« Nous devons chercher la vérité et la rechercher à tout prix. La vérité a toujours été la chose la plus précieuse au monde. Elle est/représente/symbolise toute notre vie ».
Ces mots ont été prononcés par la courageuse « journaliste citoyenne » chinoise et ancienne avocate, Zhang Zhan. Pour elle, être à la recherche de la vérité signifiait se rendre à Wuhan, en Chine, en février 2020, au tout début de la pandémie de COVID-19. Une fois sur place, elle a mis en ligne sur Twitter et YouTube – tous deux bloqués en Chine – des vidéos et des articles relatifs à la crise.
Les reportages de Mme Zhang, et en particulier ses interrogations sur la question de savoir si la réponse des autorités chinoises à la pandémie avait porté atteinte aux droits humains, ont, sans surprise, provoqué l’ire du Parti communiste chinois (PCC). Le 14 mai 2020, il y a un an, jour pour jour, elle est arrêtée par la police de Shanghai dans sa chambre d’hôtel à Wuhan et emmenée dans un centre de détention à Shanghai.
Elle a ensuite passé sept mois en détention, période au cours de laquelle sa santé et son bien-être ont suscité des inquiétudes à plusieurs reprises, d’autant plus qu’elle poursuivait une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention.
“Debemos buscar la verdad y buscarla a toda costa. La verdad siempre ha sido la cosa más cara en todo el mundo. Es nuestra vida.”
Estas son las palabras de la valiente periodista china y ex abogada Zhang Zhan. Para ella, buscar la verdad significó viajar a Wuhan en China en Febrero del 2020, al principio de la pandemia de COVID-19. Desde allí, publicó videos y artículos reportando detalles sobre la crisis, desde plataformas como Twitter y YouTube, aún cuando habían sido bloqueadas en China.
Como era de esperarse, el reportaje de Zhang -y sobre todo sus preguntas de si las autoridades chinas habían infringido algunos derechos humanos en sus respuestas sobre la pandemia, provocó la ira del Partida Comunista de China (PCC). En el 14 de mayo de 2020, hace un año este día, Zhang fue arrestada por la policía de Shanghái en su hotel en Wuhan y trasladada a un centro de detención en Shanghái.
Después de este evento, Zhang pasó siete meses detenida, tiempo durante el cual surgieron repetidas preocupaciones por su salud y bienestar – sobre todo porque ella se mantenía en una huelga de hambre como protesta por el trato que estaba recibiendo.
En 2020 la pandemia de COVID-19 hacía que la mayoría de los países del mundo se suspendiera al menos algunas actividades religiosas comunales. Cuba no fue una excepción. Para varios meses, grupos religiosos no podía reunir en espacios públicos o en los casa-cultos, y el movimiento de protesta Damas de Blanco suspendió sus marchas semanales después de la Misa Dominical.
Estas restricciones sobre algunos aspectos del derecho a la libertad de religión o creencia (LdRC) son permitidas bajo el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), siempre que sean “prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.” Sin embargo, lo que es particularmente preocupante en el caso de Cuba es que, todavía con las limitaciones severas en las actividades permitidas de grupos religiosos, las autoridades continuaban con violaciones rutinarias y sistémicas de LdRC dirigidas a tales grupos.
La situación continua crítica, y detectamos nuevas formas de hostigamiento sin precedentes
Elúltimo informe de CSW sobre la situación de LdRC en la isla halla que “a pesar del malestar social y la crisis económica durante una pandemia global sin precedente, el gobierno continúa atacando a los miembros del sector religioso y abusando los derechos humanos.”
En general, ejemplos de violaciones documentadas en 2020 son de acuerdo con los años previos: los líderes y adeptos religiosos, al igual que los que trabajan para defender LdRC, hacen frente a las amenazas regulares, el acoso, la intimidación, e incluso la detención arbitraria. Las propiedades de la iglesia están sujetas al vandalismo, las amenazas de cierre forzado y la demolición.
En un caso particularmente atroz el 30 octubre, las autoridades incumplieron en meses de negociaciones y demolieron una iglesia de las Asambleas de Dios en el distrito Abel Santamaría en Santiago de Cuba. La iglesia ha estado bajo amenaza desde 2015, y posteriormente las autoridades intentaban resionar al pastor de la iglesia, Faustino (Fausto) Palomo Cabrera, a firmar un acuerdo que decía que la demolición era legal.
La demolición de la iglesia de Abel Santamaría. Crédito: Adis Galán Leyva/Facebook
Una herramienta de represión nueva
Otra cuestión preocupante es que la pandemia no fue un impedimento parar la represión severa de LdRC del Partido Comunista de Cuba (PCC), sino que en algunos casos produjo otra herramienta que el gobierno podía explotar para legitimar sus acciones.
En una instancia, las autoridades detuvieron a un líder de una iglesia después de que su congregación celebró un servicio religioso en cumplimiento con las reglas para los servicios religiosos establecidas por el gobierno. El gobierno falsamente alegó que la reunión había excedido el número de personas permitidas en un servicio religioso, y posteriormente el pastor fue llevado a una prisión de máxima seguridad donde estuvo retenido porcinco días.
Los oficiales de seguridad del estado acusaban el líder de la iglesia de la ‘propagación de la epidemia’ y le amenazaron con una pena de cárcel de ocho años por pastorear una iglesia ‘ilegal.’ El pastor se negó a declararse culpable y fue juzgado el quinto día de su detención, y en ese momento un juez ordenó su liberación, pero emitió una multa arbitraria de 2,000 pesos cubanos (aproximadamente 75 USD.)
El gobierno también tomó medidas contra las iglesias que intentaran ayudar a la población. . Varias iglesias habían dedicado ministerios para la distribución de la comida y otras necesidades escasas entre sus comunidades, especialmente a adultos mayores en el grupo de alto riesgo por el COVID-19. La iniciativa se fue enfrentado con oposición intensa del gobierno; tenemos informes de suministros de alimentos confiscados y de los oficiales de aduanas bloqueando la ayuda humanitaria enviada de grupos religiosos extranjeros para distribución a través de grupos cristianos en la isla.
No se puede prever el fin
Es claro que la pandemia de COVID-19 no ha proporcionado un respiro para los grupos religiosos por todo Cuba quienes han sufrido por mucho tiempo a manos del gobierno el cual trata de imponer la fidelidad total al estado y sus ideales. En lugar de eso el coronavirus ha exasperado una situación ya inestable en la isla. Por un lado, hay ciudadanos ordinarios sufriendo de la escasez crónica de la comida, la medicina y los suministros de higiene, y por la otra sufren de violaciones graves de derechos humanos.
El informe nuevo muestra el compromiso serio del CCP en mantener sus políticas represivas de derechos humanos, y no hay razón de creer que el fin potencial de la crisis del coronavirus traerá ningunas mejoras significantes en las vidas de los ciudadanos cubanos. Por lo tanto, la comunidad internacional debe tomar acción rápida para abordar la situación en Cuba, manteniendo un escrutinio intenso sobre la situación de derechos humanos en Cuba, y planteando casos y asuntos de preocupación sobre el gobierno de Cuba en cada oportunidad.
Por el oficial de asuntos públicos de CSW, Ellis Heasley
Yusleysi Gil Mauricio es graduada deEstudios Socio Culturales. Convirtió a Cristo en 2010. Desde entonces ha sido apasionada por el ministerio con los niños, y trabajaba como pastora de niños duranta una época.
Es la esposa de Ricardo Fernández Izaguirre, periodista y defensor del derecho a la libertad de religión en Cuba. Juntos tienen dos hijos de, la mayor tiene 2 años y él bebe tiene 4 meses. CSW platicó con Yusleysi para escuchar su testimonio y destacar su experiencia.
“He tenido una fe comprometida y ferviente desde que me convertí a Cristo en 2010. El 12 de diciembre del 2012 fui por primera vez a la Iglesia Ministerio Apostólico Internacional Fuego y Dinámica (MAIFD) de Camagüey donde trabajaba como pastora de niños. La Iglesia no está registrada por el gobierno y comenzaron las persecuciones. Desde el principio tuve una preciosa experiencia con Dios y nunca más me alejé de él, pero al ser miembro de una iglesia no registrada me costó mucho trabajo vencer el miedo porque [todos las que conocía] hablaban muy mal de lo que sucedía dentro de la iglesia. Sólo después que pude comprobar por mí propia experiencia, que no hacíamos nada ilegal, fue que dejé el sigilo.
Otro problema fue explicárselo a mi familia que no entendía y no tenía la intención de comprobar de primera mano que todos los rumores son falsos. Muchos de nuestros familiares se alejaron de nosotros. Después de la última demolición que el gobierno hizo, la casa de oración que teníamos tuvo que cerrar porque agentes de la policía política intimidaron a todos los miembros.
