En 2020 la pandemia de COVID-19 hacía que la mayoría de los países del mundo se suspendiera al menos algunas actividades religiosas comunales. Cuba no fue una excepción. Para varios meses, grupos religiosos no podía reunir en espacios públicos o en los casa-cultos, y el movimiento de protesta Damas de Blanco suspendió sus marchas semanales después de la Misa Dominical.
Estas restricciones sobre algunos aspectos del derecho a la libertad de religión o creencia (LdRC) son permitidas bajo el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), siempre que sean “prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.” Sin embargo, lo que es particularmente preocupante en el caso de Cuba es que, todavía con las limitaciones severas en las actividades permitidas de grupos religiosos, las autoridades continuaban con violaciones rutinarias y sistémicas de LdRC dirigidas a tales grupos.
La situación continua crítica, y detectamos nuevas formas de hostigamiento sin precedentes
Elúltimo informe de CSW sobre la situación de LdRC en la isla halla que “a pesar del malestar social y la crisis económica durante una pandemia global sin precedente, el gobierno continúa atacando a los miembros del sector religioso y abusando los derechos humanos.”
En general, ejemplos de violaciones documentadas en 2020 son de acuerdo con los años previos: los líderes y adeptos religiosos, al igual que los que trabajan para defender LdRC, hacen frente a las amenazas regulares, el acoso, la intimidación, e incluso la detención arbitraria. Las propiedades de la iglesia están sujetas al vandalismo, las amenazas de cierre forzado y la demolición.
En un caso particularmente atroz el 30 octubre, las autoridades incumplieron en meses de negociaciones y demolieron una iglesia de las Asambleas de Dios en el distrito Abel Santamaría en Santiago de Cuba. La iglesia ha estado bajo amenaza desde 2015, y posteriormente las autoridades intentaban resionar al pastor de la iglesia, Faustino (Fausto) Palomo Cabrera, a firmar un acuerdo que decía que la demolición era legal.
Una herramienta de represión nueva
Otra cuestión preocupante es que la pandemia no fue un impedimento parar la represión severa de LdRC del Partido Comunista de Cuba (PCC), sino que en algunos casos produjo otra herramienta que el gobierno podía explotar para legitimar sus acciones.
En una instancia, las autoridades detuvieron a un líder de una iglesia después de que su congregación celebró un servicio religioso en cumplimiento con las reglas para los servicios religiosos establecidas por el gobierno. El gobierno falsamente alegó que la reunión había excedido el número de personas permitidas en un servicio religioso, y posteriormente el pastor fue llevado a una prisión de máxima seguridad donde estuvo retenido porcinco días.
Los oficiales de seguridad del estado acusaban el líder de la iglesia de la ‘propagación de la epidemia’ y le amenazaron con una pena de cárcel de ocho años por pastorear una iglesia ‘ilegal.’ El pastor se negó a declararse culpable y fue juzgado el quinto día de su detención, y en ese momento un juez ordenó su liberación, pero emitió una multa arbitraria de 2,000 pesos cubanos (aproximadamente 75 USD.)
El gobierno también tomó medidas contra las iglesias que intentaran ayudar a la población. . Varias iglesias habían dedicado ministerios para la distribución de la comida y otras necesidades escasas entre sus comunidades, especialmente a adultos mayores en el grupo de alto riesgo por el COVID-19. La iniciativa se fue enfrentado con oposición intensa del gobierno; tenemos informes de suministros de alimentos confiscados y de los oficiales de aduanas bloqueando la ayuda humanitaria enviada de grupos religiosos extranjeros para distribución a través de grupos cristianos en la isla.
No se puede prever el fin
Es claro que la pandemia de COVID-19 no ha proporcionado un respiro para los grupos religiosos por todo Cuba quienes han sufrido por mucho tiempo a manos del gobierno el cual trata de imponer la fidelidad total al estado y sus ideales. En lugar de eso el coronavirus ha exasperado una situación ya inestable en la isla. Por un lado, hay ciudadanos ordinarios sufriendo de la escasez crónica de la comida, la medicina y los suministros de higiene, y por la otra sufren de violaciones graves de derechos humanos.
El informe nuevo muestra el compromiso serio del CCP en mantener sus políticas represivas de derechos humanos, y no hay razón de creer que el fin potencial de la crisis del coronavirus traerá ningunas mejoras significantes en las vidas de los ciudadanos cubanos. Por lo tanto, la comunidad internacional debe tomar acción rápida para abordar la situación en Cuba, manteniendo un escrutinio intenso sobre la situación de derechos humanos en Cuba, y planteando casos y asuntos de preocupación sobre el gobierno de Cuba en cada oportunidad.
Por el oficial de asuntos públicos de CSW, Ellis Heasley
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