El pastor Efrén Antonio Vílchez López es una de las cientos de voces independientes que el gobierno nicaragüense se apresura a silenciar. 

El 15 de mayo de 2022, el pastor evangélico-protestante Efrén Antonio Vílchez López fue golpeado y detenido al salir de la funeraria donde trabajaba en San Rafael del Sur, municipio a 50 km al suroeste de la Capital Managua.  

No se le informó de los cargos que se le imputaban, y su familia no supo su paradero durante tres días. Permaneció recluido en la Comisaría de la Policía Nacional de San Rafael del Sur durante más de dos semanas y luego fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”. 

Durante su detención, las autoridades no le proporcionaron al pastor Vílchez López, quien padece diabetes e hipertensión, la insulina diaria que necesitaba, lo que puso en peligro su vida y lo obligó a ser trasladado a una clínica para recibir urgentemente tratamiento médico. 

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¿Dónde están? Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda son prisioneras de un régimen que solo busca su propia supervivencia

A las 6 de la mañana del 10 de agosto de 2024, quince agentes de policía con pasamontañas portando rifles AK-47 arrestaron a Carmen María Sáenz Martínez, de 49 años, en su casa en Lomas de Santo Tomás en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua. 

Dos horas después, la policía en dos patrullas detuvo a la colega de Carmen, Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, de 58 años, en la Finca Guadalupana en Samulalí en el Municipio de San Ramón. 

Ambas mujeres trabajaban con la Diócesis Católica Romana de Matagalpa, anteriormente dirigida por el ahora exiliado obispo Rolando José Álvarez Lagos, quien pasó casi un año y medio en prisión antes de ser expulsado del país hacia al Vaticano en enero de 2024. Lesbia había trabajado con el proyecto de crédito rural y urbano de la diócesis desde 2006, y Carmen como promotora de justicia en casos de anulación de matrimonios, desde 2018. 

Desde los arrestos, sus familias no han sabido nada de ellas.  

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Protestante, católico, crítico o aliado: Nadie está a salvo en Nicaragua

El gobierno decide a quién extender su mano y a quién cerrarla, las iglesias protestantes que hoy estrechan la mano de la dictadura podrían mañana ser estranguladas por la misma mano.

Un defensor de derechos humanos nicaragüense

El martes 12 de diciembre de 2023, las fuerzas de seguridad nicaragüenses llevaron a cabo una operación que, al final del día, terminaría con 11 líderes protestantes detenidos en todo el país. La organización a la que estaban afiliados los líderes, Mountain Gateway, una organización protestante con sede en Texas, y que ha operado legalmente en Nicaragua desde 2015 bajo el nombre de Puerta de la Montaña, fue despojada de su estatus legal, y sus bienes, incluidos 47 vehículos y cuatro propiedades, fueron confiscados por el gobierno.  

Un mes después, el Gobierno anunció que presentaría cargos penales contra los detenidos, así como contra tres ciudadanos estadounidenses (en ausencia), acusados de lavado de dinero y crimen organizado. Se celebraron juicios falsos, en los que el gobierno no presentó pruebas que respaldaran los cargos, y en marzo de 2024, los 11 detenidos fueron condenados a entre 12 y 15 años de prisión y multados con 80 millones de dólares estadounidenses.

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El alto precio de defender los derechos humanos en Nicaragua y Cuba 

Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón era la directora del coro de la Parroquia Santa Ana en Niquinohomo en el Departamento de Masaya en Nicaragua. Tiene 52 años y está encarcelada por cargos falsos desde el 6 de abril de 2023, habiendo cumplido previamente una condena desde agosto de 2018 hasta junio de 2019, también por cargos falsos. 

Desde mediados de enero de este año, como a muchos otros en el Sistema Penitenciario Integral para Mujeres comúnmente conocido como La Esperanza, a la Sra. Muñoz Pavón se le ha negado cualquier tiempo al aire libre, donde antes se le permitía salir una vez por semana. 

¿Su crimen? Orar en voz alta. 

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Viviendo en el exilio: “Estando el mismo gobierno no me atrevo a regresar”

Samuel1 es un profesor y abogado nicaragüense que se vio obligado a abandonar su país en abril de 2019 después de haber sido detenido repetidamente en represalia por su reportaje sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales.

Para la última entrega en nuestra serie ‘Viviendo en el exilio’, CSW habló con Samuel para aprender su historia.

¿Quién eres?

“Soy Nicaragüense del Departamento de Chontales. Soy pedagogo y abogado. Ahora estoy en Panamá exiliado en calidad de Refugiado en Trámite, desde el 16 de abril del 2019 a través de la Orden Ejecutiva N. 5 de Protección a Solicitantes de Refugio del Gobierno de Panamá, mediante la Organismo Nacional de Protección y Atención a Refugiados (ONPAR).

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