En la noche del 28 de febrero, la policía cubana y agentes de la Seguridad del Estado realizaron un allanamiento, apresando a un hombre al que buscaban desde hacía 44 días. Lo llevaron a un centro de interrogatorios y le dieron un ultimátum: Abandonar el país en una semana o pasar los próximos 30 años en una prisión de máxima seguridad. A principios de marzo, el hombre se despidió de su esposa y de su pequeña hija y abordó un avión rumbo a Europa. Dieciocho horas después, presentó una solicitud formal de asilo en Suiza.
El hombre no había cometido ningún acto de violencia, ni había robado nada. Él es un pastor. Su único delito fue haber extendido su labor pastoral para alcanzar y orar con las familias de los presos políticos.
El gobierno cubano ha temido durante mucho tiempo cualquier vínculo entre grupos religiosos y disidentes políticos y, durante décadas, ha hecho un gran esfuerzo para mantener a ambos lo más separados posible. Esta es en parte, una estrategia general para aislar socialmente a todos aquellos que considera disidentes, incluidos activistas políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, con el fin de debilitarlos y, en última instancia, neutralizarlos. Sin embargo, es también, lo admita o no alguna dirigencia del Partido Comunista de Cuba, un reconocimiento del poder que se produce por la combinación de la espiritualidad con la lucha por la justicia y la libertad.
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