Despite government promises, ‘Total Peace’ remains elusive in Colombia today

On 4 April Maribel Silva, Isaíd Gómez and Isaíd’s uncle, Carlos Valero obeyed the summonses of an illegal armed group operating in the Calamar Municipality of Colombia’s Guaviare Department. The next day, James Caicedo, Jesús Valero, Maryuri Hernández, Nixon Peñalosa and Oscar García did the same. 

After the individuals failed to return home to their families in the hamlet of Agua Bonita in Pueblo Seco their family members reached out to representatives of the illegal armed group who had issued the summonses, but the group denied that any summonses had been issued. Later, the family members were indirectly warned that they should stop looking for their loved ones and ‘consider the case to be closed.’  

So their families were left waiting, in the horrific uncertainty of what might have happened to them, wondering whether to sit tight, holding onto hope that their family members still might return home, or to flee the region out of fear of reprisals and for the safety and protection of the lives of the children and parents of the disappeared individuals. All eight individuals had already relocated and settled in Guaviare after being displaced from Arauca Department due to violence and severe violations of freedom of religion or belief (FoRB), including the closure of churches and the targeting of Protestant pastors by illegal armed and criminal groups over the past decade.  

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A pesar de las promesas del Gobierno, la «Paz Total» sigue siendo una utopía en Colombia

El 4 de abril, Maribel Silva, Isaíd Gómez y el tío de este, Carlos Valero, se dirigieron a acudir a una reunioón solicitada por un grupo armado ilegal que opera en el Municipio de Calamar, Departamento de Guaviare, Colombia. Al día siguiente, James Caicedo, Jesús Valero, Maryuri Hernández, Nixon Peñalosa y Óscar García hicieron lo mismo. 

Tras no regresar a sus hogares en el paraje de Agua Bonita, en Pueblo Seco, sus familiares contactaron a representantes del grupo armado ilegal que había emitido las citaciones, pero ellos negaron haberlas emitido. Posteriormente, se advirtió indirectamente a los familiares que debían dejar de buscar a sus seres queridos y «considerar el caso cerrado». 

Así, sus familias quedaron en el limbo, sumidas en la terrible incertidumbre de lo que les habría ocurrido, preguntándose si debían permanecer allí, aferrándose a la esperanza de que sus familiares regresaran a casa, o huir de la región por temor a represalias y por la seguridad y protección de la vida de los hijos y padres de las personas desaparecidas. Esas mismas ocho personas y sus familias se habían reubicado y establecido en Guaviare tras ser desplazadas del Departamento de Arauca debido a la violencia y las graves violaciones a la libertad de religión o de creencias, incluyendo el cierre de iglesias y los ataques contra pastores protestantes, por parte de grupos armados y criminales ilegales durante la última década. 

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Seven years since Colombia’s peace agreement, but violence against the religious sector continues

On 30 November 2016, the Colombian Congress ratified a peace agreement between the government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia-Army of the People (FARC-EP), a Marxist-Leninist guerrilla group.

It was hoped that the agreement would mark the beginning of the end of the complex internal conflict which has engulfed Colombia since 1958 and involves multiple far-left and far-right illegal armed groups, criminal groups, and government forces. However, seven years later peace remains elusive; the violence continues.

Undelivered promises

At first, things seemed to be improving; from 2016 to 2017, violence related to freedom of religion or belief (FoRB) appeared to decrease. However, from 2018 to 2022, and especially since 2019, the numbers have been on the upswing once again.

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Siete años después del acuerdo de paz en Colombia, la violencia contra el sector religioso persiste

El 30 de noviembre de 2016, el Congreso colombiano ratificó un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), un grupo guerrillero marxista-leninista.

Se esperaba que el acuerdo marcara el comienzo del fin del complejo conflicto interno que ha afectado a Colombia desde 1958, involucrando a múltiples grupos armados ilegales de izquierda y derecha, grupos criminales y fuerzas gubernamentales. Sin embargo, siete años después, la paz sigue siendo esquiva; la violencia persiste.

Promesas incumplidas

Inicialmente, parecía que las cosas mejoraban; de 2016 a 2017, la violencia relacionada con la libertad de religión o creencia (FoRB, por sus siglas en inglés) parecía disminuir. Sin embargo, desde 2018 hasta 2022 y especialmente desde 2019, los números han vuelto a aumentar.

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A member of the Anti-Balaka armed militia poses as he displays his weapon in the town of Bocaranga Central African Republic.

La Justicia por fin llego a la República Centroafricana, pero el trabajo del gobierno aún no ha terminado

A finales de octubre, el Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana (RCA), con respaldo internacional, emitió un veredicto en el primer juicio completo de la sala. El caso fue presentado contra tres líderes del grupo armado Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R), que fueron declarados culpables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Issa Sallet Adoum (alias Bozizé) fue condenado a cadena perpetua, y sus coacusados, Mahamat Tahir y Yaouba Ousman, recibieron 20 años de prisión cada uno.

Los tres fueron acusados de orquestar ataques contra las aldeas noroccidentales de Koundjili y Lomouna el 21 de mayo de 2019, en los quemurieron al menos 46 civiles desarmados y decenas más resultaron heridos. Se dice que los hombres atacaron a la población civil que no apoyaba a el 3R, atando y disparando a civiles antes de proceder  a someter a las  mujeres y niñas de las aldeas a violaciones masivas y  violencia sexual.

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