A pesar de las promesas del Gobierno, la «Paz Total» sigue siendo una utopía en Colombia

El 4 de abril, Maribel Silva, Isaíd Gómez y el tío de este, Carlos Valero, se dirigieron a acudir a una reunioón solicitada por un grupo armado ilegal que opera en el Municipio de Calamar, Departamento de Guaviare, Colombia. Al día siguiente, James Caicedo, Jesús Valero, Maryuri Hernández, Nixon Peñalosa y Óscar García hicieron lo mismo. 

Tras no regresar a sus hogares en el paraje de Agua Bonita, en Pueblo Seco, sus familiares contactaron a representantes del grupo armado ilegal que había emitido las citaciones, pero ellos negaron haberlas emitido. Posteriormente, se advirtió indirectamente a los familiares que debían dejar de buscar a sus seres queridos y «considerar el caso cerrado». 

Así, sus familias quedaron en el limbo, sumidas en la terrible incertidumbre de lo que les habría ocurrido, preguntándose si debían permanecer allí, aferrándose a la esperanza de que sus familiares regresaran a casa, o huir de la región por temor a represalias y por la seguridad y protección de la vida de los hijos y padres de las personas desaparecidas. Esas mismas ocho personas y sus familias se habían reubicado y establecido en Guaviare tras ser desplazadas del Departamento de Arauca debido a la violencia y las graves violaciones a la libertad de religión o de creencias, incluyendo el cierre de iglesias y los ataques contra pastores protestantes, por parte de grupos armados y criminales ilegales durante la última década. 

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Superando la brecha: La importancia de encontrar puntos en común entre los grupos religiosos y las organizaciones seculares de derechos humanos

Los gobiernos opresivos dependen, en parte, de dos factores: la unidad entre quienes los apoyan y las divisiones dentro de las comunidades que no las apoyan. Uno de los mayores desafíos para abordar la libertad de religión o creencias (LdRC) en países donde este derecho se viola con frecuencia, es superar las divisiones entre los diferentes grupos dentro del sector religioso, así como la brecha que a menudo existe entre el sector religioso y las organizaciones seculares de derechos humanos y otras organizaciones independientes de la sociedad civil. 

En general, los grupos religiosos suelen ocupar una posición única dentro de la sociedad civil independiente. Están interconectados y organizados, en distintos grados, con miembros que asisten y participan regularmente en sus actividades. Suelen contar con un espacio físico, donde pueden realizar sus actividades con mínima interferencia externa. Algunos grupos religiosos realizan actividades orientadas al exterior, prestando servicios sociales. En muchos casos, los líderes religiosos no solo ejercen una importante influencia dentro de su respectiva comunidad, sino que también pueden ser percibidos como jueces morales de forma más amplia, incluso por personas que no comparten sus creencias religiosas. 

Los regímenes opresores reconocen el peligro que representa el sector religioso comprometido socialmente y el de aquellos líderes religiosos que se oponen abiertamente al sistema, y que están dispuestos a colaborar estrechamente con la sociedad civil, para generar la defensa de los derechos civiles y políticos. Por lo tanto, las agencias de inteligencia y de seguridad del régimen, fomentan y avivan deliberadamente la división interna de los grupos religiosos, con el objetivo de neutralizar o cooptar a la sociedad civil independiente organizada. 

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‘Salimos a la calle con miedo’: tras el asesinato de dos pastores, los cristianos del norte de Colombia ya no se sienten seguros

Muchos cristianos de la zona centro-norte de Colombia, que abarca las regiones vecinas de Magdalena y Cesar, están nerviosos tras el asesinato de dos líderes religiosos en el espacio de solo dos semanas. El 29 de diciembre, una familia entera de cuatro personas, el pastor Marlon Lora, su esposa Yurlay y sus hijos adultos Ángela y Santiago, fue asesinada a tiros tras un servicio religioso dominical por la mañana en la Iglesia Bíblica Misionera en el barrio de Villa Paraguay de Aguachica, departamento de Cesar.

En la tarde del 8 de enero, Iván García, un líder religioso de 28 años esposo de una pastora, falleció tras recibir seis disparos, tras salir de un servicio religioso. En ambos casos, los asesinatos fueron llevados a cabo por sicarios enmascarados que iban en motocicletas.

El Sr Ivan García fue seguido por los sicarios cuando caminaba hacia su casa por un camino rural oscuro con su hijastra de 14 años y otras seis personas después de una celebración espiritual en la Iglesia Visión Cristiana del Pueblo de Dios, donde su esposa, la Pastora Karen Nierles, había sido invitada a dirigir un estudio bíblico. La pastora Nierles dirige la Iglesia Nuevo Renacimiento en Cristo en la comunidad de Garital, en la Zona de Cultivo de Banano, en Magdalena. Según los testigos, después de recibir el disparo, el joven predicador cayó de rodillas y levantó las manos en agradecimiento a Dios. Los sicarios se marcharon del lugar sin decir palabra.

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Siete años después del acuerdo de paz en Colombia, la violencia contra el sector religioso persiste

El 30 de noviembre de 2016, el Congreso colombiano ratificó un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), un grupo guerrillero marxista-leninista.

Se esperaba que el acuerdo marcara el comienzo del fin del complejo conflicto interno que ha afectado a Colombia desde 1958, involucrando a múltiples grupos armados ilegales de izquierda y derecha, grupos criminales y fuerzas gubernamentales. Sin embargo, siete años después, la paz sigue siendo esquiva; la violencia persiste.

Promesas incumplidas

Inicialmente, parecía que las cosas mejoraban; de 2016 a 2017, la violencia relacionada con la libertad de religión o creencia (FoRB, por sus siglas en inglés) parecía disminuir. Sin embargo, desde 2018 hasta 2022 y especialmente desde 2019, los números han vuelto a aumentar.

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Graffiti in Colombia reads 'Viva el ejercito del pueblo FARC' i.e. 'Long live the army of the people, FARC'

Colombia debe finalmente enfrentarse al elemento religioso de su conflicto interno que lleva décadas

En Colombia la oscuridad llega rápidamente debido a su proximidad al ecuador, y no fue diferente el jueves 5 de julio de 2007.  Esa noche, Joel Cruz García, un pastor de 27 años, escuchó golpes en la puerta principal de la pequeña casa que compartía con su esposa Yuvy y su hija de nueve meses, en el pueblo de El Dorado en el departamento de Huila. Cuando el pastor abrió la puerta, se encontró con un grupo de individuos fuertemente armados y vestidos con el uniforme de la Brigada 17 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, quienes le exigieron que los acompañara.

Al pastor no se le dio otra opción, y su esposa contó más tarde cómo, incluso cuando los guerrilleros lo maltrataban y le ridiculizaban por su fe, Joel les citó un versículo de la Biblia que decía: “Vivir es Cristo y morir es ganancia”.

“Bien”, respondieron los guerrilleros. “Entonces morirás”.

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