¿Dónde están? Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda son prisioneras de un régimen que solo busca su propia supervivencia

A las 6 de la mañana del 10 de agosto de 2024, quince agentes de policía con pasamontañas portando rifles AK-47 arrestaron a Carmen María Sáenz Martínez, de 49 años, en su casa en Lomas de Santo Tomás en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua. 

Dos horas después, la policía en dos patrullas detuvo a la colega de Carmen, Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, de 58 años, en la Finca Guadalupana en Samulalí en el Municipio de San Ramón. 

Ambas mujeres trabajaban con la Diócesis Católica Romana de Matagalpa, anteriormente dirigida por el ahora exiliado obispo Rolando José Álvarez Lagos, quien pasó casi un año y medio en prisión antes de ser expulsado del país hacia al Vaticano en enero de 2024. Lesbia había trabajado con el proyecto de crédito rural y urbano de la diócesis desde 2006, y Carmen como promotora de justicia en casos de anulación de matrimonios, desde 2018. 

Desde los arrestos, sus familias no han sabido nada de ellas.  

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‘Salimos a la calle con miedo’: tras el asesinato de dos pastores, los cristianos del norte de Colombia ya no se sienten seguros

Muchos cristianos de la zona centro-norte de Colombia, que abarca las regiones vecinas de Magdalena y Cesar, están nerviosos tras el asesinato de dos líderes religiosos en el espacio de solo dos semanas. El 29 de diciembre, una familia entera de cuatro personas, el pastor Marlon Lora, su esposa Yurlay y sus hijos adultos Ángela y Santiago, fue asesinada a tiros tras un servicio religioso dominical por la mañana en la Iglesia Bíblica Misionera en el barrio de Villa Paraguay de Aguachica, departamento de Cesar.

En la tarde del 8 de enero, Iván García, un líder religioso de 28 años esposo de una pastora, falleció tras recibir seis disparos, tras salir de un servicio religioso. En ambos casos, los asesinatos fueron llevados a cabo por sicarios enmascarados que iban en motocicletas.

El Sr Ivan García fue seguido por los sicarios cuando caminaba hacia su casa por un camino rural oscuro con su hijastra de 14 años y otras seis personas después de una celebración espiritual en la Iglesia Visión Cristiana del Pueblo de Dios, donde su esposa, la Pastora Karen Nierles, había sido invitada a dirigir un estudio bíblico. La pastora Nierles dirige la Iglesia Nuevo Renacimiento en Cristo en la comunidad de Garital, en la Zona de Cultivo de Banano, en Magdalena. Según los testigos, después de recibir el disparo, el joven predicador cayó de rodillas y levantó las manos en agradecimiento a Dios. Los sicarios se marcharon del lugar sin decir palabra.

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Ciudadanía y conflicto: Los ejércitos de Israel y Myanmar se están aprovechando de las personas desplazadas

Actualmente hay alrededor de 30,000 solicitantes de asilo en Israel. La mayoría han huido de la severa represión, incluida la persecución religiosa, bajo un gobierno responsable de décadas de crímenes de lesa humanidad generalizados  en Eritrea, o procedentes de Sudán, donde un agotador conflicto de mas de 18 meses entre las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas de Sudán es la última de una serie de calamidades que han causado una grave crisis humanitaria.

La mayoría ha viajado a través de Egipto antes de llegar allí, por lo general con la ayuda de traficantes de personas, y corren un gran riesgo de agresión, extorsión, violencia de género o arresto y posible deportación . La mayoría de los que completan este viaje son hombres jóvenes, junto con algunas mujeres jóvenes que probablemente han soportado atrocidades inimaginables en el camino.

A su llegada, estos solicitantes de asilo se encuentran en un limbo legal; según la Línea Directa para Refugiados y Migrantes, la principal organización de defensa de los refugiados de Israel, Israel aprueba menos del 1% de las solicitudes de asilo que recibe, con muchos casos pendientes desde hace más de cinco o incluso diez años.

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Cada Domingo…

Cada domingo, entre las 12:30pm y las 13:00pm, Berta Soler Fernández se alista. Ella y su marido, Ángel Moya Acosta, salen de su casa, un edificio cuadrado de dos pisos pintado de rojo, con un porche verde claro. Tienen la intención de dirigirse a una iglesia católica romana en la sección Miramar de La Habana, Cuba. La iglesia lleva el nombre de Santa Rita de Casia, la santa patrona de los casos desesperados, del abuso, de la pérdida, de la paz, y de las causas perdidas. Asistirán a misa y ofrecerán sus oraciones. 

Berta está vestida toda de blanco. 

Cada domingo, entre las 12:30pm y las 13:00pm, Berta y Ángel abren la puerta de su casa y son recibidos por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y agentes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE). Multitudes de paramilitares, algunos con carteles con mensajes ofensivos e insultantes, sostienen teléfonos móviles mientras graban los movimientos de la pareja. Los dos son obligados a subir a coches del DSE con matrícula privada y, en lugar de ir a misa, los llevan a una comisaría de la PNR. Les ordenan que se sometan a un examen médico invasivo. Se niegan porque no han pedido el examen y saben que, de todos modos, no les proporcionarán los resultados. Éstos irán al DSE. Berta y Ángel son enviados a celdas penitenciarias semioscuras donde permanecerán retenidos hasta la mañana siguiente. Los llevarán en coche y los dejarán cerca de su casa, que también sirve como sede nacional de las Damas de Blanco, un grupo disidente que lleva realizando protestas pacíficas en apoyo de los presos políticos desde 2003. 

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El Código de Familia de Cuba cumple dos años

El 22 de julio de 2024 se cumplieron dos años desde que la Asamblea Nacional aprobó el Código de Familia de Cuba y, tal como advirtió la CSW, la legislación se ha extendido mucho más allá de la igualdad para la comunidad LGBT+. Aunque este aspecto fue el foco de los esfuerzos del gobierno para alentar el voto por el “sí” en el referendo público que siguió, solo un puñado de los 474 artículos eran relevantes para ese tema.

La aplicación de la legislación ha obligado a familias enteras a emigrar para proteger a sus hijos y no perder la custodia parental, como es una posibilidad real en virtud del artículo 191 del código. La legislación permite que los menores sean transferidos al cuidado del Estado, si los padres no cumplen con las responsabilidades detalladas en el artículo 138 del código, entre ellas “inculcar el amor a la familia, a la patria, el respeto a sus símbolos… las normas de convivencia social [basadas en la ideología del Partido Comunista de Cuba] y el respeto a las autoridades”. Los padres corren riesgo si muestran una conducta que “induzca a su hija o hijo a cometer un acto delictivo…” (191 (c)) y/o “[sean responsables de] una conducta viciosa, corrupta o delictiva que sea incompatible con el debido ejercicio de la responsabilidad parental…” (151 (e)).

A primera vista el código puede parecer inofensivo, sin embargo, es necesario comprender que todos los conceptos de patria, familia, respeto a los símbolos patrios, acto delictivo y conducta viciosa o corrupta se interpretan en el marco del sistema socialista en el que se fundamenta la constitución de 2019. Sin embargo, las continuas protestas, como la del 11 de julio de 2021 y otros levantamientos sociales de menor escala desde entonces,1 indican que la población está rechazando el sistema que la constitución obliga a los ciudadanos cubanos a defender, incluso con su vida.2

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