Superando la brecha: La importancia de encontrar puntos en común entre los grupos religiosos y las organizaciones seculares de derechos humanos

Los gobiernos opresivos dependen, en parte, de dos factores: la unidad entre quienes los apoyan y las divisiones dentro de las comunidades que no las apoyan. Uno de los mayores desafíos para abordar la libertad de religión o creencias (LdRC) en países donde este derecho se viola con frecuencia, es superar las divisiones entre los diferentes grupos dentro del sector religioso, así como la brecha que a menudo existe entre el sector religioso y las organizaciones seculares de derechos humanos y otras organizaciones independientes de la sociedad civil. 

En general, los grupos religiosos suelen ocupar una posición única dentro de la sociedad civil independiente. Están interconectados y organizados, en distintos grados, con miembros que asisten y participan regularmente en sus actividades. Suelen contar con un espacio físico, donde pueden realizar sus actividades con mínima interferencia externa. Algunos grupos religiosos realizan actividades orientadas al exterior, prestando servicios sociales. En muchos casos, los líderes religiosos no solo ejercen una importante influencia dentro de su respectiva comunidad, sino que también pueden ser percibidos como jueces morales de forma más amplia, incluso por personas que no comparten sus creencias religiosas. 

Los regímenes opresores reconocen el peligro que representa el sector religioso comprometido socialmente y el de aquellos líderes religiosos que se oponen abiertamente al sistema, y que están dispuestos a colaborar estrechamente con la sociedad civil, para generar la defensa de los derechos civiles y políticos. Por lo tanto, las agencias de inteligencia y de seguridad del régimen, fomentan y avivan deliberadamente la división interna de los grupos religiosos, con el objetivo de neutralizar o cooptar a la sociedad civil independiente organizada. 

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El Pastor Rudy Palacios Vargas se atrevió a denunciar las injusticias en Nicaragua. Por ello, ha sido acusado de asesinato y terrorismo. 

En un operativo coordinado la noche del jueves 17 de julio, policías armados —algunos uniformados, otros vestidos de negro o azul y con el rostro cubierto— llegaron simultáneamente a la casa del Pastor Rudy Palacios Vargas y las casas de sus amigos y familiares en el municipio de Jinotepe, departamento de Carazo, Nicaragua.   

La policía, que no mostró ninguna orden de arresto, derribó las puertas de cada casa con las culatas de sus rifles y con una herramienta llamada “pata de cerdo”.  De inmediato arrestaron al Pastor Palacios Vargas, a su hermana Jéssica Palacios Vargas y sus cuñados Pedro José López y Armando José Bermúdez Mojica. También fueron arrestados Mauricio Alonso Petri, activista político y amigo del pastor, y su hijo adulto del mismo nombre, quien forma parte del grupo de alabanza de la iglesia del Pastor Palacios Vargas. Olga María Lara Rojas, cristiana protestante, no miembro de la iglesia del pastor Palacios Vargas, pero amiga de la familia y exconsejera política, también fue detenida en su domicilio. 

 Los agentes confiscaron los teléfonos celulares y otros dispositivos eléctricos de los detenidos y, según se informó, los llevaron al Tercer Distrito Policial, aunque inicialmente las autoridades se negaron a proporcionar a sus familiares información sobre su paradero. 

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Por más que lo intente, el gobierno de Nicaragua no puede hacer desaparecer la evidencia de sus violaciones a los derechos humanos

El 24 de febrero, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) publicó su último reporte ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH).  

El GHREN, encargado de realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, centró su informe en las instituciones y personas responsables de las violaciones en Nicaragua, con un anexo de diez diagramas funcionales “que ilustran las conexiones de iure y de facto entre diferentes entidades estatales y no estatales.” El informe también llamó la atención sobre la estrategia de cuatro fases del régimen de Ortega y Murillo, diseñada para obtener el control absoluto del país, y sobre cómo las recientes reformas constitucionales del régimen otorgan una autoridad ejecutiva sin control.  

Las conclusiones del informe del GHREN se sustentan en más de 1500 entrevistas y 7500 documentos, así como en informes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que han documentado de forma consistente e independiente las violaciones de derechos humanos. CSW, por ejemplo, documentó 222 casos separados que implicaban violaciones de la libertad de religión o creencias (LdRC) en 2024, la mayoría de los cuales implicaban múltiples violaciones y algunos afectaban a miles de personas.

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El pastor Efrén Antonio Vílchez López es una de las cientos de voces independientes que el gobierno nicaragüense se apresura a silenciar. 

El 15 de mayo de 2022, el pastor evangélico-protestante Efrén Antonio Vílchez López fue golpeado y detenido al salir de la funeraria donde trabajaba en San Rafael del Sur, municipio a 50 km al suroeste de la Capital Managua.  

No se le informó de los cargos que se le imputaban, y su familia no supo su paradero durante tres días. Permaneció recluido en la Comisaría de la Policía Nacional de San Rafael del Sur durante más de dos semanas y luego fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”. 

Durante su detención, las autoridades no le proporcionaron al pastor Vílchez López, quien padece diabetes e hipertensión, la insulina diaria que necesitaba, lo que puso en peligro su vida y lo obligó a ser trasladado a una clínica para recibir urgentemente tratamiento médico. 

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¿Dónde están? Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda son prisioneras de un régimen que solo busca su propia supervivencia

A las 6 de la mañana del 10 de agosto de 2024, quince agentes de policía con pasamontañas portando rifles AK-47 arrestaron a Carmen María Sáenz Martínez, de 49 años, en su casa en Lomas de Santo Tomás en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua. 

Dos horas después, la policía en dos patrullas detuvo a la colega de Carmen, Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, de 58 años, en la Finca Guadalupana en Samulalí en el Municipio de San Ramón. 

Ambas mujeres trabajaban con la Diócesis Católica Romana de Matagalpa, anteriormente dirigida por el ahora exiliado obispo Rolando José Álvarez Lagos, quien pasó casi un año y medio en prisión antes de ser expulsado del país hacia al Vaticano en enero de 2024. Lesbia había trabajado con el proyecto de crédito rural y urbano de la diócesis desde 2006, y Carmen como promotora de justicia en casos de anulación de matrimonios, desde 2018. 

Desde los arrestos, sus familias no han sabido nada de ellas.  

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