On Easter Sunday 2019, suicide bombers launched a series of coordinated attacks on churches and hotels across Sri Lanka. Over 250 people were killed, and some 500 more were injured.
The attacks destabilised already tense ethno-religious relations in the country, with intolerance and violence towards Muslims particularly increasing in their wake.
Today, CSW remembers all those who lost their lives to these senseless killings. We stand with those who continue to mourn the loss of their friends, fathers, mothers, brothers, sisters and loved ones. We also remember those for whom the road to recovery in the two years since has been long and arduous, some of whose stories are shared below. Their names have been changed for security reasons.
En 2020 la pandemia de COVID-19 hacía que la mayoría de los países del mundo se suspendiera al menos algunas actividades religiosas comunales. Cuba no fue una excepción. Para varios meses, grupos religiosos no podía reunir en espacios públicos o en los casa-cultos, y el movimiento de protesta Damas de Blanco suspendió sus marchas semanales después de la Misa Dominical.
Estas restricciones sobre algunos aspectos del derecho a la libertad de religión o creencia (LdRC) son permitidas bajo el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), siempre que sean “prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.” Sin embargo, lo que es particularmente preocupante en el caso de Cuba es que, todavía con las limitaciones severas en las actividades permitidas de grupos religiosos, las autoridades continuaban con violaciones rutinarias y sistémicas de LdRC dirigidas a tales grupos.
La situación continua crítica, y detectamos nuevas formas de hostigamiento sin precedentes
Elúltimo informe de CSW sobre la situación de LdRC en la isla halla que “a pesar del malestar social y la crisis económica durante una pandemia global sin precedente, el gobierno continúa atacando a los miembros del sector religioso y abusando los derechos humanos.”
En general, ejemplos de violaciones documentadas en 2020 son de acuerdo con los años previos: los líderes y adeptos religiosos, al igual que los que trabajan para defender LdRC, hacen frente a las amenazas regulares, el acoso, la intimidación, e incluso la detención arbitraria. Las propiedades de la iglesia están sujetas al vandalismo, las amenazas de cierre forzado y la demolición.
En un caso particularmente atroz el 30 octubre, las autoridades incumplieron en meses de negociaciones y demolieron una iglesia de las Asambleas de Dios en el distrito Abel Santamaría en Santiago de Cuba. La iglesia ha estado bajo amenaza desde 2015, y posteriormente las autoridades intentaban resionar al pastor de la iglesia, Faustino (Fausto) Palomo Cabrera, a firmar un acuerdo que decía que la demolición era legal.
La demolición de la iglesia de Abel Santamaría. Crédito: Adis Galán Leyva/Facebook
Una herramienta de represión nueva
Otra cuestión preocupante es que la pandemia no fue un impedimento parar la represión severa de LdRC del Partido Comunista de Cuba (PCC), sino que en algunos casos produjo otra herramienta que el gobierno podía explotar para legitimar sus acciones.
En una instancia, las autoridades detuvieron a un líder de una iglesia después de que su congregación celebró un servicio religioso en cumplimiento con las reglas para los servicios religiosos establecidas por el gobierno. El gobierno falsamente alegó que la reunión había excedido el número de personas permitidas en un servicio religioso, y posteriormente el pastor fue llevado a una prisión de máxima seguridad donde estuvo retenido porcinco días.
Los oficiales de seguridad del estado acusaban el líder de la iglesia de la ‘propagación de la epidemia’ y le amenazaron con una pena de cárcel de ocho años por pastorear una iglesia ‘ilegal.’ El pastor se negó a declararse culpable y fue juzgado el quinto día de su detención, y en ese momento un juez ordenó su liberación, pero emitió una multa arbitraria de 2,000 pesos cubanos (aproximadamente 75 USD.)
El gobierno también tomó medidas contra las iglesias que intentaran ayudar a la población. . Varias iglesias habían dedicado ministerios para la distribución de la comida y otras necesidades escasas entre sus comunidades, especialmente a adultos mayores en el grupo de alto riesgo por el COVID-19. La iniciativa se fue enfrentado con oposición intensa del gobierno; tenemos informes de suministros de alimentos confiscados y de los oficiales de aduanas bloqueando la ayuda humanitaria enviada de grupos religiosos extranjeros para distribución a través de grupos cristianos en la isla.
No se puede prever el fin
Es claro que la pandemia de COVID-19 no ha proporcionado un respiro para los grupos religiosos por todo Cuba quienes han sufrido por mucho tiempo a manos del gobierno el cual trata de imponer la fidelidad total al estado y sus ideales. En lugar de eso el coronavirus ha exasperado una situación ya inestable en la isla. Por un lado, hay ciudadanos ordinarios sufriendo de la escasez crónica de la comida, la medicina y los suministros de higiene, y por la otra sufren de violaciones graves de derechos humanos.
El informe nuevo muestra el compromiso serio del CCP en mantener sus políticas represivas de derechos humanos, y no hay razón de creer que el fin potencial de la crisis del coronavirus traerá ningunas mejoras significantes en las vidas de los ciudadanos cubanos. Por lo tanto, la comunidad internacional debe tomar acción rápida para abordar la situación en Cuba, manteniendo un escrutinio intenso sobre la situación de derechos humanos en Cuba, y planteando casos y asuntos de preocupación sobre el gobierno de Cuba en cada oportunidad.
Por el oficial de asuntos públicos de CSW, Ellis Heasley
La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MOAN) connait un déclin significatif de la diversité religieuse depuis ces dernières années. Si les anciennes communautés chrétiennes ont régulièrement souffert par le passé, aucun groupe religieux n’est cependant épargné par la tragédie actuelle ; les ahmadis, les bahaïs, les juifs, les yazidis et les zoroastriens ont tous été touchés, ainsi que les musulmans chiites et sunnites. Pour de multiples raisons, dans plusieurs pays de la région, des communautés minoritaires ayant des racines profondes remontant à plusieurs générations sont contraintes de quitter leurs terres ancestrales.
Irak et Syrie: Un cycle de violences sans fin
Depuis 2003, le nombre de chrétiens et de yazidis en Irak a considérablement diminué. Des milliers d’entre eux ont été tués et des centaines de milliers ont émigré à cause du terrorisme et de la violence sectaire. Ils ne reviendront jamais.
En 2014, l’État islamique (EI) a conquis Mossoul et les plaines de Ninive. Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants non sunnites ont été tués ou réduits en esclavage. Une étude, réalisée par la Public Library of Science, estime que 3 100 yazidis ont été tués en quelques jours après l’attaque de 2014. Au cours des années suivantes, des dizaines de milliers de chrétiens irakiens ont émigré vers les pays voisins ; le nombre des chrétiens restant en Irak est aujourd’hui estimé à 250 000 contre 2,5 millions avant l’invasion de 2003.
Il y a des signes inquiétants qui indiquent que des atrocités sont commises au Tigré, où les civils sont les principales victimes du conflit opposant les armées d’Ethiopie, d’Erythrée, de Somalie et d’une milice alliée de l’ethnie Amhara aux forces de l’ancienne administration régionale.
Par une tragique ironie, le gouvernement d’Ethiopie, l’une des premières nations à avoir signé la Convention sur le génocide de 1948, est actuellement accusé d’avoir permis et participé à des violences qui pourraient être assimilées à un génocide et à des crimes contre l’humanité.
Tout aussi ironique est le fait que l’avenir d’un prix Nobel qui professe le christianisme évangélique, est désormais inextricablement lié à celui du dirigeant dont le régime est réputé avoir commis des crimes contre l’humanité, y compris le crime de persécution religieuse qui vise en grande partie les chrétiens évangéliques érythréens.
Pour le dirigeant érythréen, Isais Afewerki, la guerre contre le Tigré est l’accomplissement d’une vendetta de longue date contre le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). Il a efficacement rallié à sa cause les dirigeants de l’Éthiopie et de la Somalie, aidé dans cette entreprise par l’antipathie que nourrit le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à l’égard des dirigeants du Tigré et par ses ambitions de centralisation du pouvoir.
On 3 March the China-focused information platform SupChina published translated extracts from a 16-hour discussion in a “room” on the app Clubhouse called “Is there a concentration camp in Xinjiang?” The room attracted an incredible 4,000 participants, but the truly remarkable thing about the conversation was that it brought together Uyghurs and Han Chinese people – both inside and outside China – in a space momentarily beyond government restrictions.
Reliable information about what is happening to the Uyghurs is heavily censored in China; the only news about the Xinjiang Uyghur Autonomous Region is from state media, which paints Uyghurs as either potential terrorists or grateful recipients of the government’s “re-education” programme.
Before it was banned, Clubhouse briefly provided a brand-new channel for open discussion of one of the most sensitive issues in China today. SupChina described the conversation as “historic,” and it was; historic, moving, tragic and illuminating.
