Durante décadas es bien sabido que las condiciones en las cárceles de máxima seguridad de Cuba son terribles. Estas condiciones no han hecho más que empeorar en los últimos años, , pues el país entero está hundido en una crisis económica y de infraestructura, agravada por la escasez de alimentos y medicamentos en toda la isla, aunado a los repetidos fallos de la red eléctrica de la nación, a veces durante días.
Desde 1989, el gobierno cubano ha negado el acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja para supervisar o evaluar las condiciones carcelarias. Los presos se encuentran recluidos en condiciones insalubres, a veces de hacinamiento, en celdas infestadas de mosquitos y chinches. La comida que se les sirve es insípida, plagada de insectos y gusanos, y de bajo valor nutritivo. A pesar de la proliferación de enfermedades, como la tuberculosis, el dengue y los brotes de disentería, en las instalaciones penitenciarias, la atención médica es insuficiente, o incluso nula.
Durante los calurosos y húmedos meses de verano, las temperaturas dentro de las celdas pueden alcanzar niveles peligrosos. Numerosos ex presos políticos han declarado a CSW que el agua a la que tenían acceso, tanto para beber como para su higiene personal, estaba extremadamente limitada, además de turbia o sucia.
Los gobiernos opresivos dependen, en parte, de dos factores: la unidad entre quienes los apoyan y las divisiones dentro de las comunidades que no las apoyan. Uno de los mayores desafíos para abordar la libertad de religión o creencias (LdRC) en países donde este derecho se viola con frecuencia, es superar las divisiones entre los diferentes grupos dentro del sector religioso, así como la brecha que a menudo existe entre el sector religioso y las organizaciones seculares de derechos humanos y otras organizaciones independientes de la sociedad civil.
En general, los grupos religiosos suelen ocupar una posición única dentro de la sociedad civil independiente. Están interconectados y organizados, en distintos grados, con miembros que asisten y participan regularmente en sus actividades. Suelen contar con un espacio físico, donde pueden realizar sus actividades con mínima interferencia externa. Algunos grupos religiosos realizan actividades orientadas al exterior, prestando servicios sociales. En muchos casos, los líderes religiosos no solo ejercen una importante influencia dentro de su respectiva comunidad, sino que también pueden ser percibidos como jueces morales de forma más amplia, incluso por personas que no comparten sus creencias religiosas.
Los regímenes opresores reconocen el peligro que representa el sector religioso comprometido socialmente y el de aquellos líderes religiosos que se oponen abiertamente al sistema, y que están dispuestos a colaborar estrechamente con la sociedad civil, para generar la defensa de los derechos civiles y políticos. Por lo tanto, las agencias de inteligencia y de seguridad del régimen, fomentan y avivan deliberadamente la división interna de los grupos religiosos, con el objetivo de neutralizar o cooptar a la sociedad civil independiente organizada.
El 12 de mayo, una comunidad rural de El Salvador se reunió en una protesta pacífica para reclamar sus derechos sobre la tierra. En cuestión de horas, el gobierno respondió con acciones antidisturbios y detenciones, sembrando el miedo entre las familias presentes. Así es como reaccionan los regímenes autoritarios, independientemente de su postura política.
En un mundo tan polarizado como el actual, es fácil etiquetar a los enemigos por su ideología. Cuando pensamos en autoritarismo, nuestra mente puede saltar a la derecha o a la izquierda. Pero más allá del nombre del partido o de la retórica, hay una reacción universal: el impulso de silenciar a quienes cuestionan la injusticia.
En las últimas semanas, dos casos de extremos opuestos del espectro ideológico lo han hecho evidente. En uno, un pastor de un país con un gobierno de la derecha fue detenido cuando intentaba proteger a su comunidad de un desalojo injusto. En el otro, dos pastores que viven bajo un gobierno izquierdista fueron detenidos por hablar de la justicia de Dios en defensa de su hijo ante un tribunal militar. Aunque los contextos fueron difieren, los cargos eran similares: «desorden público» y «resistencia a la autoridad». También se incluyó el cargo de «falta de respeto» en el primer caso, y «desobediencia» en el segundo. Ninguno de los dos gobiernos toleró que voces independientes plantearan inquietudes morales.
El pastor José Ángel Pérez y la criminalización de la conciencia
En El Salvador, el pastor José Ángel Pérez se unió a una sentada pacífica junto a familias de la Cooperativa El Bosque de El Salvador. Su objetivo era pedir al gobierno que detuviera una orden de desalojo injustificada que amenazaba con desplazar a toda la comunidad de 297 familias. Las familias habían cultivado estas tierras durante más de cuatro décadas -tierras concedidas originalmente a través de la reforma agraria- y corrían el riesgo de ser subastadas tras una serie de maniobras legales corruptas.
Lo que siguió fue un brutal despliegue de represión estatal. Las fuerzas policiales, respaldadas por unidades militares, dispersaron violentamente la protesta. Aunque la constitución salvadoreña garantiza la libertad de expresión, la Policía Militar amenazó a la comunidad con multas, remolcó sus vehículos, confiscó documentos de identidad y detuvo a los líderes tras pedirles que «sólo hablaran».
El pastor Ángel Pérez, respetado líder espiritual y presidente electo de la cooperativa, fue detenido sin orden judicial. Hoy sigue detenido.
El impacto de su detención ha sido profundo. Durante más de 25 años, Ángel Pérez ha servido como pastor de una iglesia afiliada a la Misión Cristiana Elim y también ha sido un firme defensor de su comunidad, denunciando fraudulentos acuerdos sobre tierras de El Bosque, un bosque en el Departamento de San Salvador, junto al barrio Residencial Santisima Trinidad, y muy cercano a la residencia del presidente de la República, Nayib Bukele, y la Comunidad San Francisco, amenazada con su desplazamiento a través de injustas resoluciones judiciales que lo han permitido.
Algunos residentes se han escondido después de que la policía viniera a buscarlos, mientras que muchos otros tienen demasiado miedo para asistir a la iglesia. Con la detención de su líder de mayor confianza, la comunidad ha quedado conmocionada e insegura sobre lo que pudiera ocurrir después.
El pastor Ángel Pérez es detenido el 12 de mayo.
Durante semanas, el Estado prohibió incluso a los abogados del pastor Ángel Pérez que lo visitaran. No fue sino hasta el viernes 30 de mayo, cuando se les permitió por fin hablar con el pastor durante una vista judicial, en la que un juez presentó formalmente los cargos contra él. A pesar de que sus abogados presentaron una amplia justificación legal para su libertad, el juez denegó la petición.
El 3 de junio, el pastor Ángel Pérez fue trasladado de una celda de la policía local, al Centro Penitenciario La Esperanza de San Salvador; una prisión de máxima seguridad, emblemática por la severidad con que El Salvador aborda la delincuencia y ampliamente criticada por su grave hacinamiento, sus condiciones inhumanas y los informes de muerte en ese lugar.
Su familia se encuentra a horas de distancia de él, y está obligada a viajar para entregarle alimentos y artículos de higiene personal. Su traslado no es un incidente aislado, sino que refleja una pauta más amplia bajo el actual «estado de emergencia» del presidente Nayib Bukele declarado en 2022, en respuesta a un repunte de homicidios presuntamente cometidos por bandas. Esta política ha llevado al encarcelamiento masivo de más de 85.000 personas y ha suscitado críticas internacionales por detenciones arbitrarias, hacinamiento y denuncias de tortura y muertes bajo custodia.
El pastor Pérez, líder comunitario sin antecedentes penales, se enfrenta ahora a seis meses de prisión preventiva mientras continúa la investigación. Sus abogados siguen apelando y solicitan alternativas como el arresto domiciliario.
Todo ello por defender pacíficamente a su comunidad.
Reflejos represivos, independientemente de la afiliación política
El Salvador se presenta hoy como un bastión de la ley y el orden bajo un presidente populista de derechas. Sin embargo, la represión de los líderes religiosos no es exclusiva del país. Aunque el contexto y la ideología pueden diferir, pocos días después de la detención del pastor Pérez, se produjo una historia similar en Cuba, esta vez bajo un gobierno que lleva décadas gobernado por un partido único y que se presenta como socialista y revolucionario. También allí, una pareja de pastores fue castigada no por algún acto de violencia, sino por invocar sus creencias religiosas frente a la injusticia del Estado.
El 19 de mayo, los pastores cubanos Luis Guillermo Borjas y Roxana Rojas fueron detenidos tras hacer referencia de Dios, durante el tribunal militar contra su hijo, quien estaba siendo juzgado por intentar eludir el servicio militar obligatorio, a pesar de tener una exención médica. La pareja fue acusada de desacato y desobediencia a las autoridades, por lo que los fiscales solicitan una sentencia de ocho años de prisión. Su juicio se ha aplazado indefinidamente, sin que las autoridades cubanas hayan dado ninguna razón, por lo que sobre ellos se cierne la amenaza de una posible pena de prisión. El pasado 9 de junio, su hijo de 19 años fue condenado a cuatro años de prisión y trasladado al Guayao, una cárcel de máxima seguridad y una de las más represivas de Cuba, donde es casi imposible que sus padres lo visiten.
Los pastores Luis Guillermo Borjas y Roxana Rojas.
Ideológicamente, El Salvador y Cuba no podrían parecer más diferentes. Sin embargo, ambos exhiben los mismos reflejos cuando se enfrentan a la disidencia pacífica, especialmente por parte de actores religiosos. Las mismas tácticas -vigilancia, acoso legal, acusaciones penales por «desorden público» y uso de la policía para enviar un mensaje- se despliegan con una similitud escalofriante.
Debemos tener cuidado de no asumir que la represión gubernamental adopta solo una forma política. Ya sea que se presente en el lenguaje del nacionalismo o del socialismo, cualquier gobierno que castigue la protesta pacífica y suprima las voces independientes no debe quedar sin reclamo.
La libertad de religión o creencia va más allá del derecho al culto, incluye la libertad de vivir las propias creencias en la vida cotidiana. Cuando se encarcela a pastores por apoyar a sus comunidades, todos los que valoran los derechos humanos y la democracia deben responder, no con lealtad política, sino con compasión y unidad.
Una iglesia de tamaño mediano, ubicada en una población que enfrenta importantes dificultades económicas y sociales, organiza un servicio de oración vespertino entre semana. Los miembros de la iglesia asisten y participan en una serie de momentos estructurados de oración. A veces oran en silencio, otras veces el pastor los guía en la oración, en una sesión se reúnen alrededor de la bandera nacional para orar por las necesidades que enfrentan las personas en su comunidad y en su país. Sus oraciones hablan de necesidades fundamentales: alimentos, medicinas, la reducción de la delincuencia y la provisión de servicios básicos para todos.
En otra parte del país, un pastor de una iglesia toma medidas para cubrir una necesidad específica en su comunidad, que también atraviesa dificultades. Junto con los líderes de la iglesia, coordina una colecta general para cubrir las necesidades. Los miembros de la iglesia, y muchos en la comunidad en general, se unen al esfuerzo y juntos logran reunir paquetes de artículos esenciales para entregar a los más necesitados.
Ninguno de estos escenarios llamaría tanto la atención en la mayor parte del mundo. Quienes no comparten la fe de los involucrados podrían considerar algunas prácticas un tanto extrañas, pero no perjudiciales. Sin embargo, no es así en Cuba, donde el simple acto de orar por el país, especialmente junto con el uso de la bandera nacional, y cualquier esfuerzo de un grupo religioso por satisfacer las necesidades urgentes de la población, enfrentan la hostilidad del gobierno, que amenaza cada vez más con cargos penales a los líderes religiosos que organizan tales actividades.
Cada domingo, entre las 12:30pm y las 13:00pm, Berta Soler Fernández se alista. Ella y su marido, Ángel Moya Acosta, salen de su casa, un edificio cuadrado de dos pisos pintado de rojo, con un porche verde claro. Tienen la intención de dirigirse a una iglesia católica romana en la sección Miramar de La Habana, Cuba. La iglesia lleva el nombre de Santa Rita de Casia, la santa patrona de los casos desesperados, del abuso, de la pérdida, de la paz, y de las causas perdidas. Asistirán a misa y ofrecerán sus oraciones.
Berta está vestida toda de blanco.
Cada domingo, entre las 12:30pm y las 13:00pm, Berta y Ángel abren la puerta de su casa y son recibidos por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y agentes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE). Multitudes de paramilitares, algunos con carteles con mensajes ofensivos e insultantes, sostienen teléfonos móviles mientras graban los movimientos de la pareja. Los dos son obligados a subir a coches del DSE con matrícula privada y, en lugar de ir a misa, los llevan a una comisaría de la PNR. Les ordenan que se sometan a un examen médico invasivo. Se niegan porque no han pedido el examen y saben que, de todos modos, no les proporcionarán los resultados. Éstos irán al DSE. Berta y Ángel son enviados a celdas penitenciarias semioscuras donde permanecerán retenidos hasta la mañana siguiente. Los llevarán en coche y los dejarán cerca de su casa, que también sirve como sede nacional de las Damas de Blanco, un grupo disidente que lleva realizando protestas pacíficas en apoyo de los presos políticos desde 2003.
