La semana pasada, el Oficial de Defensa de América Latina de CSW detalló la cultura de impunidad que obstaculiza la protección y la promoción de la libertad de religión o de creencias (LdRC) en México. En este post le ponemos una cara humana a los efectos de la respuesta inadecuada del gobierno a las violaciones de LdRC, para mostrar lo que le sucede a las personas cuando las autoridades retrasan o descuidan sus responsabilidades de proteger a las minorías religiosas.
Un caso que ilustra la cultura profundamente arraigada de la impunidad que rodea los ataques a las minorías religiosas en México es el de la comunidad de Yashtinin en el municipio de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas.
Todo comenzó en 2012, cuando varias personas se convirtieron a otra religión diferente a la mayoritaria. Algunos miembros de la comunidad temían que esta nueva religión dañara sus costumbres y tradiciones y afectara negativamente a sus hijos. El 10 de junio de 2012, un grupo numeroso de la comunidad fue a la casa de Santiago Hernández Vázquez, uno de los hombres que se habían convertido. Se llevaron a todos los que se encontraban allí y los metieron en prisión, en medio de insultos, amenazas con violencia; incluso consignas de muerte en el proceso.
Después de encarcelar a 16 hombres y niños en un espacio normalmente destinado a albergar a una sola persona, los maestros locales empleados por el gobierno falsificaron un documento que afirmaba que las familias habían decidido voluntariamente abandonar la comunidad. Las víctimas fueron obligadas a firmarlo y se les dio tres días para irse. Tras la expiración del ultimátum, 12 familias fueron expulsadas después de que los aldeanos destruyeron todas sus casas y propiedades. Para el año 2015, un total de 28 familias habían sido expulsadas de la misma comunidad.
