En 2015, los líderes de la comunidad informaron a miembros de una minoría religiosa que vivía en pueblos vecinos de la región de la Huasteca del estado de Hidalgo, México, que ya no se les permitiría realizar los actos de servicio comunitario que se les habían asignado.
Para los que no vivimos dentro de una comunidad, esto podría parecer insignificante, especialmente si se lo compara con las violaciones de la libertad de religión o de creencias (LRoC) en otras partes de México y el mundo. Que te digan que trabajes menos podría incluso parecer un avance positivo. Sin embargo, quienes habitan en las comunidades en Rancho Nuevo y Coamila, ambas ubicadas en el municipio de Huejutla de los Reyes, entendieron que la no realización de este trabajo significaría la pérdida del reconocimiento como miembros de la comunidad. Y asociados con ese reconocimiento están los derechos, incluido el acceso a la atención médica, los programas de beneficios gubernamentales y la educación.
La situación empeoró en 2016, cuando se advirtió a los miembros de la minoría religiosa que no podrían acceder o utilizar sus tierras para cultivarlas, su principal fuente de sustento e ingresos. Las personas que ayudaron al grupo, todos ellos pertenecientes a la Iglesia Bautista Gran Comisión, a construir un lugar de culto en un terreno de propiedad privada fueron amenazados y agredidos violentamente. Los bautistas fueron obligados repetidamente a asistir a reuniones comunitarias donde los líderes locales exigieron que participaran en festivales católicos romanos, incluso haciendo contribuciones financieras y participando activamente en actos de adoración. Los líderes les advirtieron que, si no cumplían, recibirían castigos más severos, incluida la eliminación permanente de las listas de miembros de la comunidad.
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