Ciudadanía y conflicto: Los ejércitos de Israel y Myanmar se están aprovechando de las personas desplazadas

Actualmente hay alrededor de 30,000 solicitantes de asilo en Israel. La mayoría han huido de la severa represión, incluida la persecución religiosa, bajo un gobierno responsable de décadas de crímenes de lesa humanidad generalizados  en Eritrea, o procedentes de Sudán, donde un agotador conflicto de mas de 18 meses entre las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas de Sudán es la última de una serie de calamidades que han causado una grave crisis humanitaria.

La mayoría ha viajado a través de Egipto antes de llegar allí, por lo general con la ayuda de traficantes de personas, y corren un gran riesgo de agresión, extorsión, violencia de género o arresto y posible deportación . La mayoría de los que completan este viaje son hombres jóvenes, junto con algunas mujeres jóvenes que probablemente han soportado atrocidades inimaginables en el camino.

A su llegada, estos solicitantes de asilo se encuentran en un limbo legal; según la Línea Directa para Refugiados y Migrantes, la principal organización de defensa de los refugiados de Israel, Israel aprueba menos del 1% de las solicitudes de asilo que recibe, con muchos casos pendientes desde hace más de cinco o incluso diez años.

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Cada Domingo…

Cada domingo, entre las 12:30pm y las 13:00pm, Berta Soler Fernández se alista. Ella y su marido, Ángel Moya Acosta, salen de su casa, un edificio cuadrado de dos pisos pintado de rojo, con un porche verde claro. Tienen la intención de dirigirse a una iglesia católica romana en la sección Miramar de La Habana, Cuba. La iglesia lleva el nombre de Santa Rita de Casia, la santa patrona de los casos desesperados, del abuso, de la pérdida, de la paz, y de las causas perdidas. Asistirán a misa y ofrecerán sus oraciones. 

Berta está vestida toda de blanco. 

Cada domingo, entre las 12:30pm y las 13:00pm, Berta y Ángel abren la puerta de su casa y son recibidos por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y agentes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE). Multitudes de paramilitares, algunos con carteles con mensajes ofensivos e insultantes, sostienen teléfonos móviles mientras graban los movimientos de la pareja. Los dos son obligados a subir a coches del DSE con matrícula privada y, en lugar de ir a misa, los llevan a una comisaría de la PNR. Les ordenan que se sometan a un examen médico invasivo. Se niegan porque no han pedido el examen y saben que, de todos modos, no les proporcionarán los resultados. Éstos irán al DSE. Berta y Ángel son enviados a celdas penitenciarias semioscuras donde permanecerán retenidos hasta la mañana siguiente. Los llevarán en coche y los dejarán cerca de su casa, que también sirve como sede nacional de las Damas de Blanco, un grupo disidente que lleva realizando protestas pacíficas en apoyo de los presos políticos desde 2003. 

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El Código de Familia de Cuba cumple dos años

El 22 de julio de 2024 se cumplieron dos años desde que la Asamblea Nacional aprobó el Código de Familia de Cuba y, tal como advirtió la CSW, la legislación se ha extendido mucho más allá de la igualdad para la comunidad LGBT+. Aunque este aspecto fue el foco de los esfuerzos del gobierno para alentar el voto por el “sí” en el referendo público que siguió, solo un puñado de los 474 artículos eran relevantes para ese tema.

La aplicación de la legislación ha obligado a familias enteras a emigrar para proteger a sus hijos y no perder la custodia parental, como es una posibilidad real en virtud del artículo 191 del código. La legislación permite que los menores sean transferidos al cuidado del Estado, si los padres no cumplen con las responsabilidades detalladas en el artículo 138 del código, entre ellas “inculcar el amor a la familia, a la patria, el respeto a sus símbolos… las normas de convivencia social [basadas en la ideología del Partido Comunista de Cuba] y el respeto a las autoridades”. Los padres corren riesgo si muestran una conducta que “induzca a su hija o hijo a cometer un acto delictivo…” (191 (c)) y/o “[sean responsables de] una conducta viciosa, corrupta o delictiva que sea incompatible con el debido ejercicio de la responsabilidad parental…” (151 (e)).

A primera vista el código puede parecer inofensivo, sin embargo, es necesario comprender que todos los conceptos de patria, familia, respeto a los símbolos patrios, acto delictivo y conducta viciosa o corrupta se interpretan en el marco del sistema socialista en el que se fundamenta la constitución de 2019. Sin embargo, las continuas protestas, como la del 11 de julio de 2021 y otros levantamientos sociales de menor escala desde entonces,1 indican que la población está rechazando el sistema que la constitución obliga a los ciudadanos cubanos a defender, incluso con su vida.2

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Un Cambio de Gobierno en Venezuela podría beneficiar al sector religioso

Durante los últimos 11 años de liderazgo del presidente Nicolás Maduro, los líderes religiosos venezolanos han practicado cada vez más una forma de autocensura en sus predicaciones o discursos sobre temas como la justicia social, la paz, la pobreza, o cualquier tema que pueda ser percibido negativamente por la dictadura. Aunque puede parecer que se han impuesto esta censura a sí mismos, proviene de un temor muy real al haber presenciado la crueldad que el presidente Maduro ha desatado contra aquellos que él y su régimen identifican como enemigos políticos.

Las elecciones se celebrarán el domingo 28 de julio. En el período previo, el régimen de Maduro se ha dedicado a atacar a la oposición y a crear un ambiente de terror con advertencias de un “baño de sangre” y “guerra civil” si Maduro no gana un tercer mandato de seis años. Se ha insinuado fuertemente que podría negarse a reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia, el candidato más popular según varias encuestas.

En respuesta a las amenazas de Maduro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que “este tipo de discurso por parte de la máxima autoridad del Estado y las fuerzas de seguridad tiene el efecto de intimidar y coartar la libertad política del electorado… Estas acciones afectan las instituciones democráticas y las libertades de asociación, reunión y expresión, ya que desalientan la participación política de las personas opositoras, de su electorado y de la ciudadanía en general.”

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In the eyes of the Cuban government, leading a church can make you a threat to national security

Pastors Mario Jorge Travieso Medina and wife Velmis Adriana Mariño González just want to be allowed to visit their daughters in the United States. They long to attend an international conference for leaders affiliated with their religious network. They would very much like to be able to accept an offer, made by friends, to send them on a long overdue and well-deserved holiday. But they are unable to do any of these things, because since 2020, the Cuban government has prohibited them from leaving the island for ‘reasons of national security’.

It would be logical to assume that in order to be considered a threat to national security, the couple must be guilty of criminal activity. In the eyes of the Cuban government, this is so. Though they have never been charged or tried, Pastors Travieso Medina and Mariño González founded and have led an illegal association for over 20 years. Rather than an organised criminal organisation, however, their association is religious in nature, peaceful, and provides much needed humanitarian aid to those in the surrounding community. This is the kind of work that the Cuban government considers to be a threat to national security.

Pastor Travieso Medina graduated with a teaching degree in 1980, after completing his studies in physical education. Ten years later, he decided on a change of career, and took a full-time position as a pastor at a church associated with a legally recognised Protestant Christian denomination. In 1998, he completed post-graduate work via distance learning with a US-based seminary, earning a master’s degree and a doctorate in theology, neither of which was recognized by Cuban institutions.

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