El 4 de abril, Maribel Silva, Isaíd Gómez y el tío de este, Carlos Valero, se dirigieron a acudir a una reunioón solicitada por un grupo armado ilegal que opera en el Municipio de Calamar, Departamento de Guaviare, Colombia. Al día siguiente, James Caicedo, Jesús Valero, Maryuri Hernández, Nixon Peñalosa y Óscar García hicieron lo mismo.
Tras no regresar a sus hogares en el paraje de Agua Bonita, en Pueblo Seco, sus familiares contactaron a representantes del grupo armado ilegal que había emitido las citaciones, pero ellos negaron haberlas emitido. Posteriormente, se advirtió indirectamente a los familiares que debían dejar de buscar a sus seres queridos y «considerar el caso cerrado».
Así, sus familias quedaron en el limbo, sumidas en la terrible incertidumbre de lo que les habría ocurrido, preguntándose si debían permanecer allí, aferrándose a la esperanza de que sus familiares regresaran a casa, o huir de la región por temor a represalias y por la seguridad y protección de la vida de los hijos y padres de las personas desaparecidas. Esas mismas ocho personas y sus familias se habían reubicado y establecido en Guaviare tras ser desplazadas del Departamento de Arauca debido a la violencia y las graves violaciones a la libertad de religión o de creencias, incluyendo el cierre de iglesias y los ataques contra pastores protestantes, por parte de grupos armados y criminales ilegales durante la última década.
Varios días después de su desaparición, las iglesias de ambas denominaciones afectadas comenzaron a realizar vigilias de oración. «Todos tenemos miedo», declaró una fuente a CSW, «y aunque confiamos en que Dios es justo y nunca nos abandona, existen circunstancias que pueden ocurrir, como la muerte de nuestros hermanos y hermanas».
Desde el principio, el pastor Fabián Cárdenas, presidente de la Alianza Evangélica de Colombia (DEAC), solicitó la intervención del Gobierno colombiano para esclarecer el paradero del grupo de ocho personas, entre las que se encontraban cuatro líderes y miembros de su denominación. Sus peticiones fueron secundadas por Farid Castaño García, alcalde de Calamar, quien también expresó su preocupación por la falta de respuesta de los gobiernos departamental y nacional a sus solicitudes en una reunión urgente del Consejo de Seguridad Nacional, así como por la Confederación Evangélica de Colombia (CEDECOL).
Fue evidente que las investigaciones no se llevaron a cabo con la urgencia necesaria y el Gobierno parecía estar dilatando el proceso.
Pasaron casi tres meses antes de que los peores temores de las familias se confirmaran el 1 de julio, cuando la Fiscalía General de la Nación las llamó para informarles del hallazgo de los cuerpos de sus seres queridos en una fosa común poco profunda.
Obedezcan o aténganse a las consecuencias
Según la Fiscalía General de la Nación, el Estado Mayor Central (EMC) era el responsable de los crímenes. El EMC es un grupo disidente liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias «Iván Mordisco», que se separó de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en rechazo al acuerdo de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano.
Durante el prolongado conflicto interno de Colombia, las FARC, grupo guerrillero marxista-leninista, mantuvieron una fuerte presencia en Guaviare, donde impusieron severas restricciones a la libertad de movimiento. En septiembre de 2009, Manuel Camacho, un pastor protestante de 33 años que había desobedecido las órdenes de las FARC de dejar de predicar su fe en Choapal, Guaviare, fue asesinado a tiros en la cara por guerrilleros frente a sus hijos pequeños y abandonado a su suerte. Su esposa e hijos se vieron obligados a huir de la zona tras recibir amenazas por haber denunciado el crimen.
La desmovilización de las FARC creó un vacío de poder en Guaviare y otras regiones. El EMC y el Estado Mayor Central de Bloques y Frentes (EMBF), otra facción disidente de las FARC, mantienen una presencia activa en el municipio de Calamar. Ambos grupos se encuentran en conflicto entre sí y con otros grupos armados o criminales ilegales, todos disputándose el control territorial de la región.
Si bien el gobierno se atribuyó la responsabilidad al EMC, no se ha revelado ningún motivo conocido de los asesinatos de Maribel, Isaíd, Carlos, James, Jesús, Maryuri, Nixon y Oscar.
Lo que sí es evidente es que las familias ya no se sienten seguras en sus iglesias locales. Sus comunidades eclesiales y otros líderes religiosos son plenamente conscientes de lo sucedido y de lo que podría ocurrirles a ellos si desobedecen cualquier exigencia o petición futura de grupos armados o criminales ilegales.
El mensaje ha sido claro: «Obedézcannos o aténganse a las consecuencias». Una cultura del miedo que amenaza con arraigarse aún más, desgarrando el tejido social de las comunidades y favoreciendo los objetivos de los grupos armados o criminales ilegales, en su afán por controlar por completo estas zonas.
En la práctica, esto significa que los líderes religiosos deben autocensurarse y ser muy cautelosos al predicar y orar sobre temas que podrían, inadvertidamente, «molestar» a estos grupos, como la paz, la justicia o el llamado a evitar actividades ilegales. Si los grupos imponen toques de queda estrictos o restricciones a la movilidad, como casi siempre hacen, la capacidad de los habitantes de estas zonas para practicar su culto puede verse limitada o incluso interrumpida por completo.
¿Hay Paz Total?
Cuando el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, un firme defensor del acuerdo de paz de 2016, asumió el poder en agosto de 2022, había grandes esperanzas de que su política clave, «Paz Total», redujera la violencia.
Los objetivos de Paz Total eran, cuanto menos, ambiciosos. Tres años después, los grupos armados ilegales y criminales siguen teniendo una influencia o control significativos en algunas zonas del país. Se han descuidado componentes clave de la paz: la verdad, la justicia y la reparación del daño. La desconexión entre las políticas de seguridad y paz, la indulgencia hacia algunos grupos armados ilegales, como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), y la falta de políticas adecuadas para incentivar a sus miembros a renunciar a la violencia y entregar sus armas, han provocado que estas esperanzas no se hayan cumplido.
El desplome del valor monetario de la hoja y la pasta de coca, de las que dependen muchos grupos armados ilegales y criminales para obtener ingresos, ha incentivado un enorme aumento de la extorsión, los secuestros para pedir rescate y el reclutamiento de menores. Estos grupos también han continuado expandiendo sus actividades más allá del cultivo y tráfico de estupefacientes, abarcando otros sectores como la minería ilegal.
A pesar de que el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, presentado en junio de 2022, no incluyó ninguna referencia a violaciones contra personas por motivos de religión o creencias, los asesinatos de las ocho personas en Calamar, Guaviare, no fueron hechos aislados.
El 29 de diciembre de 2024, el pastor protestante Marlon Lora fue asesinado en el departamento Cesar, junto con su esposa, su hijo y su hija. Unos diez días después, el pastor protestante Iván García también fue asesinado en el departamento de Magdalena tras recibir seis disparos, dos de ellos en la cabeza. En julio, el sacerdote católico Carlos Saúl Jaimes Guerrero fue secuestrado en el departamento de Cundinamarca y retenido durante aproximadamente diez días.
Estos incidentes evidencian la urgente necesidad de una política que incluya salvaguardias específicas para los líderes religiosos y que se reconozca la importante labor que realizan, la cual a menudo se extiende mucho más allá de los límites de un templo o una reunión dominical.
Sin embargo, en 2023, el gobierno colombiano eliminó a los líderes religiosos de la lista oficial de poblaciones particularmente vulnerables. En la práctica, esto significa que, incluso en casos donde los líderes religiosos han recibido amenazas creíbles y graves, ya no pueden acceder a los mecanismos oficiales de seguridad ni a los programas de protección destinados a quienes se consideran vulnerables.
Cualquier política que pretenda contribuir a la «Paz Total» debe garantizar la protección real del derecho a la libertad de religión o creencias, así como la reintegración de los líderes religiosos en virtud del Decreto 1066, para que se reconozcan de nuevo las vulnerabilidades únicas a las que se enfrentan, y así asegurar que tengan el acceso que les corresponde a los programas de protección y los mecanismos de seguridad del gobierno. Este es un tema urgente.
Por Emily Featherstone, subdirectora del equipo para América Latina de CSW
Imagen de portada: “Peace Steps on Social Movilitation” de Alexasinomas está bajo licencia CC BY-SA