Los gobiernos opresivos dependen, en parte, de dos factores: la unidad entre quienes los apoyan y las divisiones dentro de las comunidades que no las apoyan. Uno de los mayores desafíos para abordar la libertad de religión o creencias (LdRC) en países donde este derecho se viola con frecuencia, es superar las divisiones entre los diferentes grupos dentro del sector religioso, así como la brecha que a menudo existe entre el sector religioso y las organizaciones seculares de derechos humanos y otras organizaciones independientes de la sociedad civil.
En general, los grupos religiosos suelen ocupar una posición única dentro de la sociedad civil independiente. Están interconectados y organizados, en distintos grados, con miembros que asisten y participan regularmente en sus actividades. Suelen contar con un espacio físico, donde pueden realizar sus actividades con mínima interferencia externa. Algunos grupos religiosos realizan actividades orientadas al exterior, prestando servicios sociales. En muchos casos, los líderes religiosos no solo ejercen una importante influencia dentro de su respectiva comunidad, sino que también pueden ser percibidos como jueces morales de forma más amplia, incluso por personas que no comparten sus creencias religiosas.
Los regímenes opresores reconocen el peligro que representa el sector religioso comprometido socialmente y el de aquellos líderes religiosos que se oponen abiertamente al sistema, y que están dispuestos a colaborar estrechamente con la sociedad civil, para generar la defensa de los derechos civiles y políticos. Por lo tanto, las agencias de inteligencia y de seguridad del régimen, fomentan y avivan deliberadamente la división interna de los grupos religiosos, con el objetivo de neutralizar o cooptar a la sociedad civil independiente organizada.
Se alienta a los grupos religiosos, y especialmente a sus líderes, mediante la estrategia de recompensa y castigo, a aislarse entre sí y entre los grupos y movimientos independientes de la sociedad civil que defienden los derechos civiles y políticos. Muchos regímenes opresores buscan simultáneamente crear una imagen de legitimidad, tanto a nivel nacional como internacional, ofreciendo un trato preferencial a determinados líderes o grupos religiosos, a cambio de un apoyo público activo, a la vez que reprimen a todos los demás grupos religiosos.
Se pueden encontrar ejemplos de esto en todo el mundo. Cuba nos muestra una image masclara de cómo se manifiesta esto en la práctica. En la década de 1960, a medida que los hermanos Castro consolidaban su control, el Estado confiscaba las propiedades de grupos religiosos y los líderes religiosos eran perseguidos abiertamente: condenados a largas penas de prisión, enviados a campos de trabajo, forzados al exilio y, en algunos casos, ejecutados. Las voces disidentes eran reprimidas brutalmente. En las décadas de 1970 y 1980, se había establecido firmemente un clima de miedo y desconfianza en la sociedad. Esto se arraigó en el sector religioso, donde los grupos individualmente se aislaron entre sí, con poca o ninguna comunicación o conocimiento de las experiencias de sus homólogos.
La excepción fue el Consejo de Iglesias Cubanas (CIC), una organización inicialmente compuesta por una selección de denominaciones cristianas que representaban solo a una pequeña minoría de protestantes, y que desarrolló una relación de apoyo mutuo con el régimen de Castro y el Partido Comunista Cubano. Mientras que a los líderes de otros grupos religiosos se les prohibió en gran medida salir de la isla y comenzaron a practicar una severa forma de autocensura en su discurso, esforzándose por no decir nada que pudiera percibirse como “político”, a los líderes del CIC no solo se les concedieron regularmente visas de salida por parte del Gobierno, sino que se les alentó y se les alienta a viajar y a interactuar con sus homólogos internacionales, incluso sobre asuntos políticos, siempre y cuando promuevan la línea de que no hay problemas de libertad de religión o creencias y, que incluso, no hay violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Con la transición política hacia el presidente Miguel Díaz-Canel, las iniciativas de unidad entre diferentes grupos religiosos con organizaciones de derechos humanos, junto con el creciente malestar social y político, el Gobierno ha vuelto a identificar al sector religioso como un área de especial preocupación, y las denuncias de violaciones de la libertad de religión o creencias, muchas de ellas relacionadas con acoso y amenazas contra líderes religiosos, se han disparado en los últimos años.
Estrategias similares para neutralizar o cooptar al sector religioso han sido utilizadas con éxito por dictadores, gobiernos autoritarios y, en algunos casos, entidades no estatales en todo el mundo. El aparato de inteligencia cubano aplicó las lecciones aprendidas directamente de sus homólogos de la Stasi de la República Democrática Alemana. Hoy, en el mismo hemisferio, vemos a Nicaragua, bajo los Co-Presidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguiendo la trayectoria trazada por Cuba décadas atrás.
Nicaragua se encuentra en un período de persecución abierta. El Gobierno intenta eliminar rápidamente a la sociedad civil independiente, en parte despojando a miles de organizaciones de su personería jurídica. Los líderes religiosos, que se han pronunciado desde una perspectiva de fe sobre las injusticias cometidas por el gobierno, han sido objeto de ataques agresivos. El obispo Rolando José Álvarez Lagos, quien pasó un año y medio detenido y posteriormente se vio obligado a exiliarse, es quizás el más conocido de ellos. Sin embargo, desde 2018, más de 100 líderes religiosos, incluyendo sacerdotes, obispos, monjas, seminaristas y líderes laicos católicos, así como pastores protestantes, han sido obligados a abandonar el país, en ocasiones tras ser recluidos en prisiones de máxima seguridad.
En la actualidad, se cree que dos líderes laicas asociadas a la diócesis de Monseñor Álvarez, Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, arrestadas y encarceladas hace un año, se encuentran recluidas en un régimen de aislamiento en condiciones inhumanas. Sin embargo, el Gobierno no ha proporcionado ninguna prueba de vida desde su detención.
El mes pasado, el pastor Rudy Palacios Vargas, fundador de la Asociación de Iglesias La Roca de Nicaragua, quien tiene un historial por denunciar abusos del gobierno, fue detenido junto con sus hermanas, cuñados y tres amigos de la familia. Todos fueron acusados de traición y conspiración y prácticamente han desaparecido en el sistema penitenciario de máxima seguridad de Nicaragua. Uno de los amigos de la familia falleció bajo custodia. Su cuerpo fue devuelto a su familia sin explicación alguna.
El caso del pastor Palacios Vargas y las personas detenidas en relación con él, se une al caso del pastor Efrén Antonio Vílchez López, otro líder religioso evangélico protestante, detenido en 2022 y condenado a 23 años de prisión por cargos falsos, quien, según informes, se encuentra recluido en aislamiento en un pabellón de la Prisión “La Modelo”, utilizado para albergar a presos políticos. Sin embargo, junto con esta represión, y al mismo tiempo el despojo a denominaciones históricas de su estatus legal y el endurecimiento las restricciones a sus actividades, el régimen de Ortega y Murillo está buscando fabricar una imagen de libertad religiosa privilegiando a unos pocos grupos protestantes selectos, permitiendo incluso que algunos celebren eventos evangelizadores a gran escala.
Entonces, en este contexto y en contextos similares, ¿de qué maneras puede la comunidad internacional apoyar a los defensores de derechos humanos que trabajan para proteger a las personas y comunidades de la discriminación o persecución religiosa?
En primer lugar, es necesario reconocer que, desde una perspectiva religiosa, no existe necesariamente una línea clara que separe la religiosidad de los derechos humanos. Muchos consideran que comentar la realidad en la que viven es parte esencial de su rol como líderes religiosos. En muchos casos, el defensor de derechos humanos y el líder religioso son la misma persona.
Vemos esto en casos como el del obispo Álvarez y los pastores Palacios y Vílchez, quienes, desde una perspectiva de fe y como parte de su rol como líderes religiosos, se han sentido obligados a hablar —podrían decir proféticamente— sobre los abusos cometidos por quienes ostentan el poder.
Lo vemos en los lamentablemente numerosos casos de líderes religiosos católicos y protestantes asesinados en Colombia y México, por promover desde el púlpito una alternativa a la cultura establecida por grupos armados y criminales ilegales, y por denunciar la corrupción y la impunidad. También lo vemos en el caso del pastor José Ángel Pérez, pastor evangélico protestante en El Salvador, quien se encuentra en prisión acusado de desorden público y resistencia al arresto, tras unirse a miembros de su iglesia y comunidad para pedir pacíficamente la intervención del gobierno y detener el desalojo injusto de sus tierras.
Debe reconocerse a estos líderes religiosos como defensores de los derechos humanos. Deben ser incluidos en diálogos, mesas redondas, conferencias y sesiones informativas junto con grupos de derechos humanos y otras organizaciones que promueven los derechos civiles y políticos.
Para obtener una visión más precisa del estado de la libertad de religión o creencias, quienes buscan apoyar iniciativas para promover y defender esta libertad en países con dificultades deben, sin subestimarlas, mirar más allá de los grupos religiosos “oficiales” o mayoritarios, buscando maneras de interactuar con el espectro más amplio posible de grupos religiosos, incluidos los no reconocidos. También deben buscarse oportunidades para incorporar no solo a los principales líderes religiosos, sino también a líderes regionales o locales, y a grupos étnicos indígenas o no mayoritarios, que puedan tener experiencias distintas en materia de libertad de religión o creencias.
Se deben priorizar las iniciativas que cierren las brechas y abran vías de dialogo entre diversos grupos religiosos y entre los sectores religiosos y de derechos humanos, haciendo hincapié en áreas de interés común importantes para ambos, como las libertades de reunión, expresión y conciencia. La libertad de religión o creencias nunca debe abordarse como un derecho que existe de forma aislada, sino en su profunda superposición con esos derechos y otros, como los derechos de género, culturales e indígenas.
Los desafíos son numerosos, pero no insuperables. A lo largo de la historia, cuando la sociedad civil independiente y el sector religioso han logrado superar divisiones internas y forjar relaciones de cooperación, vemos múltiples ejemplos no solo de resistencia exitosa, sino también de derrocamiento y transición de sistemas represivos.
Por Anna Lee Stangl, Directora de Incidencia Política de CSW