La Línea Negra, conocida por los pueblos indígenas que habitan la región como Sé shizha, es el sistema de espacios sagrados que delimita el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia.
Para estos pueblos, no se trata simplemente de una frontera geográfica, sino de una red espiritual compuesta por sitios ceremoniales, lugares para realizar ofrendas rituales o “pagamentos”, espacios de conexión ancestral y de mantenimiento del equilibrio del mundo de acuerdo con la Ley de Origen, un conjunto de principios espirituales, culturales y normativos que, según las creencias indígenas, orientan la relación entre las personas, la naturaleza, el territorio y la vida comunitaria.
Sin embargo, recientemente han surgido preocupaciones respecto al derecho de estas comunidades a participar en la gobernanza de estos sitios. Autoridades tradicionales de Aracataca, Ciénaga y Santa Marta, en el departamento del Magdalena, afirman que nunca fueron convocadas ni involucradas de manera genuina y efectiva en los procesos de toma de decisiones relacionados con la protección de la Línea Negra.
El Decreto 0514, expedido el 19 de mayo de 2026 y firmado por el presidente Gustavo Petro, redefine y fortalece jurídicamente la protección del territorio ancestral, sustituyendo las disposiciones establecidas en el Decreto 1500 de 2018. Las preocupaciones expresadas por diversas autoridades tradicionales tienen relación con la libertad de religión o de creencias, ya que muchos de los sitios sagrados incluidos en el nuevo decreto quedan bajo esquemas de representación y toma de decisiones dominados principalmente por organizaciones con sede en los departamentos de Cesar y La Guajira. Según estas autoridades, esta decisión desconoce la relación histórica, territorial y espiritual que las autoridades Kogui del Magdalena que han mantenido durante generaciones con dichos lugares.
Para las autoridades ancestrales, los sitios sagrados no son simplemente lugares físicos, sino espacios para la conexión espiritual, la realización de pagamentos, la transmisión de conocimientos ancestrales y la preservación del equilibrio natural y cultural. En consecuencia, la exclusión de autoridades tradicionales de las decisiones relacionadas con estos territorios tiene implicaciones directas para el ejercicio de la espiritualidad indígena y la libertad de creencias.
La autoridad tradicional kogui Kutshabitaboya Sa Tuxe Kualdintana, máxima instancia de gobierno y decisión del pueblo Kogui del Magdalena, y Muñkuawinmaku, la Asociación de Autoridades Tradicionales Kogui del Magdalena, sostienen además que el nuevo decreto perpetúa un modelo de representación indígena concentrado exclusivamente en las organizaciones que integran el Consejo Territorial de Cabildos (CTC).1 Como resultado, otras autoridades ancestrales y organizaciones indígenas pertenecientes a distintos pueblos de la Sierra Nevada quedan excluidas.
No obstante, autoridades indígenas, entre ellas el Gobernador Kogui Atanasio Moscote, han señalado que existen otras organizaciones y procesos autónomos, incluidos sectores de los pueblos Kogui y Wiwa, que no hacen parte del CTC y que no fueron invitados de manera efectiva a los procesos de consulta previa relacionados con el nuevo decreto. Estas autoridades consideran que esta situación refleja un problema histórico en los procesos de consulta dirigidos a pueblos indígenas en Colombia, donde las minorías internas, las voces disidentes o las comunidades con posiciones religiosas y espirituales diferentes suelen ser ignoradas en los espacios oficiales de participación.
Muñkuawinmaku y Kutshabitaboya Sa Tuxe Kualdintana representan sectores del pueblo Kogui cuyas posturas espirituales, religiosas y organizativas difieren en algunos aspectos de las promovidas por las estructuras dominantes dentro del CTC. En particular, los orígenes de Muñkuawinmaku se remontan a 2006, cuando indígenas cristianos que habían sido desplazados forzosamente debido a sus creencias religiosas y que denunciaban discriminación y exclusión dentro de algunos cabildos indígenas comenzaron a desarrollar proyectos sociales propios.
Al mismo tiempo, empezaron a buscar independencia política de organizaciones como la Organización Gonawindúa Tayrona (OGT), autoridad indígena oficialmente reconocida en la Sierra Nevada, la cual, según afirman, legitimaba prácticas de segregación que afectaban a indígenas cristianos y a personas con otras creencias.
Con el paso del tiempo, el movimiento dejó de estar integrado exclusivamente por indígenas cristianos e incorporó a personas de otras creencias religiosas, incluidos seguidores de la espiritualidad ancestral prehispánica. Diversos “mamos”, líderes espirituales indígenas, y otras autoridades espirituales ancestrales se sumaron al proceso al considerar que no se sentían representados por las estructuras organizativas dominantes reconocidas por el Estado colombiano.
Según el Gobernador Moscote, muchas de estas autoridades espirituales buscaban retornar a las tradiciones ancestrales centradas en la espiritualidad y la Ley de Origen, “cuando todo era espíritu”. Estas autoridades también buscaban espacios de diálogo y convivencia con las comunidades indígenas cristianas que exigían respeto por su derecho a la libertad de religión o de creencias y a la libertad de conciencia.
Kutshabitaboya Sa Tuxe Kualdintana y Muñkuawinmaku obtuvieron reconocimiento jurídico formal como autoridades indígenas por parte del Estado colombiano en 2024. Debido a que no contaban con dicho reconocimiento oficial por parte del Ministerio del Interior cuando se expidió el Decreto 1500 de 2018, no fueron formalmente invitadas a participar en ese proceso. Sin embargo, actualmente han comenzado a denunciar públicamente los efectos negativos derivados de este modelo de representación.
Para el pastor indígena Juan Carlos Gil Nakogui: “Si estas organizaciones no son reconocidas ni invitadas por el Estado a participar en los procesos de consulta previa, sectores importantes del pueblo Kogui, incluidos aquellos con creencias religiosas distintas, interpretaciones espirituales diferentes o posiciones políticas divergentes, seguirán siendo excluidos de las decisiones sobre sus territorios ancestrales y sitios sagrados”.
Las preocupaciones planteadas por Muñkuawinmaku y Kutshabitaboya Sa Tuxe Kualdintana apuntan a un desafío más amplio para la gobernanza indígena y los procesos de consulta en Colombia: cómo garantizar que la diversidad interna esté verdaderamente representada. Los pueblos indígenas no son grupos homogéneos, y los mecanismos de consulta deberían ser capaces de reflejar la pluralidad de perspectivas espirituales, religiosas y organizativas existentes dentro de las comunidades indígenas.
Mientras continúan las discusiones sobre la implementación del Decreto 0514, persiste una pregunta fundamental: si los futuros procesos de consulta y gobernanza relacionados con la Línea Negra ofrecerán oportunidades reales de participación para todas las autoridades ancestrales, incluidas aquellas que se encuentran fuera de las estructuras actualmente reconocidas como representativas.
Atender estas preocupaciones podría contribuir no solo al fortalecimiento de la autonomía y el autogobierno indígena, sino también a la protección de la libertad de religión o de creencias, la libertad de conciencia y los derechos de las minorías indígenas cuyas voces han sido históricamente ignoradas.
Por ello, el Gobierno colombiano debe garantizar que los futuros procesos de consulta sobre la Línea Negra sean inclusivos, transparentes y representativos de toda la diversidad de comunidades indígenas afectadas por estas decisiones. Debe prestarse especial atención a la participación de autoridades ancestrales, minorías indígenas y comunidades con distintas creencias religiosas o espirituales, para que la protección de los territorios sagrados no se logre a costa de los derechos y las voces de quienes han sido históricamente excluidos de los procesos de toma de decisiones.
Por la subdirectora del equipo para América Latina de CSW
- Históricamente, la CTC ha estado compuesta por cuatro organizaciones: la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la Organización Gonawindúa Tayrona (OGT), la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) y la Organización Indígena Kankuama (OIK). ↩︎