Si bien el tráfico de drogas en México está lejos de desaparecer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó recientemente que “ya no hay guerra”. Tiene una nueva estrategia. El presidente dice que ya no están tratando de arrestar a los narcotraficantes, sino que quieren analizar las causas de la violencia.
“No hemos detenido a los jefes [de las bandas criminales] porque esa no es nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública … Lo importante para mí es bajar el número de homicidios, robos, que no haya secuestros. ¡Esto es lo esencial! No es algo extraordinario, porque perdimos mucho tiempo en esto y no resolvió nada ”.
Para lograr esto, AMLO parece estar buscando grupos religiosos.
Como parte de su Plan Nacional de Desarrollo (PND), AMLO está pidiendo a los grupos religiosos, entre otras instituciones, que expresen su opinión sobre las tres ideas centrales del PND: justicia y estado de derecho, bienestar y desarrollo económico.
Esto suena como un paso positivo, sin embargo, al considerar las estrategias actuales del gobierno para combatir los delitos y garantizar la seguridad pública, se hace evidente que México tiene mucho trabajo por hacer.
Acción inadecuada
Las violaciones moderadas a graves contra el derecho a la libertad de religión o de creencias (LdRC) son comunes en algunas partes de México. Si bien estas violaciones casi siempre involucran actos delictivos, el gobierno mexicano rara vez ha tomado las medidas adecuadas para intervenir, defender el derecho a la LdRC o garantizar que los delincuentes sean llevados ante la justicia dentro del país.
Los discursos del gobierno estatal sobre las violaciones de LdRC son a menudo confusos y contradictorios, y frecuentemente tienen como objetivo principal reducir las estadísticas de los casos de LdRC. Esto, junto con la falta de investigaciones completas y exhaustivas, significa que una cultura de impunidad rodea a la mayoría de los casos.
En las reuniones gubernamentales celebradas durante la reciente asignación de investigación de CSW a México, fue evidente que los funcionarios tienen poca confianza en sus leyes, o más bien, en el estado de derecho. Señalan el hecho de que aunque existen leyes fuertes a nivel general, las personas no las cumplen y no experimentan consecuencias negativas.
Mediación, negociaciones y acuerdos
Esto crea un cicloen el que las personas violan la ley y los funcionarios del gobierno buscan “mediar”, “negociar” o llegar a un “acuerdo” entre las víctimas y los delincuentes, en lugar de recurrir a mecanismos de justicia. Aparte de las preocupaciones sobre la falta de voluntad del gobierno para defender el estado de derecho, este método también tiene un defecto fundamental: si las personas no obedecen la ley, ¿por qué obedecerían a un “acuerdo”?
Este lenguaje de “acuerdos” frente a las violaciones de derechos humanos y la actividad criminal es problemático. Los acuerdos solo pueden funcionar si el gobierno interviene antes de una crisis y solo deberían ser una solución si no se han cometido delitos. Sin embargo, CSW ha observado que muchos acuerdos han sido negociados por abogados y funcionarios gubernamentales que carecen de una comprensión sólida de la LdRC. Como resultado, los acuerdos no resultan justos y pueden invitar a mayores restricciones sobre la LdRC; por ejemplo, un acuerdo con la comunidad de Buenavista Bahuitz, municipio de Margaritas, estado de Chiapas prohíbe a los niños hablar sobre su fe y obliga a los protestantes de la comunidad a pagar un impuesto especial anual.
Si la negociación de acuerdos se realiza de manera oportuna antes de que se haya cometido cualquier delito, entonces esta forma de mediación comunitaria podría ser una propuesta constructiva. Sin embargo, incluso en estos casos, el gobierno debe asegurarse de contar con un experto en LdRC para revisar el acuerdo y asegurarse de que esté en consonancia con la Constitución Mexicana y el derecho internacional.
Si se ha cometido un delito, un acuerdo no es suficiente. Si alguien ha sido objeto de agresiones violentas, ha sufrido daños en su propiedad, ha sido encarcelado arbitrariamente o ha sido desplazado por la fuerza, esos son actos delictivos y deben ser tratados como corresponde.
Esta es la única forma de garantizar la seguridad pública a largo plazo. Si los autores de delitos no son procesados, los delitos se volverán a cometer; una cultura de impunidad se convierte en norma cuando no hay justicia para las víctimas. Esto no puede ser una excepción de que se acepte cometer delitos cuando es por motivos religiosos o en nombre de Usos y Costumbres [1].
Esta cultura está bien demostrada por el caso de la comunidad protestante de El Encanto en el municipio de Las Margaritas en Chiapas. El 29 de noviembre de 2016, se cortó el acceso al agua a los miembros de la comunidad de la aldea. A pesar de presentar denuncias ante la alcaldía, la Comisión de Derechos Humanos y el gobierno estatal de Chiapas, estos miembros de la comunidad aún no tienen acceso al agua. Las violaciones han persistido y la falta de intervención del gobierno significó que en junio de 2018 se negó a las familias el acceso al servicio de cloacas.
Los niños de la comunidad se han visto obligados a tomar clases en un pueblo vecino después de que la asamblea local les prohibiera asistir a la escuela en El Encanto.
“La ruptura del estado de derecho”
El hecho de no tratar estos actos como crímenes reales contribuye a niveles extremadamente altos de impunidad en México y a la ruptura del estado y la ley. Estos casos suelen ser sencillos y fáciles de probar; rara vez se discute que hubo violencia, pero las personas a menudo intentan justificarlo diciendo que se hizo bajo la ley de Usos y Costumbres y por razones religiosas, lo que lleva al gobierno a tratar el crimen de manera diferente.
Si México va a desarrollar una cultura centrada en la justicia y al estado de derecho, el gobierno debe abordar estos casos correctamente y de acuerdo con sus propias leyes.
[1] La Ley de Usos y Costumbres de México permite a las comunidades indígenas gobernarse a sí mismas de acuerdo con las leyes y costumbres tradicionales. La ley está destinada a ser ejercida de acuerdo con los derechos individuales garantizados en la constitución, pero en realidad el gobierno tanto a nivel estatal como federal hace poco para hacer cumplir esto. Como resultado, los derechos de las minorías religiosas se violan habitualmente.
Por la Responsable de Defensa de CSW en América Latina
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