A pesar de las promesas del Gobierno, la «Paz Total» sigue siendo una utopía en Colombia

El 4 de abril, Maribel Silva, Isaíd Gómez y el tío de este, Carlos Valero, se dirigieron a acudir a una reunioón solicitada por un grupo armado ilegal que opera en el Municipio de Calamar, Departamento de Guaviare, Colombia. Al día siguiente, James Caicedo, Jesús Valero, Maryuri Hernández, Nixon Peñalosa y Óscar García hicieron lo mismo. 

Tras no regresar a sus hogares en el paraje de Agua Bonita, en Pueblo Seco, sus familiares contactaron a representantes del grupo armado ilegal que había emitido las citaciones, pero ellos negaron haberlas emitido. Posteriormente, se advirtió indirectamente a los familiares que debían dejar de buscar a sus seres queridos y «considerar el caso cerrado». 

Así, sus familias quedaron en el limbo, sumidas en la terrible incertidumbre de lo que les habría ocurrido, preguntándose si debían permanecer allí, aferrándose a la esperanza de que sus familiares regresaran a casa, o huir de la región por temor a represalias y por la seguridad y protección de la vida de los hijos y padres de las personas desaparecidas. Esas mismas ocho personas y sus familias se habían reubicado y establecido en Guaviare tras ser desplazadas del Departamento de Arauca debido a la violencia y las graves violaciones a la libertad de religión o de creencias, incluyendo el cierre de iglesias y los ataques contra pastores protestantes, por parte de grupos armados y criminales ilegales durante la última década. 

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Para las autoridades de las cárceles cubanas, el derecho a la libertad de religión o creencias es solo una herramienta de manipulación

Durante décadas es bien sabido que las condiciones en las cárceles de máxima seguridad de Cuba son terribles. Estas condiciones no han hecho más que empeorar en los últimos años, , pues el país entero está hundido en una crisis económica y de infraestructura, agravada por la escasez de alimentos y medicamentos en toda la isla, aunado a los repetidos fallos de la red eléctrica de la  nación, a veces durante días. 
 
Desde 1989, el gobierno cubano ha negado el acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja para supervisar o evaluar las condiciones carcelarias. Los presos se encuentran recluidos en condiciones insalubres, a veces de hacinamiento, en celdas infestadas de mosquitos y chinches. La comida que se les sirve es insípida, plagada de insectos y gusanos, y de bajo valor nutritivo. A pesar de la proliferación de enfermedades, como la tuberculosis, el dengue y los brotes de disentería, en las instalaciones penitenciarias, la atención médica es insuficiente, o incluso nula.

Durante los calurosos y húmedos meses de verano, las temperaturas dentro de las celdas pueden alcanzar niveles peligrosos. Numerosos ex presos políticos han declarado a CSW que el agua a la que tenían acceso,  tanto para beber como para su higiene personal, estaba extremadamente limitada, además de turbia o sucia.  

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Superando la brecha: La importancia de encontrar puntos en común entre los grupos religiosos y las organizaciones seculares de derechos humanos

Los gobiernos opresivos dependen, en parte, de dos factores: la unidad entre quienes los apoyan y las divisiones dentro de las comunidades que no las apoyan. Uno de los mayores desafíos para abordar la libertad de religión o creencias (LdRC) en países donde este derecho se viola con frecuencia, es superar las divisiones entre los diferentes grupos dentro del sector religioso, así como la brecha que a menudo existe entre el sector religioso y las organizaciones seculares de derechos humanos y otras organizaciones independientes de la sociedad civil. 

En general, los grupos religiosos suelen ocupar una posición única dentro de la sociedad civil independiente. Están interconectados y organizados, en distintos grados, con miembros que asisten y participan regularmente en sus actividades. Suelen contar con un espacio físico, donde pueden realizar sus actividades con mínima interferencia externa. Algunos grupos religiosos realizan actividades orientadas al exterior, prestando servicios sociales. En muchos casos, los líderes religiosos no solo ejercen una importante influencia dentro de su respectiva comunidad, sino que también pueden ser percibidos como jueces morales de forma más amplia, incluso por personas que no comparten sus creencias religiosas. 

Los regímenes opresores reconocen el peligro que representa el sector religioso comprometido socialmente y el de aquellos líderes religiosos que se oponen abiertamente al sistema, y que están dispuestos a colaborar estrechamente con la sociedad civil, para generar la defensa de los derechos civiles y políticos. Por lo tanto, las agencias de inteligencia y de seguridad del régimen, fomentan y avivan deliberadamente la división interna de los grupos religiosos, con el objetivo de neutralizar o cooptar a la sociedad civil independiente organizada. 

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El Pastor Rudy Palacios Vargas se atrevió a denunciar las injusticias en Nicaragua. Por ello, ha sido acusado de asesinato y terrorismo. 

En un operativo coordinado la noche del jueves 17 de julio, policías armados —algunos uniformados, otros vestidos de negro o azul y con el rostro cubierto— llegaron simultáneamente a la casa del Pastor Rudy Palacios Vargas y las casas de sus amigos y familiares en el municipio de Jinotepe, departamento de Carazo, Nicaragua.   

La policía, que no mostró ninguna orden de arresto, derribó las puertas de cada casa con las culatas de sus rifles y con una herramienta llamada “pata de cerdo”.  De inmediato arrestaron al Pastor Palacios Vargas, a su hermana Jéssica Palacios Vargas y sus cuñados Pedro José López y Armando José Bermúdez Mojica. También fueron arrestados Mauricio Alonso Petri, activista político y amigo del pastor, y su hijo adulto del mismo nombre, quien forma parte del grupo de alabanza de la iglesia del Pastor Palacios Vargas. Olga María Lara Rojas, cristiana protestante, no miembro de la iglesia del pastor Palacios Vargas, pero amiga de la familia y exconsejera política, también fue detenida en su domicilio. 

 Los agentes confiscaron los teléfonos celulares y otros dispositivos eléctricos de los detenidos y, según se informó, los llevaron al Tercer Distrito Policial, aunque inicialmente las autoridades se negaron a proporcionar a sus familiares información sobre su paradero. 

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Donde la justicia falla: Cómo las culturas de impunidad conducen al desplazamiento forzado en India y México

El 11 de junio, las familias y seres queridos de Neelkant y Pushpa Verma se reunieron para lo que debería haber sido un día de celebración. La joven pareja cristiana debía casarse en Raipur, en el estado indio de Chhattisgarh, sin duda todos estaban llenos de emoción por lo que debería haber sido uno de los días más felices de sus vidas y por toda la alegría que les esperaba en los años venideros. 

Pero esta emoción se vio truncada cuando tres mienbros de su comunidad de alrededor de veintite años de edad irrumpieron en el lugar de la boda, cortando el suministro eléctrico y declarando que los cristianos no podían celebrar bodas en el pueblo. Cuando la familia de Neelkant intentó contactar con la compañía eléctrica, más de 30 residentes se congregaron frente al lugar, destrozando los vehículos de los invitados e incendiando el edificio. 

La turba comenzó a insultar a las mujeres y a rasgar algunos de sus saris [prenda tradicional india]. Cuando los hijos de las mujeres intentaron defender a sus madres, fueron apedreados y obligados a refugiarse en una casa cercana. Una vez dentro, llamaron a la policía, que llegó rápidamente y los escoltó a un lugar seguro, logrando dispersar a los atacantes. 

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