102 detenciones por motivos políticos. Aunque más de 14,000 personas han sido posteriormente liberadas, más de 11,000 siguen sujetas a restricciones de su libertad, y durante 2026 se han registrado al menos 30 nuevas detenciones.
Casos como el de Armando demuestran que la situación de los derechos humanos en Venezuela no puede evaluarse únicamente por el número de personas liberadas, sino también por el trato que reciben durante su detención y por el grado en que se respetan su dignidad, su conciencia y sus derechos humanos fundamentales. Con la atención internacional y los recursos del gobierno comprensiblemente enfocados en aliviar las consecuencias de los devastadores terremotos del 24 de junio, sigue siendo esencial no olvidar a los que están en prisión.
Por la Subjefe del Equipo para América Latina de CSW
* El nombre del pastor ha sido cambiado por razones de seguridad.