«Nos desalojaron por primera vez en el año 2007. Los del Gobierno irrumpieron en nuestra casa [y] nos echaron a la calle – tomaron todo lo que nos pertenecía y lo arrojaron a la calle. Nos quedamos sin hogar. Al mismo tiempo, el Gobierno demolió nuestro templo, nuestra Iglesia Emanuel. Destruyeron el suelo y se lo llevaron. Dejaron todo el lugar en ruinas. Confiscaron nuestro terreno. Esta fue la primera agresión de esa escala. Destruyeron y tomaron todo lo que nos pertenecía, nuestras posesiones familiares, nuestro equipo de sonido e instrumentos musicales. Todo lo que la iglesia tenía nos fue arrebatado a la fuerza, se llevaron todos nuestros aparatos tecnológicos. La iglesia fue despojada de su terreno, su propiedad y posesiones, se quedó sin un templo y nosotros nos quedamos en la calle sin hogar».
Menos de diez años después, la iglesia Emanuel en Santiago de Cuba fue sometida a un segundo gran ataque. A las cinco de la madrugada del cinco de febrero de 2016, militares, agentes de seguridad del Estado y agentes policiales rodearon la propiedad donde la iglesia estaba ubicada y donde la familia Toledano vivía. El pastor Toledano se encontraba en el extranjero en ese momento, pero su esposa fue llevada bajo custodia por las autoridades gubernamentales y la mantuvieron incomunicada durante el tiempo que duró la demolición —desde las cinco de la mañana hasta las siete de la tarde— También fueron detenidos alrededor de 40 miembros, y la iglesia junto con la casa fueron demolidas.
Estos incidentes —las demoliciones de noviembre de 2007 y de febrero de 2016— constituyen dos hilos sombríos del gran entramado perturbador de avasallamientos por parte de las autoridades cubanas hacia el pastor Toledano, que han continuado a lo largo de dos décadas. Más de seis años después de la segunda demolición que sufrió la iglesia, los ataques hacia el pastor Toledano, su iglesia y su derecho como congregación a un templo continuaron acrecentándose.
Samuel[1] es un profesor y abogado nicaragüense que se vio obligado a abandonar su país en abril de 2019 después de haber sido detenido repetidamente en represalia por su reportaje sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales.
Para la última entrega en nuestra serie ‘Viviendo en el exilio’, CSW habló con Samuel para aprender su historia.
¿Quién eres?
“Soy Nicaragüense del Departamento de Chontales. Soy pedagogo y abogado. Ahora estoy en Panamá exiliado en calidad de Refugiado en Trámite, desde el 16 de abril del 2019 a través de la Orden Ejecutiva N. 5 de Protección a Solicitantes de Refugio del Gobierno de Panamá, mediante la Organismo Nacional de Protección y Atención a Refugiados (ONPAR).
Ningún derecho humano fundamental existe aisladamente. Hay superposiciones y enlaces significativos entre todos los derechos humanos, por ejemplo, los relacionados con la libertad de religión o creencia (LdRC), la libertad de expresión, y la libertad de asamblea. Estos tres derechos se ubican juntos en los Artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante el año pasado, y sobre todo en meses recientes, estos derechos relacionados entre sí han sido crecientemente atacados en Cuba, durante manifestaciones pacíficas de miembros de la sociedad civil independiente, como artistas y periodistas que además se identifican con una religión o creencia en particular. Estos grupos se mantiene protestando de diferentes maneras hasta el día de hoy, solicitando reformas legales y políticas, sobre todo en contra del Decreto Legal 370 y el Decreto Legal 349.
El Decreto Legal 349 entró en vigor en el 2018 y otorgó al gobierno control extensivo sobre toda forma de expresión artística en la isla, especificando incluso que cualquier actividad artística tendrá que ser aprobado por adelantado por el Ministerio de Cultura. Inmediatamente, muchos ciudadanos cubanos expresaron preocupaciones por que la ley esencialmente apagaría la libertad de expresión en Cuba, si solamente se permitiera la existencia del arte que haya sido aprobado por el gobierno. En el mismo año un grupo de artistas, periodistas y académicos se unieron para formar el Movimiento San Isidro para protestar de manera pacífica y creativa ante la censura oficial de la expresión artística en la isla.
María Antonieta Colunga Olivera es periodista, la madre de Caleb y la esposa de Yoel Suárez, también periodista y activista por la defensa de la libertad religiosa. Ambos se conocieron cuando ella trabajaba como editora y periodista para la revista cubana El Caimán Barbudo.
Ahora trabaja como comunicadora en la oficina nacional de Cáritas Cuba, una institución de ayuda humanitaria de la iglesia católica. Su esposo ha escrito ampliamente sobre los derechos humanos y la libertad de religión o creencia, y como resultado de su trabajo, ha sido objeto de hostigamiento regular por parte de las autoridades cubanas.
CSW platicó con María Antonieta para escuchar su testimonio y destacar su experiencia.
“Las horas más largas de mi vida”
El marido de María Antonieta fue citado a la estación de policía de Siboney en La Habana por la primera vez en el 5 de febrero de 2020. Allí, fue interrogado durante tres horas por un agente de seguridad del estado que le informó que sería prohibido de viajar del país.
En 2020 la pandemia de COVID-19 hacía que la mayoría de los países del mundo se suspendiera al menos algunas actividades religiosas comunales. Cuba no fue una excepción. Para varios meses, grupos religiosos no podía reunir en espacios públicos o en los casa-cultos, y el movimiento de protesta Damas de Blanco suspendió sus marchas semanales después de la Misa Dominical.
Estas restricciones sobre algunos aspectos del derecho a la libertad de religión o creencia (LdRC) son permitidas bajo el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), siempre que sean “prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.” Sin embargo, lo que es particularmente preocupante en el caso de Cuba es que, todavía con las limitaciones severas en las actividades permitidas de grupos religiosos, las autoridades continuaban con violaciones rutinarias y sistémicas de LdRC dirigidas a tales grupos.
La situación continua crítica, y detectamos nuevas formas de hostigamiento sin precedentes
Elúltimo informe de CSW sobre la situación de LdRC en la isla halla que “a pesar del malestar social y la crisis económica durante una pandemia global sin precedente, el gobierno continúa atacando a los miembros del sector religioso y abusando los derechos humanos.”
En general, ejemplos de violaciones documentadas en 2020 son de acuerdo con los años previos: los líderes y adeptos religiosos, al igual que los que trabajan para defender LdRC, hacen frente a las amenazas regulares, el acoso, la intimidación, e incluso la detención arbitraria. Las propiedades de la iglesia están sujetas al vandalismo, las amenazas de cierre forzado y la demolición.
En un caso particularmente atroz el 30 octubre, las autoridades incumplieron en meses de negociaciones y demolieron una iglesia de las Asambleas de Dios en el distrito Abel Santamaría en Santiago de Cuba. La iglesia ha estado bajo amenaza desde 2015, y posteriormente las autoridades intentaban resionar al pastor de la iglesia, Faustino (Fausto) Palomo Cabrera, a firmar un acuerdo que decía que la demolición era legal.
La demolición de la iglesia de Abel Santamaría. Crédito: Adis Galán Leyva/Facebook
Una herramienta de represión nueva
Otra cuestión preocupante es que la pandemia no fue un impedimento parar la represión severa de LdRC del Partido Comunista de Cuba (PCC), sino que en algunos casos produjo otra herramienta que el gobierno podía explotar para legitimar sus acciones.
En una instancia, las autoridades detuvieron a un líder de una iglesia después de que su congregación celebró un servicio religioso en cumplimiento con las reglas para los servicios religiosos establecidas por el gobierno. El gobierno falsamente alegó que la reunión había excedido el número de personas permitidas en un servicio religioso, y posteriormente el pastor fue llevado a una prisión de máxima seguridad donde estuvo retenido porcinco días.
Los oficiales de seguridad del estado acusaban el líder de la iglesia de la ‘propagación de la epidemia’ y le amenazaron con una pena de cárcel de ocho años por pastorear una iglesia ‘ilegal.’ El pastor se negó a declararse culpable y fue juzgado el quinto día de su detención, y en ese momento un juez ordenó su liberación, pero emitió una multa arbitraria de 2,000 pesos cubanos (aproximadamente 75 USD.)
El gobierno también tomó medidas contra las iglesias que intentaran ayudar a la población. . Varias iglesias habían dedicado ministerios para la distribución de la comida y otras necesidades escasas entre sus comunidades, especialmente a adultos mayores en el grupo de alto riesgo por el COVID-19. La iniciativa se fue enfrentado con oposición intensa del gobierno; tenemos informes de suministros de alimentos confiscados y de los oficiales de aduanas bloqueando la ayuda humanitaria enviada de grupos religiosos extranjeros para distribución a través de grupos cristianos en la isla.
No se puede prever el fin
Es claro que la pandemia de COVID-19 no ha proporcionado un respiro para los grupos religiosos por todo Cuba quienes han sufrido por mucho tiempo a manos del gobierno el cual trata de imponer la fidelidad total al estado y sus ideales. En lugar de eso el coronavirus ha exasperado una situación ya inestable en la isla. Por un lado, hay ciudadanos ordinarios sufriendo de la escasez crónica de la comida, la medicina y los suministros de higiene, y por la otra sufren de violaciones graves de derechos humanos.
El informe nuevo muestra el compromiso serio del CCP en mantener sus políticas represivas de derechos humanos, y no hay razón de creer que el fin potencial de la crisis del coronavirus traerá ningunas mejoras significantes en las vidas de los ciudadanos cubanos. Por lo tanto, la comunidad internacional debe tomar acción rápida para abordar la situación en Cuba, manteniendo un escrutinio intenso sobre la situación de derechos humanos en Cuba, y planteando casos y asuntos de preocupación sobre el gobierno de Cuba en cada oportunidad.
Por el oficial de asuntos públicos de CSW, Ellis Heasley
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