El 2 de abril, durante la Misa Crismal del Jueves Santo, el Cardenal Leopoldo Brenes se dirigió a cientos de líderes de la Iglesia Católica Romana que habían llenado la Catedral Metropolitana en la capital nicaragüense de Managua. Pronunció un sermón completo, pero una cita en particular suya fue aprovechada por Sputnik Mundo, una agencia de noticias estatal rusa:
‘La gente con toda generosidad, con toda libertad, se ha podido acercar a sus templos y están viviendo su fe que, creo, que es lo más importante …’
El día siguiente – Viernes Santo – un medio de comunicación controlado por el estado, Canal 4 Nicaragua, compartió una foto del cardenal encabezando una procesión frente a una iglesia en su página de Facebook. La publicación generó 248 comentarios, cada uno recibiendo decenas de “me gusta”, entre los que destacaron los siguientes:
“Qué difícil es para el ser humano entender que el sol no se puede tapar con un solo dedo”.
“jajaja el cardenal le tiene miedo al Chipote (Cárcel de Nicaragua)”.
“¡Ha sí? Y los antimotines en las afueras de la iglesia Guadalupe y la Ermita El Redentor ¡cómo para qué?”
“¿y la policía en las puertas de las iglesias para que la procesión no salga a la calle?
“El en el Rama hay más policías antimotines que feligreses en las procesiones”
Estos comentarios –y muchos otros en la misma línea- ponen de manifiesto la manera en que el gobierno nicaragüense -aparentemente en acuerdo con los medios estatales rusos- sigue desesperado por presentar una imagen falsa de la situación de la libertad de religión o de creencias en el país. Las palabras del cardenal pueden haberles beneficiado en este caso, pero por muchos años, esta ha sido una estrategia del régimen.
Las actividades religiosas públicas, incluyendo las representaciones de la Semana Santa, las procesiones del Vía Crucis y las peregrinaciones, están prohibidas en Nicaragua desde 2021. Dichas tradiciones religiosas solo pueden realizarse dentro de los templos. Este año, incluso se impidió a los líderes religiosos utilizar los espacios al aire libre ubicados en la propiedad de las iglesias.
En el norte de Nicaragua, las procesiones se vieron obligadas a realizarse dentro de las iglesias, y en las redes sociales se compartieron fotos y videos que mostraban a los fieles amontonados, sin espacio suficiente para representar el Vía Crucis. Algunas iglesias católicas se adaptaron, y los niños cargaban una efigie más pequeña de Jesucristo, para poder caminar entre lamultitud. En algunas iglesias, las figuras religiosas permanecieron en el centro durante las celebraciones. En otras más, los feligreses permanecieron de pie durante las lecturas, ya que no había espacio para moverse ni posibilidad de salir al atrio o al patio de la iglesia.
Como en años anteriores, la policía también instaló puestos de control en las fronteras de los municipios de todo el país, para vigilar el movimiento de civiles y evitar grandes aglomeraciones. En el departamento de Matagalpa, en el centro de Nicaragua, se observó la presencia de soldados en las carreteras de 12 municipios.
En años anteriores, la Policía Nacional rodeó edificios religiosos, incluyendo catedrales, iglesias parroquiales, capillas y ermitas en todo el país, con una mayor presencia en días festivos. En 2026, según fuentes consultadas por CSW en el norte del país, las autoridades adoptaron un enfoque más discreto: oficiales y miembros de grupos paramilitares y sandinistas, ingresaron a las iglesias vestidos de civil para vigilar las actividades religiosas, incluyendo la grabación y fotografía de asistentes y sacerdotes.
En Nueva Guinea, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, algunas comunidades reportaron que dentro de varias iglesias se podía identificar a miembros de la Policía Nacional, acompañados por militares vestidos de civil, pero identificables por sus botas y corte de cabello.
Estos acontecimientos delatan un deterioro más amplio de la situación de la libertad de religión o creencias (LdRC) que viene sucediendo en Nicaragua desde 2018.
CSW en 2025 documentó 309 casos distintos de LdRC. La mayoría involucraron múltiples violaciones de LdRC y muchas afectaron a un gran número de personas, y es probable que un porcentaje significativo de las violaciones no se denunciaran, debido al clima de miedo creado por el gobierno liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Más de 260 miembros de comunidades religiosas o de creencias, líderes religiosos y monjas, tanto nicaragüenses como extranjeros, fueron forzados al exilio, ya sea obligados a abandonar el país o impedidos de reingresar tras viajar al extranjero. Líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas o de creencias fueron sometidos a detenciones arbitrarias, tanto a corto como a largo plazo, en condiciones inhumanas, en algunos casos incomunicados.
Agentes que se identifican como pertenecientes a los servicios de inteligencia, visitan regularmente las iglesias para solicitar contraseñas y los nombres de los administradores de sus redes sociales. Se advierte a los líderes religiosos que cualquier contenido debe ser aprobado por las autoridades antes de su publicación. Hablar de democracia o libertad en sermones o mencionar a presos políticos, incluso en oraciones, se considera un delito.
A pesar de esto, muchos líderes religiosos continúan alzando la voz con valentía. La comunidad internacional les debe lo mismo. Los Estados comprometidos con la justicia y la democracia, deben exigir al gobierno de Nicaragua que cese la vigilancia de los lugares de culto y las restricciones a los líderes religiosos; que se respete la libertad de expresión desde el púlpito y permita que las tradiciones se celebren libremente en las calles. Finalmente, deben cesar los esfuerzos del gobierno por sofocar el trabajo de las instituciones religiosas y de la sociedad civil independiente, mediante impuestos, multas y la cancelación arbitraria de sus estatus legales.
Por el Oficial de Investigación y Defensa de CSW para Nicaragua.