Los pastores Mario Jorge Travieso Medina y su esposa Velmis Adriana Mariño González sólo quiereLos pastores Mario Jorge Travieso Medina y su esposa Velmis Adriana Mariño González sólo quieren que se les permita visitar a sus hijas en Estados Unidos. Anhelan asistir a una conferencia internacional para líderes afiliados a su red religiosa. Les gustaría mucho aceptar la oferta hecha por amigos de enviarles a unas merecidas y esperadas vacaciones; sin embargo, no pueden hacer ninguna de estas cosas, porque desde 2020, el gobierno cubano les prohíbe salir de la isla por “razones de seguridad nacional”.
Para ser considerada una amenaza a la seguridad nacional, sería lógico suponer que la pareja debería ser culpable de alguna actividad criminal. A pesar de que nunca han sido acusados ni juzgados, a los ojos del gobierno cubano, los pastores Travieso Medina y Mariño González fundaron y lideran desde hace 20 años una asociación ilegal. En contra de la visión del gobierno, su asociación es religiosa, pacífica y da la ayuda humanitaria que necesitan los habitantes de la comunidad circundante. Este es el tipo de trabajo que el gobierno cubano considera una amenaza a la seguridad nacional.
El pastor Travieso Medina se graduó de maestro en 1980, luego de finalizar sus estudios en educación física. Diez años más tarde, decidió cambiar de carrera y aceptó un puesto de tiempo completo como pastor en una iglesia asociada con una denominación cristiana protestante legalmente reconocida. En 1998, completó su trabajo de posgrado a distancia en un seminario con sede en Estados Unidos, donde obtuvo una maestría y un doctorado en teología. Ninguno de estos títulos fueron reconocidos por las instituciones cubanas.
En 1999 separó de la denominación con estatus legal, debido a que su liderazgo sufrió una fuerte presión del gobierno por la franqueza frontal del pastor contra el sistema. Dos años después, fundó una nueva asociación, el Ministerio Viento Recio en la ciudad de Las Tunas, vinculada al Movimiento Apostólico, una red de iglesias independientes en toda la isla.
Una estrategia distintiva del Régimen cubano con respecto a la libertad de religión o de creencias (LdRC) es, que el Estado exige a todas las organizaciones que operan en el país, que estén legalmente registradas en el Ministerio de Justicia, incluidas las de naturaleza religiosa. Pero el proceso es opaco y arbitrario, lo que hace que un registro legal sea prácticamente imposible de obtener desde el año de 1959, manteniendo un círculo vicioso entre las exigencias del Gobierno y el incumplimiento de cientos de iglesias consideradas ilegales.
Al Ministerio Viento Recio, al igual que cientos de otras organizaciones independientes de la sociedad civil, incluidos grupos religiosos, no se le permitió registrarse, así fue como el gobierno inició una extensa campaña de acoso contra la pareja de pastores Travieso y Mariño que continúa hasta el día de hoy, incluida la demolición de la iglesia en abril de 2016.
En 2022, el gobierno cubano renovó su Código Penal, aumentando las penas existentes, añadiendo multas y encarcelamiento, por liderar tanto organizaciones no registradas como celebrar reuniones no autorizadas.
Así también, la actual prohibición de viajar impuesta a la pareja es sólo la última versión del intento del gobierno, de presionar a los pastores restringiendo su libertad de movimiento. A principios de 2013, después de que el Partido Comunista Cubano eliminara los requisitos de larga data de un “permiso de salida” y una carta de invitación para viajar al extranjero, el pastor Travieso Medina solicitó un pasaporte. La respuesta de las autoridades fue que “la computadora lo había clasificado como limitado”, sin otra explicación.
Tres años más tarde, le informaron que se le permitía viajar sin explicación alguna sobre el cambio de estatus, pero aprovechó para viajar a una conferencia religiosa en Argentina. Cuando se dirigía a la puerta de embarque después de realizar el check-in en su vuelo, fue interceptado por funcionarios del Departamento de Identificación, Inmigración y Extranjería de Cuba (DIIE), quienes lo llevaron a una habitación privada donde registraron minuciosamente sus pertenencias y lo amenazaron con confiscarle el teléfono móvil. Finalmente le permitieron viajar, pero agentes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) aprovecharon su ausencia para saquear su iglesia, confiscando 20 bancos, lámparas, bandejas y otros elementos utilizados para el suministro de comidas, todos adquiridos legalmente. También amenazaron a la propietaria del lugar donde se encontraba la iglesia, con la confiscación de sus bienes si permitía que la iglesia continuara celebrando actividades religiosas en su propiedad.
Sólo unos meses después de que el pastor Travieso Medina regresara de Argentina, recibió una citación del Departamento de Planificación Física del gobierno a la cual llegó puntualmente a las 10 de la mañana del día siguiente y lo llevaron a una habitación, donde fue interrogado durante dos horas y media. Al final del interrogatorio, se le informó que no sólo se le prohibiría salir de Cuba, sino que también se restringiría su libertad de movimiento, dentro de los límites de la ciudad.
La restricción se levantó de nuevo en 2019 y el pastor podría viajar de nuevo. Sin embargo, en marzo del 2020 acudió a la oficina local de la DIIE en Las Tunas para renovar su pasaporte, donde lo hicieron esperar durante cuatro horas. Finalmente, un oficial de la DIIE le informó que no podía procesarse su solicitud de renovación de pasaporte, porque aún estaba sujeto a la prohibición de viajar, por lo que no se le permitía salir de la isla ‘ni por aire ni por mar’. El pastor pidió al funcionario que le explicara la justificación legal de esa prohibición de viajar; pero el oficial, quien se negó a identificarse, solamente respondió que era “por razones de interés público”.
El uso de restricciones a la libertad de movimiento de los ciudadanos tiene una larga historia en Cuba. Hasta 2013, todos los cubanos debían obtener un permiso de salida del gobierno para poder viajar al extranjero por cualquier motivo, que no podía obtenerse sin una carta de invitación. Esto permitió al gobierno examinar los planes de viaje de sus ciudadanos, y solamente se aprobaron los permisos de aquellos individuos y grupos que expresaran públicamente su apoyo al Estado y sus políticas fuera del país, y vetar los planes de aquellos que no lo hicieran.
En lo que respecta a los líderes religiosos, esto significaba que aquellos quienes formaban parte del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), apoyado por el gobierno, se les permitía viajar con relativa libertad. En contraprestación, se esperaba que estos mismos representantes negaran en el exterior, los informes de violaciones de derechos humanos cometidos en el país cada vez que surgiera la oportunidad. Un ejemplo infame de esto fue la declaración en marzo de 1988 del reverendo Raúl Suárez, un ex presidente del CIC quien viajó extensamente por todo el mundo durante décadas antes de que se levantara el requisito de un permiso de salida, y expresó en una conferencia de prensa en Ginebra, organizada por la delegación del gobierno cubano ante la ONU, que había una “libertad absoluta” de religión en Cuba.
Incluso después de que se reformaron las leyes de viaje y se eliminó el requisito de un permiso de salida, el gobierno cubano todavía encontró formas de restringir selectivamente la libertad de movimiento de su pueblo. En las últimas décadas, CSW ha documentado decenas de casos de líderes religiosos, incluidos sacerdotes católicos romanos, rabinos judíos, imanes musulmanes y líderes protestantes de denominaciones reconocidas y no reconocidas, a quienes se les impidió arbitrariamente salir de la isla.
En muchos casos, no se informó a las personas prohibidas de viajar, solo hasta que estuvieron en el aeropuerto, al pasar los controles de pasaportes cubanos antes de abordar su vuelo. En todos los casos, cuando preguntaron por qué no se les permitía viajar fuera de Cuba, se les informó que era por razones de “seguridad nacional”. Ninguna de las personas afectadas por estas prohibiciones de viaje recibió una explicación sobre el riesgo exacto que representaban a la seguridad nacional de Cuba. Cada uno de ellos, sin embargo, tenía un historial documentado de haber experimentado violaciones a su libertad de religión o creencia (LdRC) y una reputación de hablar abiertamente sobre ellas.
Los pastores Mario Jorge Travieso Medina y Velmis Adriana Mariño González encajan en este perfil. Han informado de 50 violaciones graves de la FoRB desde 2000 hasta el presente, incluida la ya mencionada demolición de su iglesia, detenciones arbitrarias, repetidos interrogatorios y multas, amenazas contra miembros y líderes de su ministerio y la cancelación forzada de eventos religiosos, por nombrar sólo algunos. Todo este acoso se debe a que se han negado a permanecer en silencio, no sólo sobre sus propias experiencias, sino también sobre las injusticias experimentadas por otros, como el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, encarcelado injustamente.
Nada de lo que el gobierno cubano les ha hecho hasta ahora ha logrado neutralizar a la pareja, y parece que el régimen puede estar cada vez más desesperado por deshacerse de ellos. En octubre de 2023, ambos acudieron a las oficinas provinciales del Ministerio del Interior y pidieron nuevamente que se levantara la prohibición de viajar. Se les informó que su solicitud se considerará, pero solo si prometían abandonar Cuba, y a las personas que formaron y el ministerio que han construido allí, para no volver. Unas semanas más tarde, se les informó a los pastores que, si bien a Travieso Medina se le permitiría viajar si aceptaba exiliarse permanentemente, tendría que hacerlo solo, porque su esposa aún mantendría la prohibición de viajar, en represalia por los mensajes que el pastor hizo en redes sociales a favor de Israel. Finalmente, la pareja decidió quedarse juntos en casa.
Por Anna Lee Stangl, jefa de abogacía de CSW y líder del equipo de las Américas
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